Por: Manuel Ibarra Santos

 La violencia criminal y la inseguridad ciudadana se han convertido en preocupación principal de la población zacatecana, por encima de tradicionales problemas como el desempleo, la falta de vivienda digna, la escasez de agua y la presencia de una economía precaria. Todos los estudios empíricos sobre el particular apuntan en esa dirección, circunstancia que exige la definición de nuevas y  eficientes políticas públicas en la materia, para resolver ese nudo que pudiera ser el principal obstáculo para el desarrollo.

En la actualidad, más del 82 por ciento de los ciudadanos mantienen una percepción de inseguridad, colocando a la entidad  en el lugar nacional número 26, sólo después de  Guerrero (84.7%), Morelos (84.3%), Veracruz (85.1%) Tamaulipas (86.5%), Tabasco (87.9%) y Estado de México (90.6%), de acuerdo a la última y más reciente Encuesta de Victimización y Percepción sobre Inseguridad (2016) realizada por el INEGI.

La pregunta que debemos hacernos, es sencilla: ¿Cuáles son los orígenes de la violencia criminal? Se pueden esgrimir por lo menos tres argumentos:

Primero, la sociología criminal atribuye la magnitud de la violencia a factores socio/económicos, tales como la desigualdad, la pobreza, la marginación social, el desempleo, la situación precaria de la actividad económica y a la concentración urbana desordenada, entre otros factores.

Las cifras en este sentido nos cuestionan fuertemente: somos una de las 10 entidades con mayor producción de volúmenes de pobres en la república, pues el 52.3% de su gente se encuentra en circunstancia de pobreza. Adicionalmente, el 59.7% de la población zacatecana registra ingresos inferiores a la línea de bienestar.

Segundo: la corrupción, la impunidad y la existencia de un sistema de justicia penal inoperante, bien puede constituirse en otro elemento propiciador de un contexto proclive a la violencia criminal.

 El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia en México (2015) revela que Zacatecas es una entidad con alto grado de impunidad y eso obedece a una razón: el Estado cuenta con un muy deficiente sistema de administración y procuración de justicia.

Es Zacatecas en la actualidad uno de los tres Estados que ocupa primerísimo lugar en impunidad, pues de cada 100 delitos que se cometen sólo se denuncian  cinco. La cifra negra delictiva zacatecana es del 94.8%, cuando el promedio nacional es del 92.8 por ciento.  Sólo nos ganan en impunidad San Luis Potosí (95.5%) y Guerrero (95.8%).

Tercero: el factor de la ilegitimidad del poder público, es otra causal de la violencia criminal.

Hannah Arendt (1906-1975), la más influyente  filósofa alemana del siglo XX, autora de “Los Orígenes del Totalitalismo”, argumentó en su tiempo que la violencia criminal es proporcional  a la falta de acción y de legitimidad de la autoridad. Lo anterior significa que cuando el Estado/Gobierno deja de actuar, entonces, los vacíos son cubiertos por las organizaciones delincuenciales.

 LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN:

Hoy el Estado Mexicano tiene la responsabilidad de actuar para reducir los efectos negativos de la violencia en la salud pública de la población. Si no se actúa, las consecuencias serán fatalmente impredecibles y se tendrá como saldo, no una sino varias generaciones perdidas de zacatecanos.

La Organización Mundial de la Salud (2002) ha dicho que las víctimas directas e indirectas de la violencia son las más proclives a experimentar y sufrir trastornos por estrés post/traumático, que pueden manifestarse en comportamientos antisociales,  como abuso de alcohol y drogas, tendencias suicidas, conflictos familiares, baja productividad laboral y limitada capacidad en procesos de aprendizaje social.

Reducir los niveles de violencia e inseguridad en Zacatecas es hoy una de las mayores exigencias de la sociedad.