MAESTRIA EN JUICIO ORALES

UAD

 

MAGDO. LIC. MIGUEL LUIS RUIZ ROBLES

 

La Suprema corte de Justicia de la Nación, ha sustentado la siguiente criterio:

De la reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, inciso a), párrafo segundo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se advierte que se estableció la figura jurídica del amparo adhesivo, a efecto de que la parte que hubiere obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, pueda presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado; asimismo, se estableció que la ley determinaría la forma y términos en que debería promoverse. Ahora bien, no obstante que esa reforma constitucional entró en vigor a los ciento veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a la fecha no se ha expedido la reforma a la Ley de Amparo que establezca la forma y términos en los que deba promoverse el amparo adhesivo. No obstante ello, en atención al derecho fundamental a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Carta Magna, el Poder Judicial no puede supeditar el acceso a los tribunales bajo ninguna condición, aun cuando no se hubiere expedido la legislación secundaria que regule el caso concreto. En consecuencia, en el trámite del juicio de amparo adhesivo habrá de observarse lo correspondiente al plazo para su presentación y a los requisitos que prevé el artículo 166 de la Ley de Amparo, para la demanda de garantías.

2002961. 1a./J. 141/2012 (10a.). AMPARO ADHESIVO. DEBE ADMITIRSE Y TRAMITARSE CON INDEPENDENCIA DE QUE NO EXISTA LA LEY SECUNDARIA QUE DETERMINE LA FORMA, TÉRMINOS Y REQUISITOS EN QUE DEBA PROMOVERSE.

En efecto, como se precisa en la tesis jurisprudencial arriba transcrita, se tiene que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se reformó, entre otros, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo específicamente en la fracción III, inciso a), segundo párrafo,(4) la figura del amparo adhesivo -el cual tiene por objeto, evitar la indefensión de la parte que tenga interés en que la sentencia reclamada subsista. Precisándose también, en dicha fracción, que la ley determinará la forma y los términos en que deberá promoverse.

Al respecto, los artículos transitorios primero y segundo señalan, por un lado, que dicho Decreto entraría en vigor a los 120 días de su publicación, y por otro, que el Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes para su aplicación, dentro de los 120 días posteriores a su publicación.

Ahora bien, con relación a la admisión y tramitación del juicio de amparo adhesivo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por unanimidad de cinco votos, el recurso de reclamación 217/2012,(6) hizo algunas consideraciones en torno a la materia que nos ocupa, mismas que resultan de utilidad, siendo ésas las siguientes:

«… de conformidad con el artículo transitorio primero del decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, el mismo entró en vigor a los ciento veinte días de su publicación, a saber, el cuatro de octubre siguiente, y si bien es cierto que en el artículo transitorio segundo se señala expresamente que en ese lapso el Congreso de la Unión expediría las reformas legales correspondientes, ello no significa que la entrada en vigor de las reformas quedara supeditada en forma alguna a la expedición dicha legislación secundaria.

«Máxime, si tomamos en consideración que, al incorporarse al texto constitucional la figura del amparo directo adhesivo en el segundo párrafo del inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció una prerrogativa a favor de la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a un juicio, para presentar amparo en forma adhesiva al que promueva alguna de las otras partes en contra de tal resolución; vía que no puede limitarse válidamente por la falta de actuación de un órgano del Estado que, por mandato constitucional, debió expedir las normas secundarias correspondientes en un lapso de ciento veinte días.

«Suponer lo contrario implicaría aceptar la posibilidad de que el ejercicio de la prerrogativa señalada, reconocida en rango constitucional, quede al arbitrio del legislador ordinario, el cual tendría la posibilidad de hacer nugatorias las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante encontrarse subordinado a dicha norma suprema.

«Recordemos que, según se advierte de la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la intención del Constituyente al establecer el amparo directo adhesivo fue fortalecer el derecho individual de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 constitucional, en el que se contemplan los principios para una justicia expedita, pronta, completa e imparcial.

«Con base en tales principios, en la exposición de motivos se concluye que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- debe garantizar a los gobernados una efectiva tutela judicial, que cumpla con los principios a que se ha hecho alusión.

«…

«De la transcripción anterior de la Exposición de motivos» se desprende con toda claridad que, a través de esta reforma, el Constituyente otorgó la posibilidad de promover amparo directo adhesivo a quienes hayan obtenido sentencia favorable, con el objeto de mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución de que se trate, en el entendido de que tendrán la carga de invocar en el escrito inicial todas las violaciones procesales que estimen se hayan cometido en el juicio de origen, a fin de lograr que en un solo juicio se resuelva acerca de la totalidad de violaciones procesales aducidas tanto por la parte quejosa como por el promovente de la demanda adhesiva.

«Siendo esto así, el hecho de que el legislador ordinario no haya expedido las reformas legislativas respectivas dentro del plazo que el Constituyente le fijó para tales efectos no puede válidamente servir de excusa para privar de una vía a las partes a favor de los cuales se instituyó la figura del amparo directo adhesivo, pues las normas constitucionales aún no concretizadas por el legislador deben ser susceptibles de aplicación directa por cualquier autoridad, incluyendo, desde luego, a los juzgadores constitucionales, en la medida en que es a ellos a quienes corresponde velar por el respeto y plena vigencia de la Constitución.

«Por tanto, aun cuando pudiera considerarse que una norma constitucional no puede ser invocada de manera directa si su texto requiere regulación posterior, ello no puede considerarse una razón válida para omitir aplicar laConstitución y considerar inexigibles a los derechos o prerrogativas establecidos en la misma; y aun cuando la nueva ley reglamentaria de los artículos constitucionales pudiese acotar o delimitar la amplitud, así como la naturaleza de los sujetos que están en posibilidad de ejercer la vía analizada, de la regulación constitucional no se desprende limitación alguna sobre la naturaleza de las partes o de su posición en el juicio ordinario que da lugar a la sentencia reclamada que le es favorable.

«Adicionalmente, cabe destacar que, a diferencia de lo acordado en el auto recurrido, el hecho de que en el propio texto constitucional se haya señalado que la ley determinaría la forma y términos para la promoción de los amparos directos adhesivos, no constituye un obstáculo para su procedencia, pues en tanto el Congreso de la Unión no cumpla con el mandato constitucional a que hemos aludido, los Tribunales Colegiados de Circuito están en posibilidad de aplicar, en lo conducente, las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor y del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicho ordenamiento legal, interpretándolas a la luz del nuevo texto constitucional. …»

 

Luego, como ya lo determinó la mencionada Primera Sala al resolver el asunto citado anteriormente, ante la vigencia actual, y por ende, la obligatoriedad de la reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que, para materializar la observancia de sus efectos, no es obstáculo que todavía no se haya expedido la ley reglamentaria de la materia en la que se determine la forma y los términos en que deberá promoverse y tramitarse el amparo adhesivo. Ello, pues, considerar que la aplicación de la Constitución está sujeta a la actividad del legislador implicaría otorgar mayor jerarquía a las leyes que a los preceptos constitucionales.

La eficacia directa de la Constitución tiene como consecuencia, por un lado, que como Norma Suprema se deberán analizar conforme a ella todas las normas del ordenamiento para comprobar si son o no conforme a ésta y por otro, que deba aplicarse la Constitución para configurar de un modo u otro una situación jurídica, e interpretar todo el ordenamiento conforme a la Norma Constitucional.(8) Por tanto, la Constitución no sólo es fuente sobre la producción, sino que es norma aplicable. El Juez habrá de aplicar la norma constitucional aun cuando el legislador no haya dado cumplimiento a la prescripción de formular la ley reglamentaria del precepto constitucional. Las normas constitucionales son suficientemente completas para ser aplicadas para casos concretos por parte de los sujetos del ordenamiento jurídico. En suma, la Constitución es una fuente directa de posiciones subjetivas para los Jueces, la administración pública o los particulares. Cabe señalar que la aplicación directa de una norma constitucional no supone en ningún momento que deban de inaplicarse los presupuestos normativos contenidos en leyes secundarias. La omisión legislativa da lugar a la aplicación directa de la norma constitucional, pero si la materia se encuentra regulada en ley, ésta será la regla aplicable.

Así, si de la exposición de motivos(12) se pone de manifiesto que la intención del Constituyente, al establecer la figura del amparo directo adhesivo, fue fortalecer el derecho individual de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 constitucional, en el que se contemplan los principios para una justicia expedita, pronta, completa e imparcial, es claro que dicha garantía individual no puede sujetarse a la condición suspensiva de que se emita la disposición legal secundaria respectiva, puesto que, en principio, ante la vigencia de la disposición constitucional relativa, al haber transcurrido el plazo establecido el artículo primero transitorio, la protección del derecho garantizado es inmediata. Pues estimar que el amparo adhesivo sólo procede hasta el momento en que se instrumente legalmente el medio jurisdiccional previsto por el artículo 107, fracción III, inciso a), segundo párrafo, de la Constitución General de la República, sería contrario a la garantía de acceso a la justicia, conforme a la cual toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Esto implicaría desconocer la existencia de la mencionada garantía, hasta en tanto no se expida la ley correspondiente.

De manera tal que, si la Constitución contempla expresamente dentro de los medios de control constitucional el amparo adhesivo, como un medio para que los justiciables que hayan sido favorecidos en sus intereses por un acto de autoridad lo defiendan ante los Tribunales de la Federación, no es posible pretender que la no expedición de la ley reglamentaria correspondiente restrinja la aplicación y vigencia de tal medio de defensa extraordinario y menos aún que la falta de tal legislación secundaria impida a los gobernados promover los medios de defensa que la propia Constitución establece máxime que, como ya se dijo en repetidas ocasiones, el amparo adhesivo se encuentra previsto expresamente en el texto constitucional.

En ese sentido, es claro que, de inicio, esto es, hasta en tanto se expida la ley correspondiente, y en términos generales, los tribunales competentes para resolver el amparo adhesivo, están obligados a aplicar directamente la regulación constitucional que prevé dicho medio de control. Lo que implica, por otro lado, que, como ya lo determinó esta Primera Sala al resolver el recurso de reclamación antes citado, en tanto el Congreso de la Unión no cumpla con el mandato constitucional a que hemos aludido, los Tribunales Colegiados de Circuito están en posibilidad de aplicar, en lo conducente, las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor y del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicho ordenamiento legal, interpretándolas a la luz del nuevo texto constitucional.