Apuntes sobre después de la batalla (junio de 1914) y la movilización armada (1914-1917)

Marco Antonio Flores Zavala

El 28 de octubre de 1914, luego de múltiples discursos, los delegados a la Soberana Convención de Aguascalientes escucharon a los representantes del Ejército del Sur, cuyo líder era Emiliano Zapata.

La propuesta zapatista era radical: los principios del Plan de Ayala debían ser parte del programa de la Revolución; y, retirar a Carranza como presidente de la República.

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En la Convención la propuesta zapatista tuvo calado. El presidente Carranza fue desconocido. En su lugar designaron a Eulalio Gutiérrez, este revolucionario tuvo su primera base fuerte en el mineral de Concepción del Oro.

El retiro de Carranza era una petición motivada por los desencuentros entre los dirigentes de las facciones revolucionarias. Los líderes emergentes de sectores populares no convenían con los que integraban los sectores medios y con nexos en los anteriores regímenes.

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El Plan de Ayala de 1911 era la bandera del zapatismo en el centro del país. El documento proponía la restitución de la propiedad rural a los poseedores originarios. Postulaba modificar la tenencia liberal de la propiedad.

La primera reforma agraria operó diferente en cada región. Los grupos constitucionalistas tuvieron y ejercieron varias formas para tratar la propiedad rural.

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En Zacatecas, pese a que se insiste en definir como villista, las acciones distan de estar en ese espectro. Tampoco es carrancismo, sonorense o tal. Las motivaciones de los dirigentes de la fase revolucionaria de 1913-1915 sitúan rasgos diferenciados.

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El 8 de agosto de 1914 Pánfilo Natera promulgó un decreto en materia de propiedad. Lo hizo como gobernador militar y jefe de la Primera División del Centro. En los considerandos señaló que no todos los hacendados colaboraron con el gobierno usurpador del general Huerta; pues hubo quienes ayudaron a los revolucionarios.

Indicó que a los colaboracionistas los castigaban. En paralelo, para fomentar la riqueza de los desheredados y “extirpar las prácticas abominables de feudalismo que engendraron la esclavitud de los peones”, se intervendrían algunas haciendas situadas en el estado.

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La intervención era una acción diferente a la confiscación de todas las haciendas que Natera ordenó hacer el 27 de junio de 1914. La marca diferente del agrarismo inicial en Zacatecas fue la intervención gestionada por un Departamento Agrario.

Además de la intervención, fueron anuladas las deudas de los trabajadores con los dueños de las propiedades. A estos, además de las haciendas, les confiscaron las propiedades urbanas asentadas en la capital del estado.

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La ocupación permanecería hasta que fuesen expedidas las leyes agrarias del país.

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Miércoles. Noviembre 25 de 1914. Leobardo Muñoz, Ambrosio Romo, Julio Peredo, Rito Soto, Fernando Sansalvador y Manuel Moreno son integrantes de la Comisión Agraria del Estado.

El manto invocado para legitimar sus acciones son los planes de Ayala y de San Luis Potosí, así como las órdenes de la Convención revolucionaria iniciada en Aguascalientes.

La Comisión Agraria fue instituida el 21 de noviembre de ese año. La integraron el jefe del Departamento Agrario, el ingeniero Muñoz y los predichos cinco caballeros. A ellos los nombró el gobernador Trinidad Cervantes.

Tras el nombramiento, el gobernador Cervantes comenzó a urgir la redacción del reglamento y las labores de administración que trajeron los cambios de propiedad.

Pero los consejeros del gobernador alegaron exceso de trabajo gubernamental.

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Ambrosio Romo era ingeniero. Está casado. Labora en el Instituto de Ciencias y reporta los denuncios federales de minas. Su padre fue José de la Rosa Romo, éste se desempeñó como juez del Registro Civil en Zacatecas.

En los últimos días de noviembre dos integrantes de la familia Romo estuvieron enfermos. Él los reportó graves. Pese a ello, el ingeniero colabora en la discusión de los presupuestos de egresos gubernamentales.

En el Instituto estuvo mañana y tarde como sinodal de exámenes. Otra trabajo fue planear el reglamento de la Comisión Agraria del estado de Zacatecas.

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Rito Soto y Fernando Sansalvador Reveles son abogados egresados del Instituto de Ciencias. En los últimos días de noviembre están discutiendo la reorganización del Poder Judicial del estado.

Soto desde su egreso del Instituto intervino en la burocracia judicial. En el último decenio de noviembre de 1914 debía, junto con Romo, redactar el predicho reglamento de la Comisión Agraria.

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Sansalvador, como muchos hombres públicos, colaboró con el porfiriato. Fue diputado por Mazapil en los precedentes años de 1912-1914.

Interesado en los cambios estructurales de la sociedad, Sansalvador propuso que el reglamento de la Comisión Agraria del estado de Chihuahua fuese considerado para el de Zacatecas.

Sansalvador leyó el texto de Chihuahua en el periódico Nueva Vida, impreso en esa entidad.

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Subrayemos: Muñoz, Romo, Peredo, Soto, Sansalvador y Moreno son parte de los hombres que prefiguran la Revolución en Zacatecas.

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Palacio de Gobierno. Diciembre 9 de 1914. El gobernador Trinidad Cervantes y el secretario Gilberto Vázquez del Mercado firmaron un decreto para regresar las haciendas de San Tiburcio y El Calabazal a sus propietarios legales. Los lugares están en el inmenso desierto de Mazapil.

El mandamiento lo hizo en uso de las facultades extraordinarias cuya legitimidad volátil provenían de la Soberana Convención de Aguascalientes.

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El decreto, cuya redacción fue trascrita a máquina al oficio 1616 por el profesor Genaro Valle y Muñoz, da cuenta de las diligentes negociaciones entre el gobierno revolucionario y los hacendados de la entidad.

La orden del decreto era la desintervención de las haciendas, se hizo en reconocimiento al apoyo que los dueños brindaron a la causa constitucionalista.

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La cesión de la administración se condicionó a que los propietarios pagaron 25 por ciento más de impuestos, como contribución extraordinaria.

Los hacendados debían invertir en enseres modernos para trabajar la propiedad. El comercio debía ejercerse con libertad y monedas autorizadas.

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En cada propiedad sería establecida una escuela de niños y otra para niñas, con profesores titulados.

El gobierno se comprometió a dar “las garantías necesarias para el desarrollo de las labores y el bienestar de los habitantes”.