La corrupción en el país llegó a niveles inimaginables, y el delito de lavado de dinero genera más desigualdad económica, dijo David Monreal Ávila, senador de la República, al presentar una iniciativa de Ley que tiene para reforzar las medidas contra la corrupción y dotar a las autoridades mecanismos que permitan la identificación de activos que se sospeche provengan de actividades ilícitas.

Resulta ser muy serio el tema de la corrupción por la amplitud y forma en la que se puede efectuar esta transgresión, dentro de su concepto se comprende una tipificación de los delitos que lo conforman, por ejemplo, el soborno, la extorsión, el peculado, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, la obstrucción de la justicia, el lavado de dinero, entre otros, siendo precisamente este último el que provoca una mayor consecuencia negativa para la economía.

Explicó que puede entenderse al lavado de dinero o las operaciones con recursos de procedencia ilícita, como el ajuste a la legalidad fiscal de los recursos y capitales procedentes de negocios delictivos o injustificables, es decir, toda persona física o moral, así como las organizaciones criminales que obtienen sus ingresos económicos a través de operaciones ilegales, y que justifican sus recursos simulando efectuar actividades que se encuentran dentro del marco de la ley, de igual forma, también incurren en este delito las personas que efectúan la evasión de impuestos, ocultando su patrimonio mediante paraísos fiscales.

Para México las operaciones con recursos de procedencia ilícita se reflejan en la pérdida de importantes cantidades monetarias para la economía nacional. Durante el año de 1993 esta operación dejó una cuantiosa cantidad de pérdidas económicas, el cual era equiparable al 0.56 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, una suma equivalente a los 33 mil millones de pesos, y desde inicios de 2016 hasta noviembre de este año, las pérdidas económicas por el delito del lavado de activos son de aproximadamente el dos por ciento del PIB, equiparables a 286 mil millones de pesos.

Las operaciones con recursos de procedencia ilícita o el lavado de dinero ha sido un problema que denota la ineficiencia en la aplicación de las leyes existentes, pues a lo largo de poco más de 20 años, las continuas pérdidas económicas que este delito deja para la economía mexicana, no solo no disminuyen, sino que aumentan con anualidad.

El Estado mexicano es uno de los países que mayor cantidad de leyes tiene pero es una de las naciones que menores resultados ha arrojado en las recomendaciones u observaciones que distintos órganos internacionales de combate a la corrupción han emitido.

Los actos delictivos por lavado de dinero continuamente se hacen más presentes en los ámbitos sociales y del quehacer civil, paro también cada vez más en las actividades ilícitas, como narcotráfico. De igual forma, también se encuentra latente dentro de los niveles del cargo público en donde, por ejemplo, ha habido casos en los que altos funcionarios en pleno ejercicio de sus funciones se ven involucrados con actos de corrupción, conflicto de intereses o lavado de dinero.

Tal es el caso del exgobernador del estado de Veracruz, quien dejó a la entidad federativa en una profunda deuda y sumido en una enorme crisis económica. En las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) el ex mandatario, en conjunto de un grupo de personas, desviaron por lo menos 500 millones de pesos provenientes de partidas públicas, además, el gobierno del estado durante varios meses desplazó dinero a través de contratos con al menos 35 empresas fantasma.

Todas las operaciones contratadas a la empresa eran simuladas, sin embargo, el presupuesto acordado por dicha empresa si era pagado, para ser desviado a dos empresas más quienes lavaban el origen del capital mediante nuevas inversiones.

Las repercusiones económicas que el lavado de dinero deja para el país son altamente negativas destacado que en el narcotráfico es donde se lleva a cabo un mayor ejercicio este tipo de delitos, pero que en términos de repercusión social es a niveles burocráticos y del cargo público donde existe una mayor transgresión.

Por esos motivos, es preciso que se realicen acciones que permitan reforzar el combate a este delito. Tal y como refiere en sus análisis Edgardo Buscaglia (experto analista en la materia), el crimen organizado, con su influencia económica, derivada de las actividades ilegales y el lavado de dinero, pueden operar con total impunidad dentro del aparato gubernamental y político.

Usando precisamente la corrupción en el sector público como un instrumento, y de esta manera poder enfrentar a los Estados, adelgazando el Estado de Derecho. Por eso, es de vital importancia la lucha contra la corrupción en los ámbitos burocráticos y de la función pública con orden imparcial.

La iniciativa del Senador David Monreal tiene por objeto reforzar las medidas contra la corrupción, el lavado de dinero en concreto y dotar a las autoridades de mecanismos que permitan la identificación de activos que se sospeche provengan actividades ilícitas.