Por: Manuel Narváez Narváez

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En sus propias narices, el gobierno de Peña Nieto, a través de la Sedesol y la SCT, les va restregar a la partidocracia y al reeditado Instituto Nacional de Elecciones (INE), antes (IFE), cómo se adquieren favores electorales burlando la Ley.

Con el pretexto de emigrar de la vieja tecnología análoga a la era de la digitalización, desde el segundo día del 2015, año de las elecciones federales intermedias para renovar, o reciclar la cámara de diputados, el gobierno priísta va a cambiarle el viejo aparato receptor de señal de televisión a más de 7 millones de hogares mexicanos en situación de pobreza, o pobreza extrema.

Tal descaro, que no es exclusivo del PRI, descansa en la complicidad de las y los señores diputados federales, pues la multimillonaria partida presupuestal para adquirir los aparatos, aún se desconoce la marca beneficiada con la compra, fue aprobada por ellos mismos en el presupuesto de egresos de la nación.

“El problema no es problema, el problema es que no me confío”, parafraseando la rola de Arjona. Yo no me opongo a qué los marginados y desplazados del presupuesto, por lo menos de los últimos 114 años desde que estalló la revolución mexicana, y que suman más de 60 millones; reciban la ayuda del gobierno por medio de programas sociales, a sabiendas que es consentir el paternalismo, ese no es el problema mayor, la bronca subyace en el tipo de la ayuda y la forma en que se va a hacer.

No fue lo mismo cuando el gobierno de Calderón apoyaba con un bono de 1500 pesos a las familias humildes para cambiar su refrigerador viejo por uno nuevo, a entregar sin más ni más una pantalla de 21 pulgadas a millones de hogares empobrecidos. Un refrigerador no es un artículo de lujo, una pantalla sí lo es, peor todavía si es para sintonizar la programación idiotizante, propagandística e infumable de Televisa y TV Azteca.

A poco creen ustedes estimados lectores que los beneficiarios de semejante obsequio no vayan a sentirse obligados a pagar el favor?, ¿a poco les serán entregadas con la honestidad, imparcialidad y desinterés que exigen las heladas, digo heladas porque es letra muerta, reglas de operación que rigen los programas sociales?.

El que podría convertirse en el primer escándalo electoral del gobierno de Peña,  transita libre y sin investigación alguna por parte de las encopetadas, entaconadas, elegantes y extravagantes  legisladores aztecas, quienes tienen la obligación constitucional de velar por el buen uso de los recursos públicos.

Desde la aprobación de la partida presupuestal, los honorables congresistas debieron haber advertido la jugada electorera y puesto los candados para evitarla, candados que hasta el momento nadie conoce, salvo ellos, supongo, porque si van a confiar en la aplicación de las reglas de operación y en el criterio de los mensajeros de la Sedesol, pos que jodida va a estar la cosa.

Para soportar mi desconfianza por el trabajo que realizan servidores públicos y funcionarios, en este caso de la esfera federal, voy a compartirles un dato duro del programa oportunidades que operaba el gobierno de Fox, en los inicios de su gestión.

En 2002, teniendo el honor de ser parte de la LVIII legislatura federal y siendo titular de la representación popular del distrito VIII en el estado de Chihuahua, solicité a mis colaboradores corroborar los perfiles de los beneficiarios del programa oportunidades en el distrito electoral que me correspondía.

Al cabo de un mes de trabajo en campo, de los poco más de 1300 hogares empadronados en el programa oportunidades, más del 10% no cumplía con el perfil, es decir, el tipo de vivienda, los ingresos y los vehículos propios los colocaban en una posición ventajosa sobre miles de personas que se quedaron fuera de los apoyos.

Sobre el particular cuestioné a la entonces delegada en el estado y al oficial mayor de la Sedesol a nivel nacional. De la primera, una vaca sagrada del panismo coahuilense y chihuahuenses, recibí solo respuestas de incomodidad, pese a que sustenté que las maniobras de empadronamiento corrieron a cargo de un regidor panista y un funcionario municipal que más tarde sería alcalde. Del segundo hubo un poco más de vergüenza y me dijo: “Manuel, en efecto, tenemos problemas en más del 12% del padrón del programa”; o sea, el oficial mayor reconoció que más de 800 millones pesos de aquellos años, eran repartidos a personas que no cumplían con los perfiles de beneficiarios.

Ya no se trata de sacar de la miseria alimentaria, médica, educativa, etc, etc, a tantos millones de compatriotas, sino de mantenerlos así, dependientes de las dádivas del gobierno.

Con la larga historia de tropelías que condenan por igual a tricolores, azules, amarillos, verdes,  rojos, naranjas, de chile o de manteca, no tengo la menor duda que la elección federal del próximo año va a continuar en la espesa inmundicia que caracteriza al sistema electoral mexicano. Sin la posibilidad, ni esperanza siquiera, de que las y los distinguidos legisladores federales sean capaces de salir de los clichés y las fotografías, para leer y revisar lo que votan, y recorrer sus distritos para corroborar que el gobierno de la república realicé con pulcritud la distribución de los programas sociales y el buen destino de los recursos federales.

P.D. Al Instituto Electoral Nacional ni los molesto, es un caso perdido. Representan la misma gata del IFE, pero revolcada. El domingo 18 de mayo los panistas eligen entre los moches y impunidad.