Zacatecas, lamentablemente, ha sido nota nacional en las últimas semanas por los hechos violentos que han pintado de sangre numerosos municipios de la entidad. Uno de los últimos, el de Calera, donde fueron localizados siete personas asesinadas.

Los medios locales también informaron de este hallazgo, tal y como lo han venido haciendo casi todos los días acerca de enfrentamientos  y homicidios.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, a cargo del INEGI, el municipio de Fresnillo es el lugar en donde sus habitantes tienen una mayor percepción de inseguridad (96.2%).

“La ola de violencia no afecta sólo el tema de percepción, sino la imagen de Zacatecas ante turistas e inversionistas”, expresó el diputado Pedro Martínez Flores, durante la pasada sesión de la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura del Estado, al presentar ante la Asamblea una iniciativa para exhortar al secretario de Seguridad Pública de la entidad a que presente un informe del impacto que han tenido las estrategias de seguridad pública implementadas en la reducción de los índices delincuenciales y en la mejora de la percepción.

Esta propuesta fue respaldada por las y los diputados que integran la Comisión Permanente por lo que seguramente en próximos días el funcionario estatal acudirá al Congreso del Estado para sostener un  diálogo con nuestros representantes populares e informar de lo que está sucediendo en materia de seguridad. Este ejercicio pudiera ocurrir dentro de la glosa, próxima a realizarse con motivo del quinto informe de gobierno.

El diputado Martínez Flores señaló que, si bien el gobierno está inmerso en un esfuerzo por mejorar las condiciones de seguridad para la ciudadanía, la realidad es que la delincuencia y la violencia han aumentado, y no se descarta que empeore.

El legislador destacó que es deber del gobierno dar resultados y mantener informada a la ciudadanía, por ello es que las y los legisladores hacen este llamado. Es momento de corregir lo que no esté funcionando.

Por otra parte, esta semana se dio a conocer que Zacatecas retrocedió también en el semáforo epidemiológico. Estamos sin duda inmersos en la tercera ola del Covid. Después de tener un mes de junio en donde se reportaban cero muertes diarias y alrededor de cinco o diez contagios en 24 horas, hoy vemos de nuevo reportes que superan incluso los 200 contagios cada jornada.

Definitivamente lo anterior tiene su origen en un relajamiento de las medidas sanitarias, por ejemplo, con personas que dejan de usar el cubrebocas y que acuden a espacios de concentración masiva. Hoy el gobierno no puede detener la economía ya tan lacerada. Por ello, es muy complejo pensar en un nuevo encierro, pero en definitiva se requiere considerar otras alternativas.

Así lo han estimado legisladores como Mónica Flores Mendoza y Javier Calzada Vázquez. La diputada propuso un punto de acuerdo con el que busca que el gobernador implemente a nivel estatal la obligación de mostrar el certificado de vacunación contra el Covid-19 para ingresar a espacios públicos, sobre todo a los establecimientos en donde se propicie la aglomeración de personas.

Este tema genera polémica ya que, por un lado, la vacuna no es obligatoria y, por el otro, hay quienes argumentan también la vulneración de derechos humanos al hacer esta exigencia. Sin embargo, el planteamiento es una respuesta al incremento exponencial de casos y que requiere  rutas alternativas de solución.

La legisladora recordó que uno de los pilares esenciales de la acción del gobierno es el respeto a los Derechos Humanos; no obstante, señaló que de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

En ese mismo sentido, el diputado presidente de la Comisión Permanente propuso modificar la Ley de Salud para condicionar el ingreso a edificios públicos de alta concentración de personas al hecho de estar vacunado contra el Covid-19.

El diputado Calzada Vázquez cuestionó si negar el acceso a un antro, un bar o un centro comercial es una violación a los derechos humanos ya que, por el contrario, recordó que sí hay medidas similares como el postergar el acceso a la escuela de niños que no tengan la cartilla de vacunación. 

Lo mismo sucede con prestadores de servicios; un funcionario público que atiende personas en ventanilla, un chofer de autobús de pasajeros, un cajero de un banco o un policía, o cualquier otro que tenga contacto con personas no puede realizar su labor sin su certificado de vacunación. “No es, pues, ninguna violación a los derechos humanos, sino una acción afirmativa que va a permitirnos proteger nuestra salud”, arguyó el diputado