Contrapesos, oposición y resistencia al cambio
Por David Monreal Ávila

Los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han gozado de privilegios que rozan lo insultante en un país que tiene a casi la mitad de su población viviendo en condiciones de pobreza, y con 9 millones 375 mil personas en pobreza extrema.
Sueldos de 600 mil pesos mensuales contrastan de forma alarmante con el 42% de los trabajadores mexicanos que tienen salarios por debajo de la línea de bienestar; y aquí hace falta hacer una reflexión: el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recalcado esta diferencia entre sueldo y salario al sugerir a quienes desean conservar sus altos ingresos, que se dediquen a la iniciativa privada, pues los sueldos de trabajadores al servicio del Estado los paga precisamente ese pueblo empobrecido que eligió un cambio social, económico y político.
Quienes se encargan de impartir justicia no deben olvidar que esta palabra evoca rectitud, por lo que el argumento de que los sueldos exorbitantes impiden la corrupción es completamente inválido, ya que implicaría asumir que la ambición es una cualidad intrínseca de los magistrados.
Una de sus definiciones clásicas considera que la justicia es una constante voluntad de dar a cada quien lo suyo, por lo que no se debe perder de vista que tanto esos recursos, como la potestad de que se encuentra investido el Poder Judicial, pertenecen originariamente al pueblo, que es el único soberano.No obstante, como demócratas debemos insistir siempre en las vías institucionales.

Por el momento, senadores de PRI, PAN, PRD, MC y varios independientes, presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que pretende fijar como techo el sueldo del Presidente de la República, es decir, 108 mil pesos mensuales; misma que fue aceptada por la SCJN y ha causado la suspensión de sus efectos en tanto no se resuelva.
Por su parte, más de 300 integrantes del Poder Judicial de la Federación, entre secretarios de acuerdos, jueces y magistrados, han interpuesto juicios de amparo en contra de esta legislación, ya que existe un candado constitucional para reducir las remuneraciones durante el encargo de estos últimos.
Cabe mencionar que ese encargo dura 15 años y que actualmente, de 11 magistrados que integran a la Suprema Corte, 3 fueron nombrados a propuesta del ex presidente Fox, 5, por Felipe Calderón y 3 más por Enrique Peña Nieto, lo que quizá explique la resistencia que han presentado a ajustarse al nuevo modelo de austeridad que se guía por este principio básico: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
La oposición no ha sabido superar la etapa electoral y continúa impulsando un discurso de descalificación y miedo ante los cambios en la vida pública del país.

Acusan “cercanía” del Presidente con la terna presentada para renovar una de esas 11 magistraturas, manipulando la información para generar desconfianza.
Es claro que existe cercanía con quienes conforman la terna: las abogadas Loretta Ortiz Ahif, Celia Maya García, y el exmagistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, pero no es la corrupción ni el ánimo de lucro lo que motiva dicha propuesta, sino la cercanía ideológica y moral que permita renovar la impartición de justicia en México.
Por otro lado, hay quienes sí comparten la urgencia de cambiar de fondo el servicio público, como el recientemente electo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien convocó a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado a realizar un ejercicio de austeridad y revisión a sus salarios para reducirlos de forma voluntaria.