Por:  Aquiles Córdova Morán

El ya cercano 6 de octubre se cumplirán dos años del asesinato de don Manuel Serrano Vallejo, un humilde trabajador mexicano que fue arrancado por sus verdugos de su puesto de periódicos y del seno de su familia en esa fecha, en Tultitlán, Estado de México. Durante todo este tiempo, tanto su familia consanguínea como su gran familia política, el Movimiento Antorchista Nacional, no hemos cesado de demandar a las autoridades “competentes” (es un decir) el correcto esclarecimiento de este crimen y el debido castigo a sus ejecutores, directos e indirectos, sin ningún resultado hasta la fecha. En los últimos meses, a la demanda antedicha hemos sumado la exigencia de que nos sean devueltos sus restos mortales, con idénticos resultados, es decir, ninguno. No es mucho suponer que, por esto, sus victimarios han vivido mofándose de su memoria y de los esfuerzos de deudos y amigos para conseguir un mínimo de justicia en su caso, pues así proceden siempre los criminales que se sienten seguros bajo un poderoso manto de impunidad.

El Movimiento Antorchista Nacional se prepara en estas horas para recordar a nuestro modesto héroe popular con una magna concentración de cien mil personas en la capital de la república, misma que servirá también para recordar a quienes tienen el deber de hacer justicia que tienen una deuda pendiente, imperdonable e intransferible, con quienes reclamamos resultados creíbles y palpables sobre el crimen de don Manuel. Queremos decirle a los funcionarios del Estado de México y del gobierno de la república que este crimen no se olvidará nunca; que el tiempo no será lenitivo suficiente, así pase un siglo, para borrar en nosotros y en su familia el dolor y el recuerdo de tan bestial como injusto asesinato de un hombre bueno; que nuestra lucha y denuncia activas no amainarán mientras no nos sea devuelto el cadáver, nuestro cadáver al que tenemos pleno derecho, para llevarlo a su última morada a descansar en paz. Que si don Manuel no puede dormir el sueño de los justos, sus compañeros tampoco; que no descansaremos mientras no estemos seguros de que nuestro muerto hace lo mismo.

Pero escribo estas líneas no sólo como homenaje y protesta, sino también como denuncia. Hay cosas en torno a este crimen que tampoco deben olvidarse nunca; que los hombres y mujeres del pueblo, al que perteneció por derecho propio don Manuel Serrano Vallejo, no deben olvidar para manterse siempre alerta, para elevar su conciencia social y su espíritu solidario, para orientar su organización y su lucha por un mundo mejor. Lo primero que quiero resaltar es el hecho craso de que el de don Manuel nunca fue un secuestro propiamente hablando; que sus raptores nunca se propusieron sólo desaparecerlo, esconderlo a su esposa e hijos para arrancarles dinero o algún otro bien material que ellos ansiaran tener. Su propósito, bien claro desde el principio, fue  asesinarlo como finalmente ocurrió; y una prueba sólida de ello es que nunca formularon seriamente alguna demanda de tipo económico. Los mismos expertos en este tipo de negociaciones, designados por las propias autoridades encargadas del caso, después de dos o tres intercambios telefónicos con los asesinos, dijeron abiertamente a la familia que, de acuerdo con su experiencia, era evidente que esa gente no buscaba dinero; que sus propuestas no podían tomarse en serio y que, para ellos, o se estaban “divirtiendo” o sólo querían despistar y ganar tiempo. Por nuestra parte, y al margen de la opinión de los expertos, siempre dijimos que el caso era evidentemente atípico, tanto por la posición económica de la víctima como por su relevancia social, características ambas que no podían engañar a los secuestradores respecto a la posibilidad de obtener un jugoso rescate por ella. Además, que si de presionar a alguno de sus hijos se trataba, don Manuel no era la mejor elección para eso. Concluimos, pues (y está por escrito), que el secuestro era político y que su filo estaba dirigido contra la licenciada Maricela Serrano Hernández, en ese momento presidenta en funciones de Ixtapaluca, Estado de México, e hija de don Manuel. El desenlace de esta brutal tragedia confirma plenamente que se trató de un asesinato político y, por tanto, cometido por políticos.

Ahora bien, todo esto y más fue y es del conocimiento de las autoridades encargadas del caso, tanto estatales como federales, a pesar de lo cual, hasta el día de hoy, se siguen negando a aceptar el fondo político del asunto y andan buscando (o fingen hacerlo), como reza el refrán, tunas en los magueyes, deteniendo e interrogando a raterillos de poca monta y armando expedientes, tan deleznables desde el punto de vista lógico y jurídico, que harían enrojecer a un estudiante de primer grado de la carrera de derecho. Y aquí surge la segunda cuestión que quiero destacar: ¿cómo hay que entender esta reticencia a aceptar el evidente carácter político del secuestro y asesinato de don Manuel? ¿Es real o sólo aparente la inepcia con que se han llevado hasta hoy las investigaciones? Y si las cosas ocurrieron como las autoridades sostienen, ¿cómo explicarse que no hayan entregado hasta hoy los restos de don Manuel a pesar de la reiterada solicitud de su familia y de sus compañeros? Es muy difícil aceptar, sin más, que todo es pura equivocación y falta de profesionalismo; más bien, a cualquiera se le antojaría pensar que se trata de una actitud premeditada para distorsionar la naturaleza del asunto y, con ese recurso, proteger a los verdaderos asesinos. Y si es así, la siguiente pregunta es: ¿quiénes son y que tan alto están ubicados los padrinos de los asesinos de don Manuel? ¿Cuánto peligro corremos de sufrir lo mismo quienes insistimos en demandar justicia para nuestro compañero?

Finalmente, el tercer punto que quiero destacar es la pesada losa de silencio que ha caído sobre este crimen, losa cuya impenetrabilidad se puede medir, y hasta tocar, por el nulo espacio que ha ocupado y ocupa en los medios de información. A esta conspiración para esconder la verdad se han sumado columnistas, reporteros, líderes políticos y de opinión, organizaciones civiles dedicadas a combatir el secuestro, comisiones nacional y estatal de derechos humanos y las fiscalías especializadas contra el secuestro y la desaparición forzada de personas. Contrasta fuertemente este mutismo sepulcral con el escándalo mediático y el oportunismo desatado en torno a los 43 normalistas desaparecidos y la lucha de familiares y amigos para exigir su aparición con vida. La explicación más a mano para muchos será que la importancia de este caso no se compara con la del asesinato de un humilde vendedor de periódicos; para muchos otros, sectarios feroces a quienes hay que temer más que a los secuestradores, la causa será que Antorcha es una organización chantajista, paramilitar, brazo armado del PRI, etc., etc., por lo cual no merece solidaridad alguna. No es éste el lugar ni el momento para entrar al fondo de estos argumentos; baste decir que el amarillismo de los medios los ha llevado a ocuparse con harta frecuencia de problemas bastante menos relevantes que el asesinato de don Manuel, por lo que no parece que la relevancia de la víctima sea la causa de que se le ignore; y que en el caso llama la atención no sólo lo espeso del silencio, sino también la unanimidad con que han procedido todos los mencionados. Esta unanimidad parece indicar que detrás de la misma hay una voz única y suficientemente poderosa para hacerse obedecer por los repentinamente mudos que digo, alguien interesado en ocultar el crimen para proteger a los criminales. Si fuera así, sería una prueba irrecusable de que Antorcha no es lo que afirman sus enemigos y, además, que no vale lo que dicen sus detractores, sino bastante más que eso y a pesar de ellos. El tiempo, que todo lo descubre, pondrá las cosas en su lugar.