La Red Plural de Mujeres, exige a la Legislatura del Estado que reponga el procedimiento para elegir la titularidad de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).

En conferencia de prensa, informaron que no aceptan el argumento para dejar fuera a su compañera Ana Hilda Rivera Vázquez de la quinteta final de 13 personas inscritas, porque, “actualmente Consejera Estatal, ya que no hay impedimento legal para tal situación. En razón de ello, su argumento, pero sobre todo su acción se configura en un acto discriminatorio y de segregación selectiva, pues al señalar textualmente que se detectó que alguno de los aspirantes desempeña el cargo de Consejero en la propia Comisión de Derechos Humanos”.

Esa circunstancia, aducen en un documento, le permite defender y promover los derechos humanos, además de participar directamente en la toma de las decisiones fundamentales dentro de la institución y por ende se determinó que el nombramiento legislativo de consejera debe continuar”, se olvidaron de tres cuestiones fundamentales:

Primero, la prohibición de ser consejera y contender no existe en la Ley ni en la convocatoria, por lo que se le está discriminando de manera evidente.

Segundo, el argumento de que desde su espacio actual puede seguir aportando a los derechos humanos se puede aplicar a José Manuel Contreras Santoyo, María de la Luz Domínguez Campos, Catarino Martínez Díaz y Samuel Montoya Álvarez, por lo que nos preguntamos ¿por qué no los dejaron a ellos a seguir incidiendo desde sus espacios de toma de decisiones en favor de los derechos humanos?, lo cual configura entonces una segregación selectiva y.

Tercero, aclaran no es el mismo grado de incidencia y toma de decisiones fundamentales siendo Consejera, que siendo Presidenta; ese mismo argumento fue utilizado por el Ministro.

Les parece un contrasentido, que el nombramiento de quien encabezará los esfuerzos al frente de la CDHEZ esté plagado de irregularidades que los lleven a nombrar por consigna a alguien dependiente del actual gobierno del estado, pues diversos integrantes de la quinteta, son funcionarias y funcionarios gubernamentales a quienes no les conocemos actividad en la promoción y defensa de los derechos humanos separada de su cargo público.

Exigen respeto a la división de poderes y sobre todo de los poderes a los ordenamientos legales que los rigen, pero sobre todo a los que protegen a la población.

Exigieron a la Legislatura la reposición del procedimiento, a través de que el dictamen regrese a las Comisiones Unidas para que se revise a profundidad los perfiles de las 13 personas postulantes y se haga público el resultado obtenido por cada una de ellas en las diversas etapas de que consta el procedimiento, para que no haya lugar a dudas y confusión sobre quienes deben integrar la terna y eventualmente recibir nombramiento para la Presidencia de la Comisión.