Por Gabriela García
La empresa Uber inició sus operaciones en México en el año 2013 y contaba sólo con 10 socios conductores de Uber Black en Ciudad de México, pero actualmente tiene presencia en casi todo el país con diferentes servicios “siendo la punta de lanza en innovación y adopción de soluciones tecnológicas”, según su portal digital.
En estos años de operación ha desarrollado nuevos productos sumando una inversión acumulada en México de 1.5 mil millones de dólares, sin embargo las condiciones laborales de su personal son muy malas teniendo como causa el que no reconocen como trabajadores a quienes se dedican a esta actividad, sino que los ubican como “socios”, “emprendedores” o “independientes”, con lo que se limitan a contraer obligaciones obrero-patronales perjudicando a las familias que han entrado a esta por las crecientes necesidades que se resuelven en proporción al ingreso económico.
Hoy se hace patente la falta de una legislación centrada en dar atención a estos trabajadores que se desenvuelven sorteando muchos problemas derivados de la evolución del sistema capitalista que ha creado nuevas formas de trabajo, es urgente la aplicación de conceptos, normas y leyes que ordenen las relaciones laborales surgidas dado que las actuales omiten las obligaciones de los empleadores y descargan todo en los socios, quienes deben aceptar las condiciones impuestas ante la ausencia del estado. En el acontecer diario se va confirmando que es necesario reivindicar derechos laborales que ya empiezan a enarbolar los operadores que aprovechan el avance tecnológico para incluirse “voluntariamente” en esta moderna fuente de empleo pero permaneciendo sometidos a las reglas de cualquier patrón.
Los conductores son en su mayoría adultos que buscan generar ingresos que les ayuden a pagar los gastos del hogar y mantener a su familia, mientras que los repartidores de comida son jóvenes que necesitan recursos para pagar sus estudios con lo que ayudan a los gastos de casa a la vez que pueden “ahorrar” haciéndose relativamente “independientes” y les abre posibilidades de seguir con su carrera universitaria o dedicarse a alguna otra actividad productiva.
Pero la realidad es muy distinta, con este modelo los trabajadores no cuentan con ningún tipo de derechos y la carga de combustible, el mantenimiento del vehículo (si es propio), o el pago de la renta, los daños, las recargas del teléfono móvil, la alimentación, etc., todos estos gastos dependen directamente del ingreso que la persona produce al laborar, por su parte, las empresas se quitan estos cargos al describirlos como independientes, que no necesitan jefes directos ni horarios fijos, al tiempo que logran posibilidades de crecimiento.
Lo cierto es que las plataformas tienen muy controlados a sus trabajadores desde la comodidad de la distancia y la tecnología; gozan de la ventaja adicional de que no hay a quien reclamarle directamente por algún abuso al no contar con oficinas fijas y personal al cargo. En cambio estas sí califican su desempeño, les proponen horarios a través de los retos al tiempo que otorgan premios o castigos que incluyen la “desconexión”, lo que en términos laborales sería un despido sin ninguna prestación al no estar contempladas en la ley, configurándose una moderna forma de explotación de la fuerza laboral en México y en el mundo.
Eso no es todo, hay otros factores adversos que deben soportar los “socios”, tal es el riesgo de permanecer en la calle ante el clima de inseguridad exponiendo sus escasos ingresos del día, su vehículo e incluso su vida, no teniendo más protección que los buenos deseos y los rezos de la familia para que les vaya bien, es decir, que repongan lo invertido y lleguen a casa sanos, además con dinero para solventar los medios de vida de sus integrantes.
Ante esta realidad se genera la ayuda mutua, así se han formado grupos de apoyo a través de redes de whatsapp, son colectivos que van tomando la forma de incipientes sindicatos que habrán de evolucionar y como cualquier tipo de trabajadores deberán defender sus derechos y exigir la protección de las leyes del estado mexicano.