Por Francisco González Romo
En solidaridad a l@s profes.
Desde que tan sólo se amenazaba con la entrada en vigor de la llamada Reforma Educativa, parte de las llamadas “Reformas Estructurales” neoliberales, el gobierno federal comenzó su guerra de desprestigio en contra de l@s docentes. Ahora, después de meses de lucha en contra de esa reforma más bien laboral, Peña Nieto ha optado por la criminalización y el garrote en contra de l@s profes.
Como ejemplo, apenas la madrugada del domingo, entre de fuertes enfrentamientos entre profesores y fuerzas del orden en la ciudad de Oaxaca, la policía federal detuvo a Rubén Núñez, Secretario General de la Sección 22 de la CNTE y al Secretario de Organización de la misma sección, quienes fueron trasladados al CEFERESO 11, ubicado en Hermosillo, Sonora; la PRG también busca a otros 24 líderes e integrantes de la CNTE para cumplimentar órdenes de aprehensión.
Es preocupante ver a un gobierno federal fascistoide que, mañosamente, incrementa la confrontación e intensifica los conflictos para luego justificar el uso de las llamadas fuerzas policiaco/militares. Y es muchísimo más preocupante la estrategia de miedo que utiliza ese mismo estado/gobierno contra la protesta social, la cual fue utilizada en contra de Nestora Salgado, José Manuel Mireles, Semeí Verdía y much@s otr@s, como las cientos de mujeres abusadas sexualmente por Policías Federales, incluyendo ahora a los líderes magisteriales. Estrategia basada en las instituciones de terror preventivo (como llamó Octavio Paz a los campos de concentración soviéticos), denominadas cárceles.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, publicado en 2015 por la CNDH, en el que se hace un examen de CERESOS, CEFERESOS y Prisiones Militares en varios aspectos como infraestructura, recursos humanos y, por supuesto, derechos humanos, nos dice que, en cuanto a los Centros Federales de Readaptación Social, las diez irregularidades con mayor incidencia son:
- Deficiencias en la remisión de quejas de violación a los derechos humanos de los internos ante la CNDH.
- Insuficiente personal.
- Deficiencias en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
- Deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos.
- Insuficientes actividades laborales y de capacitación.
- Deficiencias en la vinculación del interno con la sociedad.
- Deficiencias en la clasificación entre procesados y sentenciados.
- Deficiencias en la integración del expediente técnico jurídico.
- Deficiencias en la prevención de incidentes violentos.
En cuanto a los CERESOS, las diez irregularidades con mayor incidencia son:
- No existe clasificación entre procesados y sentenciados en dormitorios y en áreas comunes.
- Insuficiente personal de seguridad y custodia, para traslados, cubrir las ausencias, vacaciones e incapacidades y gran deficiencia en cuanto al suministro del equipamiento.
- No existen procedimientos para la remisión de quejas, de violación a los derechos humanos, por parte de los internos ante la instancia competente, en caso de que sean presentadas.
- Insuficientes actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
- Deficiencias en la prevención de probables violaciones a derechos humanos, así como en su atención en caso de que sean detectados.
- No existen acciones para prevenir, ni atender incidentes violentos, tales como riñas, lesiones, fugas, suicidios, homicidios y motines.
- No se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
- Deficientes condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los internos, tal es el caso de las áreas de C.O.C., dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedor.
- Falta de manuales para los procedimientos de ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita familiar, visita íntima, revisión de visitantes, revisión de estancias y para el funcionamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario; asimismo, existe una escasa o a veces nula difusión de la normatividad que rige al Centro hacia los internos.
- Se detectaron, áreas de privilegios, así como presencia de objetos y sustancias prohibidas, así como de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población.
La finalidad de la pena, en el derecho ejecutivo penal mexicano, es la readaptación del individuo. Un sistema penitenciario que adolezca del respeto irrestricto a los llamados derechos humanos, de un método de desintoxicación y prevención de adicciones, entre otras carencias, no puede sustentar la finalidad de la pena en nuestro país, sino todo lo contrario.
No cabe duda que las cárceles dan miedo y que, como menciona Paz, “la población entera, incluso bajo el dominio relativamente más humano… vive bajo la amenaza de internación… La socialización de la cumpa entraña la socialización de la pena.” (Polvos de aquellos lodos). No cabe duda que, cada vez es más evidente la estrategia global de mantener en la sumisión total a las poblaciones, que pasa desde la implantación de nuevos códigos jurídicos hasta la implantación de nuevas éticas convenientes a un sistema de dominación sin precedentes.
¿Por qué son l@s denominados líderes sociales y otr@s víctimas incómodas del sistema, l@s que están siendo internad@s en estas máquinas de miedo? Es una pregunta para todo movimiento social, que tendrá que ser urgentemente respondida y que hará incluso, que las maneras de hacer cambien.
¡Que viva la autonomía!