• Transparencia y reforma administrativa.

• Las compras públicas, área neurálgica.

• Gobernabilidad y adquisiciones gubernamentales.

El área de compras gubernamentales – por el impacto económico, social y político que este proceso genera-, debe de ser uno de los componentes más importantes en toda tarea de reforma de Estado y de modernización de la gestión pública, debido a que por esta vía se canalizan en promedio anualizado entre el 25 y/ó 30 por ciento de los recursos del pueblo en el país, etiquetados en presupuestos, que equivalen a cientos y miles de millones de pesos. El dilema es cómo convertir su práctica en fuente de riqueza y bienestar colectivo y no en causal de profunda corrupción oficial.

Las consecuencias de una positiva y moderna estructura de adquisiciones gubernamentales se traducen, evidentemente, en mayor gobernabilidad democrática de una sociedad, en capacidad de generación de empleos dignos, en incremento de la competitividad económica, en aumento de la participación social, en sólida transparencia y en eficaz política de rendición de cuentas. Su negación conduce a la proliferación de los actos dañinos de corrupción y de opacidad sistemática, que obstaculizan el progreso.

En el caso específico de Zacatecas tendremos que decir que las dependencias públicas responsables de los procesos de adquisiciones (en particular la Oficialía mayor y la Contraloría Interna), tienen de cara al futuro inmediato  un desafío concreto, vinculado a la actualización de la Ley Estatal de Adquisiciones, que data de 1988, y que (-no por su antigüedad, sino por su perfil y diseño), está plagada de una serie de lamentables obsolescencias que no favorecen la transparencia y al contrario, sí la opacidad.

En las sociedades del mundo donde no existen mecanismos institucionales y buenas prácticas gubernamentales en materia compras públicas, por la negación  al respeto de la legalidad, se auspicia por ende la construcción de vericuetos y subterráneos en el ejercicio del poder que privilegian la corrupción, en el manejo de los procesos de adquisiciones de bienes muebles, inmuebles y servicios.

En Zacatecas es urgente actualizar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, la que entró en vigor en 1988, y que ya resulta inoperante, anacrónica y obsoleta. Junto con esto, es menester mejorar las prácticas gubernamentales de compras públicas.

La herencia negra que se ha perpetuado por años  y que avala la impunidad y la opacidad en las adquisiciones gubernamentales, tendrá que ser desmontada por la iniciativa del gobierno de Miguel Alonso Reyes y sentar, junto con eso, el horizonte de una renovada cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.

Un buen sistema de adquisiciones gubernamentales, (-de calidad, honesto y eficiente),  tiene mínimo los siguientes componentes: a).-transparencia fundada en el respeto a las leyes; b).-rendición de cuentas claras y sólidas; c).-competencia y eficacia; d).-imparcialidad; y e).- economía.

Una condición histórica mínima para contar con un  sistema transparente de adquisiciones públicas, se asocia a la exigencia de tener  leyes modernas y adecuadamente actualizadas que respalden las buenas prácticas gubernamentales. En particular, este es un expediente no cubierto a plenitud en Zacatecas.

Por otra parte, habrá que decir, en el mismo sentido, que el propio avance de las democracias contemporáneas y la modernización de las estructuras públicas de la administración de los asuntos del Estado, es proporcional al avance que registren los procesos de adquisiciones gubernamentales.

Las adquisiciones públicas honestas, eficientes y transparentes, tendrán que estar amarradas, igualmente, al compromiso de combatir la pobreza y la desigualdad social, y a evitar que los recursos públicos queden en unas cuantas manos debido a la corrupción y al ejercicio de licitaciones fraudulentas.

El efecto económico positivo de las compras gubernamentales, direccionalmente tendrán que generar mayor rentabilidad pública, más ahorros, mejor uso de los recursos y capacidad para propiciar la generación de empleos dignos para la sociedad.

LEY DE ADQUISICIONES EN ZACATECAS.

La correspondiente Ley de Adquisiciones en Zacatecas, que entró en vigor en 1988, padece de serías limitaciones y obsolescencias, que pone terribles cotos a la participación de los testigos sociales y a la presencia organizada de la sociedad civil. Por supuesto, es una normativa altamente centralizada, en figuras unipersonales tradicionalmente ya superados en los sistemas modernos de compras públicas.

La Oficialía Mayor en Zacatecas es por mandato de Ley  el ente público responsable de encabezar los procesos de adquisiciones, con el acompañamiento institucional de la Contraloría Interna y la Secretaría de Finanzas. No obstante esto, la misma norma, erosiona los organismos colectivos de decisión, porque confiere al gobernador en turno la autoridad máxima en materia de compras gubernamentales. Es el Jefe del Ejecutivo quien, finalmente, tiene la última palabra.

El colmo de la obsolescencia se observa en el hecho de que La Ley de Adquisiciones vigente en Zacatecas considera a la Secretaría de Planeación y Contraloría (Artículos 2 y 3 de la norma correspondiente), como uno de los entes públicos responsables de los procesos de compras, cuando dicha dependencia estatal hace años que desapareció del organigrama y de la estructura del gobierno local.

Así como esta incoherencia e inconsistencia jurídica, la Ley de Adquisiciones de Zacatecas está plagada de una serie de argumentos presuntamente “legales”, procedimentales y metodológicos altamente obsoletos y anacrónicos, que es necesario revisar y actualizar.

HOMOLOGACIÓN CON LA LEY FEDERAL:

Es claro que la Ley estatal de adquisiciones requiere, mínimo, un proceso de modernización, actualización y adecuación que no choque y contravenga con los principios jurídicos que al respecto establece la propia ley federal en la materia.

¿REFORMA DE VANGUARDIA?:

La reforma integral de la administración pública estatal que se trabaja por instrucciones del gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes es evidente que quedará  incompleta, sino  se incluye en ella la modernización jurídica, programática y estructural del proceso de adquisiciones gubernamentales en Zacatecas.

Una buena oportunidad para mostrarse, en este ámbito, tendrán el Oficial Mayor y el Contralor Interno, por una parte, y, por otra, los integrantes de la Sexagésima Legislatura del Estado. Ahí tienen una buena tarea por cumplir.