Por Fernando Aguilar

70 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN MEXICANA CON SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES

 

• 12 millones de diabéticos en el país
• El poder económico sobrepasa las fronteras

 

Usted apreciable lector, probablemente se preguntará ¿cómo es posible que si el país fue declarado en emergencia epidemiológica a consecuencia de los altos índices de sobrepeso, obesidad y diabetes, la industria de productos chatarra y refresquera sigan haciendo de las suyas? Y el mismo Presidente Enrique Peña y secretarios de Estado firman acuerdos con esa industria que tiene postrada al 70 por ciento de la población con ese problema y que han generado más de 12 millones de diabéticos. Muy sencillo, el poder económico sobrepasa las fronteras.

 

Para que se dé una idea, aquí tiene un ejemplo.

En los inicios de su mandato, la esposa de Barack Obama, hizo plantar un huerto en la Casa Blanca, y llamó a nutriólogos expertos para impulsar la comida sana en Estados Unidos, pero las empresas multinacionales pudieron más y bloquearon la iniciativa; y si eso hicieron en uno de los países más poderosos del orbe, qué no pueden hacer aquí en nuestro México y toda latinoamérica, se pregunta el investigador peruano Enrique Yakovich.

Es decir, en México, la industria chatarra o de productos ultraprocesados y refresquera, que en nada alimenta a la población, tiene de rodillas a toda la clase política, de acuerdo con el estudio “La Trama Oculta de la Epidemia: obesidad, industria alimentaria y conflicto de interés”, que fue presentado el pasado 28 de febrero en la Casa Lam de la Ciudad de México, por El Poder del Consumidor.

 

Entre otras cosas, el estudio refiere que: En 2008, cuando un grupo de expertos del Instituto Nacional de Salud Pública, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y las escuelas de Salud Pública de las universidades de Carolina y de Harvard, realizó las Recomendaciones de Bebidas para la Población Mexicana, y argumentó que, dada la situación de epidemia en el país y el alto consumo de bebidas calóricas “el aporte de bebidas no debe rebasar el 10% de las recomendaciones de energía”, y que no se recomendaba el consumo de bebidas azucaradas,100 profesionales con lazos directos con las empresas de alimentos y bebidas objetaron estas indicaciones y comentaron que “cualquier fuente de energía en exceso es dañina para la salud”.

 

Estuvieron firmadas, entre otros, por el Doctor Pedro Arroyo, que en ese momento era Secretario Técnico del Fondo Nestlé para la Nutrición, el Doctor Guillermo Meléndez de la Fundación Mexicana para la Salud quien fuera director ejecutivo del International Life Sciences Institute (ILSI) en su primera etapa (cuando invitaron al Dr. Rippe y fueron sancionados por ILSI internacional).

 

Pero un año antes de que se presentaran las recomendaciones, Josefina Vázquez Mota, como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), había firmado un convenio con PepsiCo para permitir a esta compañía entrar a las escuelas con su programa “Vive Saludable Escuelas” (una iniciativa “a favor de la buena alimentación y el deporte”). Como Secretaria de Educación, Vázquez Mota firmó el acuerdo con la cabeza de PepsiCo, Indra K. Nooyi.

 

Ese mismo año la SEP participó en otra alianza para la entrada de Coca-Cola en las escuelas a través de la campaña “Movimiento Bienestar”: La Secretaria Vazquez Mota, ante la demanda de sacar la comida chatarra de las escuelas, respondió que esa no era la opción; que había que enseñar a los niños a realizar elecciones saludables.

De esta manera reproducía así el discurso de la industria, que la obesidad es una responsabilidad individual, que no tiene que ver con un entorno y condiciones que la promueven, llevándolo al extremo de aplicarla a los niños.

 

Con la salida de Vázquez Mota y la entrada al frente de la SEP de Alonso Lujambio la posibilidad de promover una regulación de los alimentos y bebidas en las escuelas se presentó. En 2010, la propuesta se puso a consulta pública en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). De manera inmediata, la industria envió comentarios a la COFEMER quejándose respecto al inminente retiro de bebidas de alto contenido calórico de los planteles escolares.

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es decir, la clase empresarial en su conjunto, se manifestó en contra de que se garantizara un ambiente saludable a los niños en las escuelas. El CCE señaló: “la regulación no resolvería el problema (de la obesidad)” y comentó que las nuevas guías “atacaban a la industria del refresco” y que, en cambio, se debía promover la educación nutricional y el ejercicio y no etiquetar las comidas como “buenas o malas”.

 

Aunque la COFEMER accedió a la necesidad de regulación y se supone escuchó argumentos de expertos y padres de familia, cedió ante los argumentos centrales de la industria contra la regulación argumentando que el criterio de densidad calórica no se justificaba y aceptando como “alimentos líquidos” productos con azúcar añadido y edulcorantes no recomendados a niños como jugos, néctares, lácteos y derivados de soya envasados.

 

El concepto de densidad calórica era central en la regulación, establecía que un producto no podría tener más de 265 calorías por 100 gramos para entrar en las escuelas. No importaba si el producto era de 30 gramos, si en 100 gramos contenía más de 265 calorías no podría entrar.

 

En cambio, se estableció un máximo de calorías por porción. Al bloquear el criterio de densidad calórica, se creó el fenómeno de la minichatarra. Si un gansito no entraba en la escuela bajo el criterio de densidad calórica, sin importar que fuera un minigansito; con el criterio establecido por COFEMER respondiendo a la presión de la industria, el minigansito era permitido. Vino así la producción y entrada de la minichatarra a las escuelas.

De esta manera, los productos chatarra siguieron en las escuelas en presentaciones más pequeñas, ahora se comprarían dos en vez de uno y se evitaría el cambio a alimentos saludables. COFEMER se puso del lado de la industria y en contra de la propuesta de la SEP y la SS de Lujambio y Córdoba Villalobos. La industria, a través de la Secretaría de Economía, puso a COFEMER a su servicio.

 

Basta decir que los estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en escuelas públicas informaban que estos planteles se habían convertido en ambiente obesogénicos. Sus investigaciones informaban que los niños al salir de la jornada escolar ya habían consumido el 31% de las calorías requeridas para todo un día, antes de ingerir los alimentos de la comida y cena.

 

Pero también los legisladores están en medio de estos conflictos de intereses. Tan es así, que, en 2013, antes del establecimiento del impuesto de 10 % a las bebidas azucaradas, en la discusión en el Congreso podían participar personas que abiertamente poseían claros intereses en contra de la medida como la senadora del Partido de Acción Nacional (PAN) Martha Elena García Gómez de Nayarit.

 

La senadora era Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y esposa del ex gobernador de ese estado, Antonio Echevarría Domínguez, ahora presidente del Consejo de Administración del Grupo Empresarial Alica, concesionario en Nayarit de las marcas Coca-Cola, y del cual es parte el Grupo Embotellador Nayar.

 

Según su declaración patrimonial, la senadora es socia de las empresas Distribuidora en la Costa de Nayarit, Desarrollo Urbano de Nayarit y Fletes Alica, que transporta productos de Coca-Cola. Distribuidora de la Costa de Nayarit, su distribuidora en Coca-Cola en Puerto Vallarta.

 

En octubre de (2015) diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) intentaron, con su mayoría de votos, la modificación a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para reducir en 50 por ciento el impuesto a las bebidas azucaradas que tuvieran 5 gramos o menos de azúcar por cada 100 mililitros.

Gran parte del cabildeo fue realizado por el ex Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Genaro Borrego, y actualmente Director de Asuntos Corporativos de grupo FEMSA en conjunto con Jaime Zabludovsky, actual presidente ejecutivo de ConMéxico y ex alto funcionario del gobierno federal (Zabludovsky ofició entre otras cosas, de subjefe negociador del TLCAN).

 

Ante la presión de organizaciones no gubernamentales y de medios independientes, el Senado de la República frenó esa reducción, aprobada previamente en la Cámara de Diputados por la fracción priista, con el apoyo de la del Partido Acción Nacional.

Una de las preocupaciones centrales en ámbitos como el Congreso, es que, al no ser transparentes las contribuciones para las campañas, se fertiliza el terreno para que las compañías millonarias presionen y compren favores políticos.

De esta manera es como tienen maniatados a nuestros gobernantes y a la clase política: con el poder del dinero.