La diputada María Elena Ortega Cortés presentó un punto de acuerdo para que la legislatura del Estado llame a comparecer al Fiscal General de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco,  para que informe el estado que guarda la prevención, atención y combate al creciente problema de feminicidio en la entidad.

Pero también las acciones a implementar para sancionar y erradicar este delito, y para que se dé cuenta de los avances en los casos de los feminicidios de Cintya, San Juana, y los demás sin resolver, porpuso la diputada la tarde del martes en la sesión de la comisión permanente de la Legislatura del Estado de Zacatecas.

Argumentó que la prevalencia del feminicidio es la más clara evidencia de que la violencia y la misoginia en contra de las mujeres, es uno de los problemas más actuales y preocupantes en Zacatecas.

La diputada resaltó los esfuerzos realizados por el Poder Legislativo para atender este creciente problema, y recordó que se tipificó el delito de feminicidio para visibilizar la magnitud y consecuencias de la discriminación de género, pero es necesario continuar con el trabajo conjunto para beneficiar a las mujeres zacatecanas y lograr que las instituciones y las leyes cumplan con la finalidad para la que fueron creadas.

Por otra parte. los diputados conocieron el comunicado remitido por el Fiscal General de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, para solicitar la declaración de procedencia y separación del cargo del ciudadano Oswaldo Sabag Hamadani, presidente municipal de Cañitas de Felipe Pescador.

El propósito es que de que pueda continuar el procedimiento penal, por considerar que ha participado  en calidad de coautor en los hechos que la ley señala como los delitos de Desobediencia y Resistencia de Particulares, Abuso de Autoridad, y Falsificación de Documentos, mismos que se encuentran previstos en el Código Penal del Estado, y que se dicen cometidos en perjuicio de los ciudadanos Virna Juanita Ramírez González y Gerardo Carrillo Nava, síndica y regidor de dicho municipio.

La diputada Lorena Esperanza Oropeza Muñoz expuso la iniciativa mediante la cual se propone reformar la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

El planteamiento tiene como propósito que no se obstaculice a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para que suscriba un convenio de incorporación  voluntaria al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que pueda ser reconocido y garantizado el derecho  a la seguridad social de sus trabajadores, quienes a la fecha carecen de ese derecho y han pedido su reconocimiento bajo las condiciones de los tratados internacionales y la propia constitución.

Ante la Comisión Permanente se dio lectura de la iniciativa con proyecto de decreto remitida por el gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, por el cual se solicita la autorización de la LXII Legislatura para la desincorporación de un predio ubicado en el circuito Cerro el Gato de esta ciudad de Zacatecas, con superficie de 4 mil 035.078 metros cuadrados, y su posterior enajenación en la modalidad de donación en favor del Poder Ejecutivo Federal, con destino a la Delegación de la Secretaría de Educación Pública del Estado, a fin de que se construyan sus oficinas administrativas y con ello tener representatividad en la entidad.

El alcalde de Valparaíso, Mario Carrillo Castañeda, envió a la legislatura del Estado una iniciativa con proyecto de decreto, por el que busca la autorización para gestionar y contratar a largo plazo la prestación del servicio de alumbrado público, mediante la concesión parcial del alumbrado público municipal.

El edil justificó su propuesta reconociendo que el servicio de alumbrado público es una obligación del municipio, sin embargo destacó que no se tienen los recursos suficientes para renovar y dar el mantenimiento que el sistema de alumbrado requiere para poder brindar a la población un servicio con un alto nivel de eficiencia. Con la propuesta se permitiría al municipio para que gestione y celebre por conducto de sus representantes legalmente facultados, con la persona moral denominada Lumenergia, SAPI de C.V., como Inversionista Prestador, mediante el proceso de adjudicación directa y bajo el esquema de Concesión Parcial, para desarrollar el “Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público del Municipio de Valparaíso”, consistente en la sustitución de las 7 mil  321 luminarias actualmente instaladas.

En voz del diputado Luis Medina Lizalde se dio lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, para que se autorice al ayuntamiento de Loreto, a desincorporar de su patrimonio un bien inmueble y su posterior enajenación bajo la modalidad de donación, a favor de la delegación D-IV-11 de Jubilados y Pensionados.

De lograrse la aprobación de la propuesta, se podría realizar la construcción de un espacio en el cual los integrantes de la mencionada delegación podrían llevar a cabo reuniones, talleres y otras actividades que incentiven y promuevan la convivencia y el desarrollo humano, beneficiando así a más de 400 personas.

La diputada María Elena Ortega Cortés dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto, para reformar el decreto 652, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del gobierno del Estado, tomo CXXVI de fecha 8 de octubre de 2016, mediante el cual se autorizó la enajenación bajo modalidad de donación, de diversos bienes inmuebles a favor del Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas, con el objeto de regularizar los asentamientos irregulares. La solicitud tiene que ver con la modificación de las superficies correspondientes a las colonias: Progresistas, La Fe y Colonia SUTSEMOP.

Las y los diputados Gustavo Uribe Góngora, José Luis Medina Lizalde, Lorena Esperanza Oropeza Muñoz y María Elena Ortega Cortés, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. El objetivo de la propuesta es lograr que los ayuntamientos tengan reglas claras respecto a los salarios que reciben los funcionarios municipales, en específico los regidores. De acuerdo a los promotores de la iniciativa, con esta medida se permitirá consolidar el proceso de transición democrática, y dar certidumbre y confianza a la sociedad.

Se destaca que el enorme monto de las remuneraciones salariales que se auto designan muchos funcionarios municipales bajo distintos conceptos, como es el caso de los regidores, representa una muestra de insensibilidad de la clase política, lo que incrementa el descrédito de las instituciones y el desencanto social. Con la propuesta se pretende desaparecer conceptos como: bonos, ayudas, premios, recompensas, estímulos, gastos de representación, comisiones, compensaciones o cualquier otra remuneración que se auto designen los regidores. Se reiteró que la administración pública municipal debe profesionalizarse cada vez más, y sus funcionarios deben sentar las bases de la honestidad y del compromiso social y político para con la ciudadanía; de avalarse la iniciativa, ni el Síndico ni los regidores podrán ejercer recursos bajo el concepto de gasto social, ayuda social o análogo.

 

 

Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia

 

La diputada Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, así como los legisladores Carlos Peña Badillo, Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, y José Luis Medina Lizalde, plantearon la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Con esta reforma se busca la creación de Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución  de los delitos de tortura, desaparición forzada de personas, y desaparición cometida por particulares, mismas que deberán contar con recursos financieros, humanos, materiales, y técnicos especializados y multidisciplinarios que se requieran para su efectiva operación.

Con este instrumento se prevé el andamiaje institucional para dar cumplimiento a las disposiciones generales contempladas, y garantizar las condiciones organizacionales que favorezcan el combate efectivo de dichos delios, mediante la implementación de instancias especializadas.