Dado que no procedieron, los diputados de la Legislatura del Estado de Zacatecas no fincaron responsabilidad administrativa contra integrantes de los Ayuntamientos de Moyahua de Estrada, Melchor Ocampo, Trinidad García de la Cadena, Noria de Ángeles, Trancoso, Vetagrande, Juan Aldama, Pánuco y General Enrique Estrada.
En sesión ordinaria celebrada este jueves, por unanimidad se aprObó un paquete de dictámenes presentados por la Comisión Legislativa Jurisdiccional, respecto de las denuncias para el fincamiento de responsabilidades administrativas de los ayuntamientos mencionados.
Se estableció en los dictámenes aprobados no ha lugar a fincar responsabilidad administrativa alguna en contra de los ex funcionarios, porque acreditaron con el acuse de recibo expedido por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que rindieron su Declaración de Situación Patrimonial Anual correspondiente al año 2014 en tiempo y forma.
Durante la discusión en lo general, las diputadas Guadalupe Flores Escobedo y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre participaron para hablar a favor de los dictámenes.
Se presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2018, del municipio de Genaro Codina, Zacatecas.
El diputado Gustavo Uribe Góngora presentó el decreto para adicionar el artículo 148 Bis al Código Penal para el Estado de Zacatecas, tras considerar que las corporaciones de seguridad pública ocasionalmente se ven envueltas en persecuciones de sujetos de los que se presume su actuación delictuosa, para evadir a las fuerzas del orden público, y utilizan estrategias para impedir u obstaculizar su seguimiento.
Tal es el caso de algunos instrumentos en forma de estrellas, púas o picos, que han sido utilizados en contra de vehículos de las corporaciones de seguridad mientras se encuentran en el desempeño de sus labores, con el objetivo de dañar o ponchar los neumáticos de los mismos y con ello impedir su llegada a algún punto o retrasarlos en alguna persecución.
Esas acciones debilitan las acciones que se emprenden para garantizar la seguridad pública y para la detención oportuna de responsables de la comisión de actos delictivos en los casos de flagrancia, es decir, se trata de artimañas que son utilizadas para darse a la fuga ante una muy probable detención por parte de las fuerzas de seguridad, complicando de manera considerable la aplicación de justicia, por lo que se propone que en el Código Penal del Estado se contemplen conductas que atentan contra la seguridad de los conductores de todo tipo de vehículos, generando una penalidad de seis meses a cinco años de prisión y multa de 25 a 100 cuotas.
El diputado Carlos Peña Badillo planteó el proyecto de decreto para adicionar un artículo 49 Bis a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, para políticas públicas de inclusión verdadera al desarrollo social de las personas con discapacidad, en particular de quienes tienen un problema auditivo.
La propuesta consiste en que las autoridades estatales y municipales que lleven a cabo algún tipo de acto público, incluyan la participación de una persona especialista en lenguaje de señas, para que el evento la información logre llegar a todas las audiencias.
La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés sometió la consideración de la Asamblea la Iniciativa con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno, promueva la creación de un fideicomiso con un monto de 7.5 millones de pesos, que será destinado a la apertura y operación de las zonas arqueológicas del Estado, “Las Ventanas”, “Cerro del Teúl”, “Alta Vista” y la “Quemada”; además para que en conjunto con la Secretaría de Turismo, celebre los convenios de coordinación y colaboración respectivos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para la apertura y operación de las citadas zonas arqueológicas.
Asegura que el sur del estado, en especial la región donde se ubican estos sitios, deben ser objeto de una especial atención y por ello, considera importante destinarse más recursos para el impulso de proyectos turísticos y culturales, ya que la implementación de acciones en esta región permitirá generar empleos y una mayor derrama económica.
La diputada Ma. Guadalupe González Martínez dio a conocer a los diputados, un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública a que revisen la actuación de sus autoridades y personal de la Dirección de Policía y de Seguridad Vial, para detectar cualquier irregularidad, ilegalidad o abuso en su actuación y, en particular, en el operativo del alcoholímetro a efecto de tomar las medidas correctivas o sancionadoras correspondientes, o en caso contrario, para esclarecer falsas acusaciones y mejorar el ambiente institucional y laboral entre los mandos y el personal operativo de dicha corporación.
Contempla que la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Policía de Seguridad Vial, emprendan las gestiones o negociaciones necesarias con la Secretaría de Finanzas y con las instancias gubernamentales correspondientes, a fin de lograr aumentar el sueldo de los agentes o, en su caso, generar algunos estímulos económicos para mejorar su situación contractual, laboral y económica.
Lo anterior porque en la actualidad la ciudadanía está expuesta a riesgos, abusos y peligros a causa de la delincuencia y lo que menos espera, es que sus autoridades abonen a contaminar más el ambiente social con prácticas ilegales, vicios y corruptelas, y por el contrario, los zacatecanos exigen que todas las corporaciones de seguridad se conduzcan con apego a la legalidad y espíritu de servicio; que se erradiquen todos los vicios y conductas ilegales como el hostigamiento y agresión a los conductores, así como la implementación de cuotas obligatorias para los agentes con el fin de aumentar recaudación por medio de multas en perjuicio de los conductores, entre otras.
En otro punto, se presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto remitida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, por la cual solicita a esta Asamblea le autorice a desincorporar de su patrimonio una superficie de 22,390.824 metros cuadrados, para su posterior enajenación en la modalidad de donación a favor del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a fin de que se lleve a cabo el proyecto de edificación de la nueva sede del citado poder.