Dip. Ma. de la Luz Domínguez Campos

Hoy en Zacatecas es claro e inobjetable que se camina con un doble discurso por parte del Poder Ejecutivo, se no se respeta la legalidad; tampoco se ejerce y promueve los principios de un Estado Democrático, por el contrario pareciera que se camina hacia la autocracia y eso es sumamente grave y preocupante para todos los Zacatecanos, pues como señalará el maestro Ignacio Burgoa: “…la autocracia es la forma de gobierno en la cual el poder supremo del Estado reside en un solo individuo, sin que su actuación gubernativa esté sometida a las normas jurídicas preestablecidas, es decir, a normas que no provengan de su voluntad… en un régimen autocrático no existe el derecho positivo, sino que éste es creado por el sujeto que ejerce el poder pudiendo variarlo a su arbitrio…”.

Hoy deben darse cuenta que éste Poder lamentablemente se encuentra sometido por el chantaje, la amenaza o por intereses inconfesables, el caso es que las voces de los Diputados no fueron escuchadas, que muchos Legisladores no representan el interés ciudadano, sino el interés del Poder Ejecutivo y el suyo propio.

En un sistema democrático, todos los órganos del Estado deben actuar de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales, cumpliendo a cabalidad sus facultades, atribuciones y deberes dentro del ámbito de su competencia.

Ningún acto que provenga del poder público, independientemente de su naturaleza u órgano estatal, es válido y legítimo, sino cumple las disposiciones jurídicas vigentes y positivas de un régimen jurídico-político.

Por lo tanto, las prácticas, acciones, actos y en general el ejercicio del poder público de los gobernantes, deben realizarse dentro del marco de la legalidad y promoviendo en todo momento la democracia, porque ésta, expresada en lenguaje jurídico, es el cumplimiento irrestricto del Estado de Derecho.

La existencia de un Sistema Democrático y de un Estado de Derecho, se caracteriza obligatoriamente, por el imperio de la ley, el reconocimiento y respeto de las garantías individuales y la observancia del principio de división o separación de poderes, mismo que se erige como garante de la seguridad jurídica.

El principio de división de poderes garantiza que no se puede concentrar en un solo órgano del Estado las funciones legislativa, ejecutiva y judicial; lo que implica que esas tres funciones se ejercen separadamente por órganos estatales diferentes, de manera que su desempeño no se concentre en un solo órgano o individuo, como sí sucede en los regímenes monárquicos absolutistas o en los autocráticos y dictatoriales.

La existencia de tres poderes implica crear verdaderos frenos y contrapesos en el ejercicio del Poder Público, para evitar al avasallamiento de un poder sobre otro, particularmente del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, para ello se han creado los controles parlamentarios.

Los controles parlamentarios son un distintivo de las democracias modernas, su ausencia denota autoritarismo, así lo refiere el Dr. Miguel Carbonell Sánchez al señalar que “… a mayor grado de autoritarismo de un régimen político, menores espacios e instrumentos de control tendrá asignados el parlamento, como bien demuestra la historia política reciente de México…[1]” y abunda señalando “…El control parlamentario se ha convertido, de hecho, en una pieza central de cualquier Estado constitucional. Por la forma en que se lleva a cabo y por los sujetos que intervienen en su desarrollo, se encuentra íntimamente ligado al valor del pluralismo político, que junto con el principio de mayoría, es uno de los dos pilares fundamentales de ese tipo de Estado…” fin de la cita.

Los controles parlamentarios en los Estados Constitucionalistas Democráticos,  en sus diversas modalidades y formas de expresión, implican una serie de parámetros y actuaciones que van construyendo un espacio público democratizado, que se nutre con las distintas voces de la pluralidad política, de quienes ostentan las mayorías, pero también de quienes ostentan las minorías, éstas últimas, siempre deben ser escuchadas nunca atropelladas o pisoteadas.

En este contexto, corresponde a éste Poder Legislativo de manera general, determinadas facultades legislativas, político-administrativas y político-jurisdiccionales, y de manera particular la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, facultad que reviste importante relevancia para la vida económica de nuestra entidad y que se encuentra establecida en el artículo 65 fracción XII de la Constitución Política del Estado, y esto es así, porque de conformidad con el mandato constitucional, el Poder Ejecutivo no es un órgano hegemónico que pueda disponer a su arbitrio del gasto público estatal en sus diferentes programas, rubros, partidas y aplicaciones, sino que su conducta y actuación a este respecto, debe estar sometida a las determinaciones responsables de los Diputados que integran esta Asamblea Soberana.

Corresponde a los Diputados de la Sexagésima Legislatura del Estado de Zacatecas, en estricto apego a sus facultades y deberes como representantes auténticos de los Zacatecanos, desempeñar su función con alto espíritu de servicio al pueblo de Zacatecas,  sin embargo, al interior de las Comisiones de Hacienda no se realizó un estudio sistemático, tampoco un análisis exhaustivo de la Iniciativas de reformas a la Ley de Hacienda, de la iniciativa de Ley de Ingresos y menos aún de la iniciativa del Presupuesto de Egresos.

No se analizó los artículos de cada uno de estos instrumentos jurídicos fundamentales para la vida económica del Estado.

Lamentablemente no se analizó cada programa, cada capítulo, cada partida presupuestal del Presupuesto de Egresos y por el contrario, el documento que envío el Titular del Poder Ejecutivo se reprodujo en sus mismos términos, sin ninguna modificación, incluso hasta las faltas de ortografía se copiaron y pegaron.

Esta práctica de pretender aprobar Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, sin modificaciones o reasignaciones, era propia de hace 20 años, cuando existía el exacerbado presidencialismo mexicano, caracterizado por el predomino o avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo y sobre todo el sistema político. Entonces, existía una sumisión total y absoluta del Poder Legislativo al Gobernador del Estado.

Entonces eran tiempos donde el  Poder Legislativo apenas si se constituía en Oficialía de Partes del Poder Ejecutivo, en donde los Diputados consumaban las órdenes del Gobernador en turno, votando a favor desde su curul.

Sin embargo, señoras y señores Diputados algunos compañeros y zacatecanos creímos que esas prácticas habían sido desterradas, pero lamentablemente hemos constatado que efectivamente han regresado a esas viejas, retrogradas, antidemocráticas y perversas practicas y estilos de gobernar, en las que no se permite escuchar a las minorías, en donde no se permite la discusión abierta y transparente, en donde no se permite el debate parlamentario, en donde la discusión y los acuerdos se celebran en las oficinas del Poder Ejecutivo y no en las oficinas de este Poder Legislativo.

Hoy muchos de los integrantes de este Poder Legislativo han renunciado al mando popular de analizar, estudiar, proponer y modificar el Presupuesto de Egresos.

Hoy se está vulnerando a este Poder Legislativo, se anula el derecho de algunas diputadas y pocos diputados a discutir, proponer, modificar y reasignar recursos públicos para beneficiar a los Zacatecanos.

Pero además, se está traicionando a los Zacatecanos que emitieron su voto para que sus representantes populares, que ocupan hoy una curul, acudieran a este Poder a escucharlos y a gestionar los recursos para la solución de sus problemas.

Que lastima que eso acontezca, que vergüenza han de sentir los Zacatecanos que pensaron serían representados por quienes hoy no quieren cumplir con su responsabilidad del pueblo en este Poder.

Que falta de respeto para las organizaciones sociales, para diversas instituciones educativas, para organismos públicos autónomos, para el Tribunal de Justicia Electoral del Estado y para muchos Zacatecanos que acudieron a pedir ser escuchados por los integrantes de las Comisiones de Hacienda, creyendo ilusamente que aquí es en donde se decidiría el destino de los recursos públicos.

Que falta de respeto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, Instituto Electoral, Comisión de Acceso a la Información Pública, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia Electoral, y todos aquellos que desfilaron por sus oficinas a solicitar su respaldo solidario.

A pesar de todo, se aprueba el Presupuesto de Egresos, y seguramente la historia y el pueblo de Zacatecas enjuiciarán puntualmente el autoritarismo de este nuevo gobierno.

Hoy no hay capacidad para el diálogo y la discusión transparente, solo para reprimir y enviar a las policías a entrometerse en la sala de sesión habilitada por el Poder Legislativo y a reprimir a las organizaciones sociales.

Lamentamos profundamente estas actitudes y exigimos un ejercicio del gobierno democrático y legal.  

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[1] Miguel Carbonell Sánchez, “Los conflictos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en México”, Revista Juridica IUS, Universidad Latina de América.