Por Osvaldo Ávila Tizcareño

Dirigente antorchista en Zacatecas

 Entre las demandas que el Movimiento Antorchista enarbola, se encuentra  el de la dignificación de la vivienda de sus agremiados, debido a que la mayoría de la población  no puede por sí sola -por más que se esfuerce- lograr la construcción de una casa digna, propia, que evite el hacinamiento y los problemas derivados de ello.

Obligados por las circunstancias,  los trabajadores  deben acudir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), donde con “pagos  chiquitos”,  los obreros pueden hacerse de  patrimonio,  en el caso de los campesinos, el problema es  diferente, pues   no tienen acceso a estos créditos, por lo que tienen  que conformarse a vivir en construcciones con materiales provisionales como  adobe, en  viviendas humildes,  con piso de tierra,  paredes y techos inseguros, por lo tanto, tampoco es lo mejor  para las familias del campo.

El derecho a la vivienda está plasmado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y dice: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar este objetivo”, aquí es donde se invoca la intervención del gobierno y al que los antorchistas también acudimos  a solicitar la aplicación de programas sociales con los que se busca paliar los problemas de escases de vivienda o su mejoramiento.

La organización ha emprendido la demanda ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y acordó  recursos que también llegaron a la delegación local y   que ascienden a 19 millones de pesos en el año 2017, considerados  recursos extraordinarios  debido a que han sido etiquetados para atender la demanda de vivienda enarbolada por la organización, con el respaldo de sus diputados.  

Para garantizar la aplicación de los recursos mencionados y evitar que se destinen al subejercicio,  nos manifestamos  a las afueras de Sedatu,  para exigir a Rolando Garza Martínez, delegado federal,  autorice la aplicación del total de dinero  que logramos para la aplicación del programa que beneficiará a  mil 900 familias de Zacatecas;  cumplimos los requisitos, sin embargo,  a más de medio año, estos apoyos siguen urgiendo en la ciudad y el campo ante la imposibilidad de los solicitantes de  resolver de manera independiente.  

El otro caso que sirve para ejemplificar la lucha  por dignificar la vivienda y condiciones de vida de los zacatecanos es el respaldo a las 274 familias del fraccionamiento Rincón Guadalupano, quienes desde hace más de 12 años sufren el fraude empresarial de la empresa ORMIGON S.A de C.V., por haber construido en un área no apta para este fin, donde también tiene responsabilidad el INFONAVIT y su actual delegada, Gabriela Rojo Medina, quien  debe buscar una opción seria que devuelva tanto la seguridad en la integridad física, así como la garantía sobre el patrimonio.

El día de ayer (1 de agosto), hubo un nuevo derrumbe, el respaldo  de Antorcha fue de inmediato, su dirigente Osvaldo Ávila encabezó la movilización de los vecinos  a la  delegación del Infonavit con el  fin de exigir la participación seria y resolver el problema  donde hay omisión o complicidad de la autoridad pues permitió  la construcción y venta de estas viviendas con vicios ocultos y daños estructurales.

 El  desinterés e incapacidad de  Rojo Medina  se resumió en el planteamiento que consiste en que  “de forma individual se debe usar la garantía”,  así la respuesta, sin mayor explicación y detalle, a pesar que el  nuevo derrumbe  evidenció la peligrosidad del suelo donde se construyeron las llamadas “Casas Mazapán”.

Ante la errada respuesta se exigirá la intervención del Gobierno del Estado, además, como diputado, Osvaldo Ávila,  se pronunciará contra  la omisión de las autoridades pues  son miles de familias quienes  corren peligro, por tal razón debe buscarse la reubicación de los afectados a zona segura y debe proponerse una salida para condonar los créditos avalados por Infonavit que han dañado económica y moralmente a la población.

Otra de las cosas que deben lograrse aprovechando el tema de Rincón Guadalupano es que se debe lograr una legislación que obligue a los empresarios de la construcción a vender casas bien hechas, con materiales de buena  calidad y en lugares seguros pues no debe  privar el interés económico sobre la seguridad y la vida de la  gente humilde; las autoridades deben poner mucha atención, pues no deben avalar casas que signifiquen peligro.

Sabemos que se tocan intereses económicos y políticos  en este caso, pero  nuestra tarea es la defensa de los pobres de México y aquí hay evidentes abusos y complicidades;   no abandonaremos a nuestros hermanos guadalupenses y seguiremos buscando   por todos los  medios una solución definida al problema ampliamente descrito.

Estoy convencido de que la lucha por  vivienda en Zacatecas es una causa justa y por demás necesaria, la historia de Antorcha es de lucha, nada nos han regalado, todo lo que hemos conseguido es producto de la perseverancia, de la decisión y de la firmeza por  pelear lo que por derecho nos corresponde y no será distinto en esta ocasión. Seguiremos en la lucha por la aplicación de los recursos que logramos en Sedatu y en defensa de la gente de Rincón Guadalupano.