“Es vergonzoso que los ex presidentes no tengan llenadera, no les bastó enriquecerse en su paso por el poder, si pretenden seguir de mantenidos por el erario, al menos que se fiscalice ese recurso, y si eso les molesta, que renuncien a sus pensiones”, advirtió el Senador de la República, David Monreal Ávila al presentar una iniciativa de ley que obligue a los ex mandatarios a presentar declaración patrimonial.

Se propone modificar los artículos cuarto y trigésimo tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de establecer que los ex mandatarios federales una vez concluidos su encargo, y mientras reciban el pago de su pensión, deberán presentar sus declaraciones de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Monreal Ávila dijo que el Congreso de la Unión en el año 2015, aprobó una serie de modificaciones constitucionales en materia de combate a la corrupción, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del mismo año.

Dentro de estos cambios constitucionales se encuentra la creación de mecanismos de fiscalización de los recursos públicos, así como el establecimiento de un sistema nacional anticorrupción y se describe como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Asimismo se creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual tiene por objeto “distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran.

Uno de los aspectos relevantes de esta Ley, ha sido el establecimiento de las declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial para los servidores públicos, de acuerdo al artículo 32 de dicho ordenamiento.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, ha dejado fuera de la obligatoriedad a personas físicas que son susceptibles de supervisión por parte de las autoridades en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en estos supuestos se encuentran los ex presidentes de la República.

El conjunto de prerrogativas que un ex mandatario recibe de acuerdo a versiones periodísticas exceden por mucho los 40 millones de pesos al año, lo que representa un gasto importante para el Erario, si esto lo relacionamos con los escándalos de corrupción y de conflictos de interés que han sido públicos en los últimos años, en donde dos ex mandatarios tienen injerencia en decisiones de gobierno, resulta imprescindible que estén bajo la revisión pública de su patrimonio.

Además de estas prerrogativas de los expresidentes, el día de ayer se dio a conocer que los seguros de vida con los que cuentan tienen cobertura para los exmandatarios, así como para sus esposas.

De acuerdo a información del periódico La Jornada, la contratación de estas pólizas de seguros en el año 2010 representó un monto total de siete mil 413 millones 526 mil 400 pesos por tres años de vigencia.

En este sentido, y bajo los argumentos jurídicos presentados, resulta necesario que como parte de los sujetos obligados a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal al Sistema Nacional Anticorrupción, se incluyan a quienes hayan ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y reciban la pensión vitalicia.

Se propone modificar los artículos cuarto y trigésimo tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de establecer que los ex mandatarios federales una vez concluidos su encargo, y mientras reciban el pago de su pensión, deberán presentar sus declaraciones de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Hay que reconocer que la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción dista mucho de dar buenos resultados; sin embargo, es necesario buscar ampliar su rango de actuación a fin de evitar mayores actos de corrupción.