Por José Manuel Torres

En los últimos días han causado revuelo algunos sucesos relevantes en los medios masivos de comunicaciones nacionales e internacionales. Uno de ellos y muy difundido fue la muerte de la reina Isabel en el castillo de Balmoral, Escocia, terminando un reinado que duró 70 años, desplegándose así una difusión masiva de su vida, obra y hasta de sus gustos más extravagantes.

El otro acontecimiento fue la adquisición millonaria de un  testarossa Spider original creado por Ferrari, por el Sultán de Bruney Muda Hassanal Bolkiah conocido como el coleccionista de carros más grande del mundo con  7 mil autos deportivos de lujo, demostrando la vida ostentosa  que hace gala su familia en el pequeño país del sudeste asiático, contrastando con los millones de trabajadores en el mundo que viven con salarios de hambre y con hambre.

Un caso más, en México por su importancia, en cuanto a la justicia y estabilidad política del país,  es el proyecto de eliminación de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) que propone la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los dos ministros, Luis María Aguilar y Norma Piña, que habían presentado proyectos para eliminar está polémica figura legal, decidieron retirarlos para tratar de robustecerlos y llegar a un acuerdo con el resto del pleno.

Aunque una amplia mayoría de los juristas reconocían que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos. Aguilar, uno de los ponentes, explicó en su momento la inconstitucionalidad, pues el primer artículo de la Constitución obliga a proteger los derechos humanos; el uso de la PPO no mejora la seguridad del país sino que “se ha transformado de posible solución a parte del problema”, es una pena irreparable que impacta sobre todo en la población más empobrecida y marginada.

”Ha dicho Aguilar que “son más los puntos de conexión que los diferendos que tenemos, a la hora de analizar el proyecto.” Ezequiel considera que no es una medida deseable. Ortiz que es contraria a los derechos humanos. Pérez Dayán rechaza la amplitud de los supuestos de procedencia de la medida cautelar.

Mientras que González Alcántara y Rios-Farjat enfatizan que la prisión preventiva es inconstitucional en su versión oficiosa. Pardo y Laynes aducen que la prisión preventiva contemplada en las normas es desproporcionada, contraria a la seguridad jurídica. Piña, Gutiérrez y Zaldivar estiman que la prisión preventiva oficiosa es contraria al parámetro de validez de los derechos humanos de la propia constitución, así resumió el ministro las posturas de sus compañeros.  Esta controvertida figura legal goza de un rechazo general en la Suprema Corte y  es necesario proponer la metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos que la prisión preventiva oficiosa ocasiona en la vida de las personas, concluye el ministro. (EL PAÍS. BEATRIZ GUILLEN. 08 DE SEP 2022).

La SCJN discutió el proyecto, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador redobló la presión sobre el poder judicial y exigió mantener esta medida en aras de la seguridad del país y para eso ha desplegado y defendido con mensajes hablados en todos los medios a su alcance  alegando que de eliminarse la PPO los jefes de las bandas de la delincuencia organizada tendrán protección, una total contradicción porque si ya se sabe que los imputados son ladrones y jefes de bandas criminales, para que aplicarles la PPO, una total aberración del presidente.

El objetivo, la intención aviesa del presidente va contra las personas empobrecidas, que ya encarceladas y con su pobreza encima, purgarán un encierro injusto de donde no saldrán jamás por falta de dinero y todavía, esos sí, enfrentándose a los jueces corruptos que en México se cuentan con montones. Ya aislado el individuo, sin dinero y sin influencias se reduce a cero su defensa aunque sea injusta su acusación, ya que la PPO se decreta en automático, por disposición de la ley y sin previo debate ante el juez para justificar su imposición.

No queda duda, si empleamos un serio análisis a la conducta apasionada de oponerse de parte de AMLO a la eliminación de la PPO y a eso le agregamos la adhesión de la Guardia Nacional a la SEDENA, queda claro que el país se perfila a una dictadura donde la ventaja siempre la lleva el poderoso y en este caso nos guste o no, el que tiene el poder y el control de instituciones es el estado y lo encabeza López Obrador.

Todo esto deja en claro que el mandatario seguirá terco en eliminar a sus enemigos políticos que se atreven a diferir de su conducta y de la forma de gobernar el país, el cual dicho sea de paso está rumbo al precipicio  con una terrible inflación que ronda 8.8% en septiembre, siendo la cifra más elevada desde hace 22 años; con una inseguridad imparable de más de 132 mil homicidios (con Calderón sumaron 30,572); la pandemia incontrolada y produciendo aun muertes (suman 329,675 fallecidos por COVID-19) donde los hospitales están sin medicinas. México no es un paraíso, aquí es una fábrica de pobres, pero ahora con la 4T se ha modernizado: según el CONEVAL tan sólo entre 2018 y 2020 el porcentaje de la población en pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones en pobreza (3.8 millones más).

Esos pobres (a los que dice defender AMLO) son los que serán el flanco de las políticas aviesas (avieso: que es malintencionado y perverso) de López Obrador, con un país militarizado y leyes que se perfilan en beneficio de los poderosos económicamente y en perjuicio de los pobres.

¿Y qué debemos hacer los pobres? La tarea es organizarnos para formar la vanguardia social  buscando construir una patria más justa, equitativa y humana para reivindicar a los pobres,  la tiranía morirá natural e irremediablemente.  No hay de otra.