En un mensaje a los zacatecanos Osvaldo Ávila, líder antorchista en Zacatecas, se pronunció por la defensa del derecho de organización que está contenido en el Artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

En la Ley de Leyes se manifiestan también las obligaciones de los ciudadanos del país en 136 artículos y 19 transitorios que precisan las garantías individuales y se determina quién es el responsable de ejecutarlas, así como los mecanismos con los que cuenta el mexicano para hacerlos efectivos.

Ávila Tizcareño llamó a los zacatecanos a defender el derecho de organización, pues el movimiento que dirige por más de 48 años ha buscado que se logre una mejor distribución de la riqueza social, porque está demostrado que por más que la gente se esfuerce, es difícil salir adelante con sus familias, lo que justifica la asociación con fines pacíficos para gestionar su propio bienestar.

“Con Morena vivimos un momento particularmente complejo donde existe una terrible crisis de inseguridad que le cuesta la vida a centenas de personas, sumando más de 132 mil víctimas en lo que va del actual sexenio y en lo local la situación delincuencial ubica a Zacatecas como la cuarta entidad con el mayor número de asesinatos por cada 100 mil habitantes, es decir, más del doble de la media nacional de 90 casos, y a pesar de la entrega de becas y de perseguir a las organizaciones las cosas no cambian”, apuntó.

El líder social aseveró que es urgente hacer efectivos los artículos que tratan de los derechos humanos y las garantías individuales, “porque con la 4t están en riesgo asuntos como la libertad de expresión, la libre asociación, el derecho a la educación, la salud, la alimentación o la vivienda, que son garantías a las que tenemos derecho”, sin embargo, la crisis generalizada en todos los ámbitos da cuenta de la incongruencia entre la realidad y lo contenido en la ley.

Además, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), en 2020 eran 442,623 viviendas el total del estado, de ellas el 72 % tiene de una a dos recamaras y el 51% tienen piso de cemento. Por otra parte, el 22% es de paredes con materiales provisionales, el 23% no tiene agua potable y el 17% no cuenta con drenaje sanitario; en el tema educativo el grado de escolaridad era de apenas el tercero de secundaria.

A esto se suma la ausencia de servicios de calidad como el agua entubada, la energía eléctrica, la pavimentación de calles o carreteras dignas que son el resultado de la política centralista que ha desaparecido programas como el ramo 23 o el 3×1 y así podríamos seguir enlistando los males que vivimos, pero basta decir que resulta francamente inconcebible tal circunstancia, pues existe el marco legal que daría pie a una situación distinta.

Finalmente reiteró su llamado para la conformación de una gran fuerza social que haga efectivos los derechos y que sin miedo a represalias levante la voz, que no admita excusas, que entienda bien que a pesar de que los gobernantes juraron harían valer la ley, sólo el pueblo organizado puede lograr la intervención del estado contribuyendo al equilibrio social, pero para eso, se requiere que asuma una actitud firme y decidida.