LA DIMENSIÓN HISTÓRICA DEL PACTO POR MÉXICO 
Publicado en El Universal
02 de julio de 2013

César Camacho Quiroz

Gobernar es pactar, y pactar no es ceder; es convenir libremente en algo y obligarse a su observancia. Ese espíritu de convenir exige un talante incluyente, es decir, la voluntad de procurar la participación de todos.

A eso se comprometió quien, siendo candidato, aseguró que ejercería una presidencia democrática; la que, como advierte Luis F. Aguilar, solamente será exitosa si se gobierna “en asociación, cooperación, coautoría y corresponsabilidad con las organizaciones políticas, sociales, económicas, profesionales, laborales e intelectuales del país”.

Una presidencia democrática puede desarrollarse si se cuenta una sociedad crítica y participativa, y partidos políticos responsables y con actitud constructiva; tales elementos prevalecen en éste nuestro nuevo tiempo mexicano, y fue por eso que la idea de construir un espacio de imparcialidad partidaria germinó y encontró en sus firmantes promotores entusiastas, y en el Presidente de la República inteligente recepción, dada su aptitud y actitud democráticas.

Sin soslayar fundamentales y numerosas reformas logradas en las últimas dos décadas, como la autonomía del Banco de México, la consolidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, y la creación del régimen de transparencia y acceso a la información pública, junto con el nuevo sistema de justicia penal adversarial y oral, entre otras; se puede afirmar que el Pacto por México tiene muchas de las características de los grandes acuerdos políticos de la democracia, y puede alcanzar la talla de acontecimiento histórico.

Tres, en las últimas cuatro décadas, han sido los grandes acuerdos políticos en el mundo. Los pactos de la Moncloa en España, que en 1977 permitieron concretar el proceso de transición del autoritarismo a la democracia; renovaron la condición laboral de los obreros; eliminaron restricciones a las libertades de prensa, acceso a la información y a derechos políticos como el de reunión y el de asociación, entre otros, con los que se crearon las condiciones para expedir la Constitución de 1978.

En 1985 se suscribió el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia Plena en Chile, que terminó con los estados de excepción, dio paso al reconocimiento legal de los partidos, a la aprobación de una ley electoral y la conclusión del exilio; abriendo paso a la sucesión republicana en el poder que ocurrió poco después.

A partir de 1991 ocurrieron las convenciones nacionales por una Sudáfrica Democrática, conocidas como CODESA I y II, con las que se puso fin a la “democracia racial de partidos”, se adoptaron tres ámbitos de gobierno y la separación de poderes, y se redactó una carta de derechos que allanaron el camino para emprender negociaciones que llevaron a las primeras elecciones democráticas de 1994.

Fueron tres pactos que en cada país crearon un nuevo orden político, desencadenaron su potencial económico y mejoraron las condiciones de vida de las personas; modificaron el rostro de naciones enteras. Hoy mismo son motivo de orgullo nacional en esos países e hitos en la historia de la democracia. Los tres dejaron un legado inmortal.

Aquí y ahora, el Pacto por México puede alcanzar una dimensión histórica; su propósito es hacer de la nuestra una democracia eficaz, una sociedad de derechos plenos para todos.

El Pacto, obviamente, no tiene deducibilidad judicial; no es persona jurídica y menos autoridad; esto significa que no sustituye, no pretende ni puede reemplazar y menos competir con poder constituido alguno o con institución cualquiera; no ha creado burocracia ni generado capítulo de gasto; es tan sólo una instancia política que está cobrando poder: el poder de los buenos resultados.

El Pacto es un acuerdo basado en la palabra; quizá sea, según algunos, su debilidad, pero ésta es también su fuerza: la madurez, el prestigio y la hombría de bien de los suscriptores. Por todo eso, el Pacto por México no se puede detener.

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