El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, sostuvo una reunión en Washington D.C. con representantes legales de México, Jonathan Lowy y Steve Shadowen, para dar seguimiento a las demandas interpuestas contra fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos.

En el marco de esta estrategia, el gobierno mexicano se prepara para la audiencia del próximo 4 de marzo en la Suprema Corte de Estados Unidos, donde se analizará si las empresas demandadas pueden acogerse a la inmunidad legal, pese a que sus prácticas han facilitado el tráfico ilícito de armas hacia México. Además, se revisó el avance del litigio en Arizona, el cual ha entrado en una nueva fase de recaudación de pruebas.

México inició esta batalla legal en 2021, con una primera demanda en Massachusetts contra ocho fabricantes y distribuidores de armas. Un año después, presentó una segunda demanda en Tucson, Arizona, dirigida a cinco tiendasque venden armamento de manera irresponsable. Según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU., se estima que anualmente 200,000 armas son traficadas ilegalmente hacia México, muchas de ellas terminando en manos del crimen organizado.

El gobierno mexicano continuará fortaleciendo su estrategia contra el tráfico ilícito de armas a nivel nacional, regional y global, utilizando todos los recursos legales a su alcance para reducir el flujo de armamento que alimenta la violencia en el país.