Por Manuel Narváez

Muy animada se encuentra la corriente que impulsa la despenalización del cultivo y comercialización de la Cannabis indica, mejor conocida como “marihuana” o “mariguana”, para fines recreativos. El uso medicinal para la CDMX ya fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia, el año pasado.

No es para menos el regocijo de quienes ven el fin de la prohibición para adquirir legalmente los derivados de esta planta alucinógena, ya que la futura secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, la impulsa como una de las medidas alternas para disminuir la elevadísimos índices de violencia como consecuencia de las disputas entre el crimen organizado que tutela su todo su proceso hasta el consumidor.

El primer personaje público de nivel en aludir el tema de la legalización dela mairguna fue Vicente Fox. Ya en su estatus de expresidente ha sido más insistente. Casi al fenecer su mandato, Enrique Peña Nieto prácticamente le da su aval por conducto del secretario de la defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien considera que puede ser una salida al problema de la violencia.

Para Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo Nacional, “Es una oportunidad de negocio legal relacionada con la industria médica, turística, la cosmética e industrial. Mientras en otros países le apuestan a la vida y a la riqueza, nosotros le apostamos a la muerte y a la pobreza… No podemos quedarnos cruzados de brazos para aprovechar esta oportunidad de negocio y de regresar a la paz de México”.

El  hijo del expresidente Miguel de la Madrid,  ex director de la Financiera Rural con Calderón y hoy secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, ha manifestado: “el sector requiere de estrategias relacionadas con el incremento de seguridad, entre ellas la legalización de la mariguana en el país”, se podría hacer sólo en puntos específicos como  Baja California Sur y en Quintana Roo, dos de los destinos turísticos más importantes de México.

Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, próximo representante del gobierno de López Obrador ante la ONU, opinó que es momento de legalizar las drogas en México, sobre todo la mariguana con fines médicos y lúdicos. A su vez, la bancada del PRI en el Senado presentó una iniciativa para despenalizar el cultivo, la siembra, la producción y el consumo de amapola con fines medicinales, y ayudaría a regularizar -ejemplifican- la situación de 250 mil personas que se dedican ilícitamente al cultivo de mariguana en el estado de Guerrero.

Hasta aquí la ruta de lo que ya se viene encima y la opinión de algunos que están a favor. Aclaro, en lo personal soy ajeno a esta corriente, sin embargo, considero de interés público exponer tan relevante tema.

Los datos duros nos dicen. Según la Encuesta Nacional de Consumo, de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), los estudios obtenidos hasta mediados del 2017, arrojan que los adolescentes comienzan a consumir mariguana a partir de los 10/11 años; en el 2011 solo el 2.4% de los menores de edad consumían drogas, hoy lo hace el 5.3% de la población total. El 10.2% de dicha población (8.6% adultos 18/65 años) ha probado alguna vez la yerba, el 3.3% la cocaína y el .9% las anfetaminas.

En contraparte, 32 millones de mexicanos han consumido o consumen alcohol y el 24% es fumador. Para Roy Rojas, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, en México los días jueves, viernes y sábado por la noche, se movilizan alrededor de 200 mil conductores bajo influencia del alcohol y por este motivo mueren al año aproximadamente 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol.

En el mismo contexto, el director de Atención Médica de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM destacó que el tabaquismo mata a diario 110 personas en México, en promedio, a causa del tabaquismo, lo que se traduce en unas 40 mil defunciones cada año.

Otros análisis estiman que el mayor consumo de la “mota”, “churro” o “porro” se da en los estados considerados dentro del triángulo dorado (Chihuahua, Durango y Sinaloa), pero es  en Jalisco (15.3%) y en Quintana Roo (14.9%), Baja California en menor escala,  donde existen los mayores porcentajes de consumidores comparados con la media nacional que es del 2.7%.

En caso de que México regule la cannabis indica, tal como lo están haciendo algunas entidades de Estados Unidos y como ocurrirá en todo Canadá, se generaría una industria de hasta 6 mil millones de dólares (mmdd), según estima la organización no gubernamental Semáforo Delictivo Nacional.

Una posible legalización permitirá en México acabar con gran parte de la violencia que se vive en el país, y generar recursos económicos lícitos vía fiscal que hoy se pierden en manos del narco. El ejemplo internacional a seguir es Turquía, donde el Ejército protege los cultivos de amapola que se venden a la industria farmacéutica mundial.

En EEUU el consumo de marihuana con fines recreativos ya es legal en ocho  estados. Los beneficios económicos producto de la legalización se cifran en 11.000 millones de dólares en 2018 con una previsión de alcanzar los 21,000 millones de 2021. (tomado del diario El Español)

El lado oscuro de la legalización con fines medicinales es que en 2017 hubo más de 216 millones de recetas de opiáceos en EEUU, de los cuales 11 millones de ciudadanos abusaron de la prescripción médica.

En la ruta crítica a la despenalización del cultivo y comercialización de la mariguana, ya sea para fines medicinales y/o lúdicos, implica dejar muy en claro la autorización para la explotación del cultivo en hogares y/o a campo abierto; que no afecte la producción de alimentos; que fije, sin lagunas ni dilación, la normatividad para la amnistía de los que fueron utilizados y obligados a cultivar, cosechar, trasladar y comercializar específicamente mariguana.

Junto con pegado, hay que informar sin prejuicios ni tabúes, sobre los efectos a la salud, porque es obvio que habrá un incremento considerable en el número de consumidores, sobre todo en menores de edad. No vaya a ser que nos salga más caro el caldo que las albóndigas, y tengamos que invertir más en salud de lo que se recaude en ingresos por la legalización de la “droga blanda”.