Por Gabriel Contreras Velázquez

La boda del ex gobernador priista ofuscó las informaciones que corrían a nivel nacional. Los medios de comunicación locales, distraídos por los detalles de las nupcias entre Miguel Alejandro y Lorena Corina Dafne Bárcena Robles en la Ciudad de México, privilegiaron algunos rumores -que luego se ratificarían o negarían con las fotos filtradas del evento- mientras que un legislador federal “ponía el cascabel al gato”.

El pasado 8 de marzo, la diputada Norma Rocío Nahle García intentaba desmentir, durante el noticiero matutino de Cármen Aristegui, las acusaciones públicas de su par panista, Jorge López Martín, con respecto a un supuesto acuerdo político entre el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Revolucionario Institucional para retirar el fuero al diputado veracruzano Tarek Abdalá Saad, ex tesorero del gobierno de Javier Duarte, a pesar de que el Servicio de Administración Tributaria, le confiscara más de 500 millones de pesos.

En la misma acusación, el panista deslizó un dato igualmente llamativo: la bancada de Morena en el Congreso de Nayarit, se negó a interponer un juicio político por enriquecimiento ilícito, cohecho, ejercicio indebido de funciones y desvío de recursos, contra el ex gobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, así como a sus ex secretarios de Finanzas y Contraloría, y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Sin embargo, pese a la negativa de Manuel Ramón Salcedo Osuna, y la abstención de su compañera diputada, Claudia Cruz Dionisio, integrantes del grupo parlamentario de Morena (y quienes traicionaron sus principios) en la entidad costera, así como los votos en contra del PRI; la solicitud para proceder en contra del ex gobernador y un grupo de ex funcionarios, fue concedida por 22 votos de las demás bancadas locales el pasado 22 de febrero.

Con la cédula de votación en mano, Jorge López Martín echó en cara a la coordinadora del partido de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara baja, la incongruencia de su instituto al no proceder en contra de las graves sospechas –que están siendo investigadas en la Procuraduría General de la República- de probables desvíos de recursos por alrededor de 2 mil 700 millones de pesos de la hacienda pública nayarita, a lo que Rocío Nahle respondió: “No sé… yo estoy hablando del congreso federal, donde coordino y presido… Yo no puedo ser responsable de algo que no coordino aquí en la Cámara de diputados.”

Sin embargo, la coordinadora de la bancada sí fue responsable de sus dichos el pasado 15 de septiembre del 2016, cuando en sesión legislativa de la Cámara de Diputados adelantó que presentaría una solicitud de juicio político contra el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, justo el mismo día en que el diario El Universal arrojara luz sobre las sospechas de corrupción aparejadas al sexenio del zacatecano, y el modus operandi que utilizó su administración para el desvío de recursos investigado.

Sobre el tema, López Martín reprochó también a Nahle García el por qué, pasado ¡un año y medio!, dicha solicitud no había sido procesada en un punto de acuerdo para su estudio en comisiones de San Lázaro, a lo que la coordinadora de Morena precisó que permanecían a la espera de la Cuenta Pública 2016 presentada por la Auditoría Superior de la Federación “para tener elementos, para presentar la solicitud de juicio político, porque no nada más lo podemos hacer porque no nos cae bien o porque son evidentes sus corrupciones. Necesitamos lo elementos.”

En una treintena de palabras, Rocío Nahle echó al suelo las denuncias que inició desde mayo del 2016 su compañera de partido, María Soledad Luévano Cantú, en contra del ex gobernador zacatecano por usar una red de 24 empresas para desviar, en promedio, casi 400 millones de pesos; expediente que, hasta ahora, ha permanecido en sigilo.

La falta de seguimiento de la oposición a las anteriores denuncias contra el ex gobernador, abona a los indicios de un probable acuerdo entre el PRI y Morena para evitar cualquier “cacería de brujas”. En su gira por la entidad Andrés Manuel quedó a deber una explicación del posible pacto. Ricardo Monreal Ávila, coordinador regional de su campaña, bien podría aclararlo.

Pero de acuerdo a lo dicho por Rocío Nahle en el mismo careo con Jorge López durante el noticiero de Aristegui, supuestamente en próximos días, junto con sus compañeros de bancada Mariana Trejo Flores y Alfredo Basurto Román (conocidos por cuestionar el proyecto de la Presa Milpillas en San Lázaro), presentarían la solicitud de juicio político en contra de Miguel Alonso, pendiente desde 2016.

Los elementos del punto de acuerdo muy probablemente descansarán en las denuncias penales que realizó la Auditoría Superior de la Federación este lunes 12 de marzo ante la PGR, a los gobiernos de 22 estados –entre los cuales se encuentra Zacatecas- por un total de 140 mil 338 millones de pesos sin solventar, en el periodo de enero de 2012 a enero de 2018.

A unos días de que concluyan los registros de candidaturas en los partidos políticos, la pretendida maniobra de Morena en la Cámara Baja asestaría un nuevo golpe a la imagen, de por sí abollada, de Miguel. Todo dependerá, como siempre, de la decisión de Andrés Manuel.

#Coincidencias: Y pensar que fuera el ex gobernador Alonso Reyes quien intentara posicionar a Zacatecas como un “destino favorito para el turismo de bodas”. Pues sucedió que prefirió el palacio del Casino Español, en la capital del país, para departir con sus cercanos (cómplices y amistades) una nueva etapa de su vida. Rezó el vox populi: “pendejo no es, no quería alboroto en su rancho”. Claro, sus amigos de piquete en el ombligo, cuadernos a doble raya (así dicen que les dice) Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Jose Antonio Meade Kuribreña, brillaron por su ausencia. ¡Ups!

Twitter: @GabrielConV