Por Gabriela García
Uber fue una de las primeras empresas que inició operaciones en el país allá por el año 2013, entonces contaba sólo con 10 socios conductores de Uber Black en la Ciudad de México, pero actualmente tiene presencia en todas las ciudades capitales y otras, ofreciendo diferentes servicios “siendo la punta de lanza en innovación y adopción de soluciones tecnológicas”, según su portal digital.
El mes de septiembre de 2017 se anunció por parte del corporativo que iniciaría su operación en Zacatecas, hecho que provocó reacciones positivas y negativas por parte de la población. Por ejemplo, el gremio de los taxistas mostró preocupación ante la competencia que se antojaba en su perjuicio económico, mientras que la ciudadanía consideraba positiva la llegada de este servicio dado que el costo del taxi era caro, así mismo el viaje sería más cómodo, rápido y en autos modernos, como sucedía ya en otras ciudades.
Hasta entonces las aplicaciones eran algo desconocido en la entidad, pero tras el anuncio surgió la expectativa de que quienes tuvieran vehículos en buenas condiciones podrían auto emplearse convirtiendo una buena oportunidad de ingresos ante la carencia de empleos, y así sucedió.
En su momento, Luis de Uriarte, director de Comunicación de Uber México, explicó así el método de trabajo del corporativo: «lo que hacemos es que a quienes desean ser choferes de la empresa los convertimos en socios y reciben 75 % del costo de los viajes y por usar la aplicación pagan a la empresa 25%».
Los transportistas regulados por el estado consideraban urgente controlar el servicio de Uber, para que los choferes tuvieran los mismos derechos y obligaciones, lo que garantizará seguridad para los usuarios de la novedosa empresa en lo que muy poco se ha avanzado. Hoy la gente ya aceptó y la cosa fue superada.
Lo que hasta ahora no tiene ningún avance es lo relacionado a los derechos laborales de los operadores pues no son reconocidos como trabajadores, sino que los ubican como “socios”, “emprendedores” o “independientes”, argumentos con los que no se contraen obligaciones obrero-patronales perjudicando a las familias que dependen de este ingreso económico.
Hoy se hace patente la falta de una legislación centrada en dar atención a estos trabajadores que se desenvuelven sorteando muchos problemas derivados de la evolución del sistema capitalista que ha creado nuevas formas de trabajo. Es urgente la aplicación de normas y leyes que ordenen las relaciones laborales surgidas dado que los empleadores descargan todo en los “socios”, quienes deben aceptar las condiciones impuestas ante la ausencia del estado.
En el acontecer diario se va confirmando que es necesario reivindicar derechos laborales que ya empiezan a enarbolar los operadores que aprovechan el avance tecnológico para incluirse “voluntariamente” en esta moderna fuente de empleo.
Los conductores son en su mayoría adultos que buscan generar ingresos que les ayuden a pagar los gastos del hogar y mantener a su familia, mientras que los repartidores de comida son jóvenes que necesitan recursos para pagar sus estudios con lo que ayudan a los gastos de casa a la vez que pueden “ahorrar” haciéndose relativamente “independientes” y les abre posibilidades de seguir con su carrera universitaria o dedicarse a alguna otra actividad productiva.
Pero con este modelo los trabajadores no cuentan con ningún tipo de derechos y la carga de combustible, el mantenimiento del vehículo (si es propio), o el pago de la renta, los daños, las recargas del teléfono móvil, la alimentación, etc., todos estos gastos dependen directamente del ingreso que la persona produce al laborar, por su parte, las empresas se quitan estos cargos al describirlos como independientes, que no necesitan jefes directos ni horarios fijos.
Lo cierto es que las plataformas tienen muy controlados a sus trabajadores desde la comodidad de la distancia y la tecnología; gozan de la ventaja adicional de que no hay a quien reclamarle directamente por algún abuso al no contar con oficinas fijas y personal al cargo. En cambio estas sí califican el desempeño del emprendedor; les fijan horarios a través de los retos al tiempo que otorgan premios o castigos que incluyen la “desconexión”, lo que en términos laborales sería un despido sin ninguna prestación al no estar contempladas en la ley. Así se ha configurado una moderna forma de explotación de la fuerza laboral en México y en el mundo.
Eso no es todo, hay otros factores adversos que deben soportar los “socios”, tal es el riesgo de permanecer en la calle ante el clima de inseguridad exponiendo sus escasos ingresos del día, su vehículo e incluso su vida, no teniendo más protección que los buenos deseos y los rezos de la familia para que les vaya bien, es decir, que repongan lo invertido, lleguen a casa sanos, además con dinero para solventar los medios de vida de sus integrantes.
Ante esta realidad se genera la ayuda mutua, así se han formado grupos de apoyo a través de redes de whatsapp, donde ahora participan los UBER, DIDI, RAPID, etc., son colectivos que van tomando la forma de sindicatos que habrán de evolucionar y como cualquier colectivo deberán defender sus derechos y exigir la protección de las leyes del estado mexicano. Aquí hay mucho por hacer. ¿Quién le entra?