Ante los ataques a familiares de víctimas de desaparición y activistas defensores de derechos humanos, la senadora Geovanna Bañuelos solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR), y sus homólogas en los estados del país, a implementar medidas que garanticen su protección y salvaguarden su vida.

Expuso que el caso más reciente ocurrió en Zacatecas, ahí asesinaron a José Nicanor Araiza, un padre convertido en activista, que buscaba a su hijo desaparecido por la delincuencia organizada.

El activista de 51 años fue extraído de su domicilio el 22 de julio pasado, localizado en el municipio de Villa de Cos, fecha en la que fue declarado como desaparecido.

“Por el simple hecho de buscar a su hijo desde 2018, el destacado activista fue privado de su libertad, desaparecido y posteriormente asesinado. Triste mente, el cuerpo de Araiza fue localizado sin vida el 27 de julio en el municipio de Concepción del Oro, Zacatecas”, lamenta Geovanna Bañuelos.

La desaparición forzada fue condenada por el Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda de Zacatecas, que exigió la inmediata búsqueda del activista.

Pero no es el único caso en el estado, se suman la localización de una gran cantidad de fosas clandestinas y la recuperación de restos humanos que aún no son identificados por el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses (IZCF).

Mediante un punto de acuerdo que será presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora por Zacatecas pedirá a los gobiernos de los 32 estado de la República un informe sobre la situación que atraviesan en materia de desaparición forzada, así como los protocolos de actuación y protección para los familiares de las víctimas.

En el documento que será inscrito a la Gaceta Parlamentaria, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destaca que desde el 2006 y hasta el pasado 7 de abril de 2021, en el país 85 mil 053 personas están reportadas como desaparecidas o no localizadas.

De acuerdo información de la Secretaría de Gobernación, 90% de estas personas posiblemente fueron desaparecidas por la delincuencia organizada. 

A la fecha, son 69 personas activistas defensoras de los derechos humanos que han sido asesinadas desde el inicio del sexenio. Esta cifra es mucho mayor si se toman en cuenta las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto.

Además de los 43 periodistas que han sido asesinados en el ejercicio de su profesión. “De esta manera, nuestro país se convierte en uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo o simplemente para existir justicia”.

“La desaparición forzada y el asesinato de familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos laceran terriblemente el tejido social creando dolorosas heridas, las cuales tardarán años en sanar. Por ello, es imperioso que las autoridades asuman su responsabilidad, así como las obligaciones contraídas en convenios y en la ley en la materia”, asegura la legisladora.

En el caso del asesinato de José Nicanor Araiza, la líder petista pide a la Fiscalía del Estado de Zacatecas otorgue justicia a la familia, así como brindar los elementos necesarios para salvaguardar su integridad física y la vida.

Además, llama a esclarecer esta desaparición y exige a las autoridades establecer protocolos especiales para la protección de las y los familiares de las víctimas del delito de desaparición forzada y desaparición por parte de particulares.