Por Gabriela García

Con la premisa de que “el pueblo pone y el pueblo quita”, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sigue empeñado en llevar adelante la revocación de mandato, este ejercicio que se pretende como democrático al evaluar el desempeño de su gobierno a la mitad del sexenio.

Para que tenga validez se requiere que esté de acuerdo el 3% de ciudadanos de la lista nominal de electores siendo reglamentado en el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional, donde se indica que las firmas deben recolectarse a lo largo de dos meses para posteriormente presentarlas ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Posteriormente, si los requisitos se cumplen se debe lanzar la convocatoria dentro de los siguientes 20 días y posteriormente llevar a cabo la jornada de votación en los siguientes dos meses una vez expedida dicha convocatoria.

Y con este interés fue que se llevó a cabo esta primera etapa del 1 de noviembre al 15 de diciembre de 2021 juntando así el 3% de firmas requeridas en todo el país. Al respecto René Miranda Jaimes, director del Registro Federal de Electores, informó que el Instituto validó 2 millones 845 mil 634 firmas, poco más del cien por ciento de la meta necesaria, equivalente a 2 millones 758,227 apoyos de la Lista Nominal, con un 103.17%.

Sin embargo fueron detectadas inconsistencias muy considerables en cerca de 800 mil registros, donde la mayoría tiene que ver con temas de duplicidad de documentos, además se encontraron más de 12 mil 800 apoyos con credenciales de personas fallecidas y más de 88 mil 630 fotos que no se veían con claridad o tenían como imagen algún objeto por lo que son rechazadas como elementos válidos.

Otro de los problemas para que se logre un ejercicio a cabalidad, transparente y que de confianza en el pueblo de México tiene que ver con los recursos económicos que se requieren por parte del INE que solicitó, sólo para consultas, 5 mil 743 millones 573 mil 800 pesos, pero la Cámara de Diputados, lejos de acceder a esta solicitud, acordó un recorte al INE de 4 mil 913 millones de pesos, esta decisión fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante una controversia constitucional, cuya resolución es uno de los motivos de la posposición de la consulta.

Luego de la presión oficial y de un sector de mexicanos que han sido inducidos a la exigencia, el INE ha hecho una reestructuración y prevé ahorros, pero aún le faltan mil 738 millones 988 mil pesos para la consulta. Ante esto solo le quedan dos posibilidades: que el Gobierno otorgue el dinero faltante, es decir los mil 738 millones 988 mil pesos o que se reduzca el número de casillas de la consulta, que es lo que consume la mayor cantidad de recursos.

Ante esta situación, a los mexicanos nos debe quedar claro que no se trata en realidad de una cuestión presupuestal, porque si el organismo autónomo le está demostrando al gobierno federal que no le alcanza el dinero para garantizar un ejercicio transparente y creíble este debiera buscar una salida al déficit presupuestal, pero se trata de una maniobra política para acabar con el prestigio del INE, desaparecerlo y luego fundar otra institución con su visión particular de democracia que responda a sus intereses particulares.

Por su parte, también algunos medios de comunicación y personas se han sumado a difamar al INE con denuncias por el “Delito de coalición de servidores públicos”, acusaciones que más bien tienen el objetivo de desacreditar al órgano electoral para luego pasar a su desaparición dado que los consejeros se han portado dignamente ante el señalamiento oficial, acción que se incrementa a medida que se acerca el proceso electoral de 2024, por lo que la revocación que se pretende en el mes de abril también es otra forma de mantenerse en campaña permanente.

Y con todos los elementos que se tienen se puede hacer un balance sobre qué tan conveniente es para México que se lleve a cabo esta consulta popular y la verdad es que esto parece más como innecesario, como un gasto inútil, porque quienes votaron por López Obrador de seguro están de acuerdo en que termine el mandato de seis años y quienes votaron por otra opción, esperan que acabe el sexenio para que tengan la oportunidad de elegir a otro partido que no sea la de la transformación.

Además la consulta se vuelve un despropósito porque en nada ayuda a los mexicanos y al contrario, como ya se padece en el primer mes de 2022, han aumentado los problemas de pobreza,  inseguridad y el desempleo. Hoy, como en el pasado, de nuevo sufrimos el aumento de los precios de los productos de consumo básico y por si esto fuera poco, por cuarto año seguido no existen recursos para atender la carencia de obras y servicios públicos. Además de que los mexicanos no vemos aun alguna acción contundente en cuanto a la pasada consulta para enjuiciar a los expresidentes culpables de la corrupción que jura defender López Obrador.

Por lo dicho, la participación de los mexicanos en esta consulta se convierte en un juego democrático engañoso que sólo magnífica el egocentrismo y fortalece el autoritarismo que va tomando forma en el gobierno AMLO que no para en el propósito de perpetuarse en el poder para lo cual le urge desaparecer al INE para crear otro sometido al gobierno.