Jacobo Cruz

La lucha de los pueblos por la libertad en la historia reciente, fue recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento elaborado por representantes de todas las regiones del mundo bajo la tutela de la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, Francia el 10 de diciembre de 1948. Estos principios constituyen un ideal común para todos los pueblos y naciones libres para preservar la convivencia pacífica entre individuos, pero para garantizarlos legalmente debe intervenir el estado-gobierno de cada nación mediante sus propias leyes.

Pero ¿qué son los Derechos Humanos? Son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad; para nuestro caso, estos derechos han quedado establecidos en la Constitución Política que deben ser garantizados por el Estado.

Dada su universalidad, estos derechos tienen validez para toda persona en cualquier lugar del mundo, en consecuencia, no hay limitantes dada la diferencia cultural, social, económica o política para su aplicación. También se presumen como inalienables, es decir, que son irrenunciables, que le pertenecen a cada individuo por ser la esencia misma del ser humano, por lo tanto no pueden separarse de la persona y, en tal virtud los individuos no pueden transmitirlos. 

Pero también son indivisibles, pues forman un conjunto inseparable y todos juntos deben ser ejercidos en su contenido esencial al tener igual grado de importancia; son también interdependientes, pues la vigencia en el goce de un derecho es precondición para la plena realización de los otros derechos.

Estos ejes rectores para la convivencia pacífica y ordenada de los ciudadanos de una nación se parecen mucho a los poderes que se le atribuyen a Dios: es omnímodo, porque abarca todo, es omnipresente, porque está en todos lados, es omnipotente, porque todo lo puede y es omnisciente, porque todo lo sabe. Grandes virtudes para un ser inmaterial.

Valga la comparación de estos principios universales e intangibles, porque cuando se quieren traer a la vida real para hacerlos valer sucede que existen hombres e instituciones del estado con los que chocan; porque a pesar de lo bondadoso y noble que son estos conceptos los intereses de las distintas clases sociales y sus representantes (los gobernantes), no permiten que se materialicen en favor de los grupos dominados.

Esto sucede, a pesar de que existen leyes específicas para la aplicación de cada derecho humano como sucede en México, donde tenemos:  

Sobre la educación, habla el Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Dicho esto, existe el marco legal que avala la educación como un derecho, pero no es la ausencia normativa lo que impide prepararse, sino la carencia de recursos económicos para hacerlo.

El tema de salud, está descrito en el Artículo 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Aquí se dice muy claro el punto, pero sucede en la realidad que en los hospitales mexicanos se carece de todo y los ciudadanos nos hemos acostumbrado a que el sector salud nos haya entregado el paracetamol para la mayoría de los males que padecemos; y es muy conocido toda la tramitología y espera previa para ser atendidos en ellos, a grado máximo que ciudadanos han fallecido en la sala de espera cuando es evidente que su estado de salud es complicado.

Por último, el derecho de asociación del Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.

La labor que por 50 años ha desempeñado el Movimiento Antorchista, está dentro del marco legal y aunque no guste a los gobernantes, la libertad de asociación, de expresión, la agrupación de los ciudadanos por la defensa de sus intereses no es una concesión, son derechos ciudadanos y es obligación de los funcionarios respetarlos.

Tomando en cuenta todo lo dicho, el antorchismo sigue organizando a los zacatecanos, para que salgan a exigir la solución a problemas concretos como la carencia de obras y servicios públicos, además de apoyos sociales, porque a pesar de que los integrantes de las familias trabajen para asegurar el sustento, es muy difícil lograr una vida digna al obtener por su labor un salario miserable, lo que contradice los buenos deseos de los Derechos Humanos y los derechos de papel de la Carta Magna.

Atendiendo a lo anterior, desde el año 2021, cuando David Monreal Avila asumió como Gobernador Constitucional de Zacatecas, los antorchistas acudieron a entregar su pliego de peticiones, lo mismo hicieron en los municipios, pero desde entonces se dijo que no había capacidad financiera para resolver como consecuencia las solicitudes han esperado por casi tres años.

Pero como las necesidades son muchas y los ciudadanos no pueden resolverlas solos, acudirán en los próximos días ante sus respectivas autoridades, para insistir en que sus solicitudes sean analizadas, programadas y ejecutadas en un tiempo prudente, pero no están dispuestos a rendirse ante la cerrazón que han puesto de moda los gobiernos de la 4T en el gobierno del estado y el mismo tratamiento han dado en municipios como Fresnillo, Villanueva y Guadalupe para deshacerse de sus obligaciones constitucionales. La lucha sigue.