Francisco González Romo

El domingo 19 de julio, “Elementos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y de las Fuerzas Rurales realizaron un fuerte operativo de seguridad… en la comunidad de Santa María de Ostula, en Aquila, Michoacán, en el que incluso hicieron uso de helicópteros artillados, de acuerdo con los pobladores de esa comunidad indígena.

El motivo de ese despliegue era la detención de Cemeí Verdía Zepeda, líder comunitario que se ha opuesto al despojo de tierras realizado por las mineras que operan en ese municipio.” (SinEmbargo)

El saldo del operativo fue de un menor de 12 años muerto y una menor de seis y otras dos personas impactadas por bala. El año pasado “El 6 de agosto fueron derramados 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora, provenientes de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, una de las empresas más grandes del sector a nivel internacional.” (CNN).

Existe un conflicto desde hace años, debido a que una minera intenta despojar de su centro ceremonial más importante a la Cultura Wixarika, en el estado de San Luis Potosí; otra minera despojó de sus tierras a l@s habitantes de Salaverna; una más mantiene conflicto con ejidatarios en Mazapil; asimismo, el conflicto sindical en la mina San Martín, mismo que acaba de cumplir ocho años de existencia, y el cual se ha caracterizado por la violencia, ha costado la vida a un minero, quien fue brutalmente golpeado, hubo un herido de bala y decenas de lesionados.

El miércoles pasado, “Alrededor de las 6 de la tarde, en la calle 5 de Mayo de la cabecera municipal, circulaba sin frenos un camión de volteo modelo 1997, cargado de arena con un peso total de 21 toneladas».

El vehículo se dirigía a la minera Peñasquito, según relató el habitante Efrén Espinoza, pues dijo que ya es costumbre que los transportistas pasen por ahí para acortar la distancia, no así por el camino obligatorio de tránsito pesado.” (La Jornada).

Las tragedias que se extienden en torno a la megaminería no sólo han afectado a México; Raúl Zibechi, en impresionante artículo publicado en La Jornada (2015/05/01), nos narra uno de los conflictos peruanos: “Desde fines de marzo los campesinos de la provincia Islay, en la región Arequipa, sur peruano, enfrentan a una de las más poderosas multinacionales mineras, Southern Copper, que pretende abrir una mina de cobre en el valle de Tambo…

Un reciente informe del diario conservador El Comercio, ferviente partidario de la minería, reconoce que en la región sur todavía muchas personas tienen vivos recuerdos de las enormes nubes negras que emanaban de la refinería, lo que ha afectado la imagen y credibilidad de la empresa.

“Cuando Southern empezó sus operaciones en los años cincuenta, contaminó severamente la costa producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves (El Comercio, 12 de abril de 2015).”

La megaminería es la actividad más militarizada del modelo extractivo; una de las más peligrosas y más precarias; extremadamente dañina al medio ambiente.

Los lugares cercanos a las minas pronto se ven rodeados por centros de trata de personas y se alienta a los trabajadores a que consuman drogas. Si el camión que arroyó a l@s peregrin@s se dirigía a la mina, la actividad nos estaría mostrando una más de sus violentas y desgarradoras caras, las cuales son tantas como las piezas que forman un cubo de rubik, y con la misma gama de matices.

La alta burocracia estatal ha declarado que no conocen el destino del camión y Jaime Santoyo ha dicho que el “Gobierno del Estado no tiene ninguna culpa y ninguna responsabilidad en esto.”, y que, “En momentos como éste se quieren deslindar responsabilidades, pero es un evento en el que existe evidentemente una falta de cuidado, a la negligencia del conductor, y probablemente del propietario del vehículo, si vieron el lugar de los hechos había el cuidado correspondiente” (La Jornada).

Coincido con que el lamentable suceso puede atribuirse a la falla de la maquinaria o a la negligencia del conductor, pero el fondo puede ser totalmente otro: Miguel Alonso se ha caracterizado por brindar un apoyo incondicional a los proyectos megamineros, incluso se ha jactado de ello en foros locales y nacionales; el secretario de gobierno debe de aceptar la culpa, y el denominado “gobierno” del estado debe de ser consciente de los riesgos que implica atraer intereses económicos de tal envergadura.

Debemos recordar también que la riqueza generada va a parar a pocas manos: en Zacatecas sólo quedan 18 centavos de dólar por cada mil dólares que salen, según investigadores de la Unidad Académica de Economía de la UAZ, como el Maestro Arturo Burnes.

No podemos seguir cayendo en la trampa: el pretexto de la generación de empleos a costa de explotación, humillación y riesgo permanente es cuestionable. ¡No más megaminería!