Al gobierno de los Estados Unidos de América no le interesa que México desarrolle y mantenga una soberanía energética, le interesa apropiarse del sector energético del país y privarle de su seguridad energética” sostuvo David Monreal Ávila, Senador de la República.

 

Anunció, y como era previsible, su voto contra la minuta pues se convertirá a México en una Nación totalmente dependiente en lo energético y lo económico, y por lo tanto también en lo político y lo militar.

Refirió que el gobierno insiste en que no va a privatizar Pemex y CFE, en efecto, las instalaciones no se venderán, pero sí se dará total acceso a las corporaciones privadas para que sean partícipes directos en la generación, conducción y distribución de la energía eléctrica. Asimismo serán acreedoras a la renta petrolera.

Cijo que se debe reconocer que la industria eléctrica y de hidrocarburos deben tener mayor capacidad de operación, invertir en investigación para generar tecnología, lograr una mayor eficiencia operativa, y brindar mejor servicios y precios.

Con los cambios realizados a los dictámenes en materia energética, no existirá autodeterminación científica y tecnológica en dicho sector, lo que profundizará y agravará la dependencia a las empresas privadas, consideró.

“Las leyes secundarias en materia de energía, de ninguna manera buscan beneficiar a los mexicanos, sino a las empresas privadas y extranjeras, muestra de ello es la autorización para la ocupación o afectación  superficial o la construcción de servidumbres legales, que se excusan bajo ocupaciones temporales, pero paradójicamente las Leyes no estipulan por cuánto tiempo será dicha ocupación”.

El conjunto de dictámenes que nos presentan en materia de energía, es la mayor regresión histórica en un siglo de historia de México; constituye el mayor despojo a la Nación desde la pérdida de los dos millones y medio de kilómetros cuadrados de territorio, recuerdo del siglo diecinueve, como consecuencia de la guerra e invasión estadounidense; y es una conjura en contra del pacto social establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprobado en 1917.

Por lo que su aprobación regresaría al país a la condición existente durante el régimen de Porfirio Díaz; es decir, previo a la expropiación petrolera que realizó el Presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938, con el respaldo de la sociedad mexicana.

Sostuvo que contrario a la declaración de supuestos beneficios, la aprobación equivale a la pérdida del dominio inminente de la Nación sobre todos los recursos de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos del subsuelo.