COMUNICADO DE HORTENSIA ARAGÓN

La aprobación de las reformas a la Ley del IMSS, avaladas el día de ayer por la mayoría priista en la Cámara de Diputados, demuestran una vez más el cálculo electoral con el que el Partido Revolucionario Institucional se conduce en las discusiones que sobre el presupuesto se llevan a cabo actualmente, aun y cuando dicha decisión atenta contra las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social y contribuye a la privatización de los servicios de salud que presta el mismo.

Detrás de las medidas que tentativamente buscan satisfacer una demanda que por décadas ha permeado entre los usuarios de los servicios médicos que presta el Estado se esconden los negocios millonarios de la familia de Jorge Emilio González Martínez.

Con el aval a la llamada Ley Simi, el PRI paga la lealtad del Partido Verde Ecologista de México y le cumple una de sus ofertas electorales con las que seguramente tratará de sorprender nuevamente a los ciudadanos en su búsqueda de votos. Con este acto se cierra el acuerdo entre ambos partidos para ir de nuevo como aliados en las elecciones que se avecinan en 2011 y 2012.

Queda como lamentable precedente de este hecho el desaseo con el que se condujo el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien hizo caso omiso de la forma incorrecta como se presentó el dictamen y dejó en evidencia la conducción facciosa del procedimiento para evadir los señalamientos y objeciones que se formularon respecto al contenido del mismo.

Tal parece que con esta muestra de apoyo incondicional al programa y plataforma electoral del PVEM, el PRI se ha comprometido de facto a impulsar también la pena de muerte a secuestradores y violadores.

La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática apoyará las medidas que decidan llevar a cabo los miembros de nuestra bancada en San Lázaro en la búsqueda de evitar los acuerdos que buscan privilegiar los negocios de unas cuantas familias, intereses que atentan contra las finanzas del Seguro Social y abre la puerta a la privatización paulatina de los servicios que brinda el Instituto.