“¡Ya basta, porque nos colmaron la paciencia y no cumplen los compromisos”!, dijeron un grupo de ejidatarios de la zona de influencia de la Minera Peñasquito, que mantienen tomadas las instalaciones de la empresa de Gold Corp desde hace tres días, exigieron que detenga los daños ocasionados a la salud, territorio y ambiente.

Advirtieron, en conferencia de prensa. que no se retirarán hasta que .haya diálogo directo con la empresa

En la conferencia los acompañaron José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), y Felipe Pinedo Hernández, dirigente del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM).

Los afectados de las comunidades de Cedros, El Vergel, Mesas y El Rodeo, entre otras, dijeron que Peñasquito ha hecho más daño que beneficio, y no han cumplido la mínima parte de los compromisos establecidos desde el 2009.

José Narro Céspedes afirmó que seguirán la lucha para validar el derecho al agua y a la vida, pues el fondo de todo el conflicto es el no cumplimiento de compromisos desde hace ocho años.

Dijo que la empresa incumple con la construcción de un hospital, una escuela y un centro de artes y oficios, tampoco repara carreteras y servicios de agua potable agua potable para las comunidades, y la que mandan de sus pozos ya está contaminada.

Agregó que mientras la mina sigue creciendo y ocupando más espacio, las aguas de los ejidos de El Vergel y otros se hayan ido acabando por su expansión.

“En cada acuerdo no cumplen compromisos, porque sienten que son dueños de vidas, del agua y de la tierra y creen que porque tienen comprado al gobierno, a la gente le van hacer lo mismo, pero no los van a comprar, ni a nuestras tierras ni a nuestro recursos naturales”, sentenció Narro Céspedes.

Consideró que no es suficiente con el pago del impuesto minero, lo que es muy diferente a que cumplen el compromiso de resarcir los daños ocasionados en la región.

La minera, dijo, no ha hecho obras, porque son fuete de corrupción, “y por eso exigimos que se cambien las reglas de operación del fondo minero para que los recursos los manejen las comunidades, con planeación democrática y no sigamos un fondo minero que no sabe a dónde se van los recursos, menos a las comunidades afectadas”, sostuvo.

Dijo que estamos de acuerdo con el impuesto ecológico, pero no estamos dispuestos a ceder nuestros derechos, a no ser por un impuesto justo que no se utiliza para mitigar los daños ocasionados por la minería.

Exhortó al gobierno del estado a que presente la propuesta en la Ley de Ingresos de Zacatecas para el 2018, para poder ir solventando los graves daños ecológicos por la erosión y la degradación del suelo y de los recursos naturales.

“Han acabado con nuestros pozos de riego”: J. Cruz Barrios

J. Cruz Barrios, comisariado ejidal de El Vergel, dijo que los miembros del FCAM siempre hemos estado abiertos al diálogo con la mina pero los convenios nos los han cumplido porque dicen que no hay daño de ninguna forma.

Dijo que la mina invade ejidos sin pedir permiso, hacen destrozos de caminos y, en lugar de restaurar, hacen más daño al medio ambiente y a raíz de eso el agua pluvial ya no toma su dirección porque los estanques para captar el agua ya están secos y se niegan a resarcir los daños ecológicos.

Mencionó que en 2013 la empresa se comprometió a dotar de pozos de riego, pero ellos mismos se los están acabando.

Por su parte, Miguel Ángel Treviño, de El Rodeo, dijo que la toma de la mina también obedece a que este ejido tiene 280 hectáreas rentadas a la minera, pero han ocasionado el año mayor al atravesar bordos para hacer obras y apenas acaban de reconocer el daño.

Tampoco han cumplido con el compromiso del empleo porque la mayoría de la gente que trabaja es de otros estados y nosotros no tenemos a ninguna gente trabajando ahí.

“Empeñada la empresa a criminalizar la lucha social”: Felipe Pinedo

Felipe Pinedo Hernández, dirigente del FCAM, movimiento respaldado por la CNPA y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), lamentó por enésima ocasión que la minera le quiera dar la vuelta a las exigencias legítimas de la gente.

Dijo que al no tener otra alternativa de solución la minera Peñasquito interpuso una denuncia penal contra Cruz Barios y él mismo por extorsión, delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y secuestro, pero esos son sus mecanismos para criminalizar la lucha social.

“Nuestra lucha es por los derechos humanos de los compañeros del FCAM, y exigimos  el cese al hostigamiento, la contaminación del agua, del medio ambiente y las agresiones permanentes al territorio”, sostuvo.

Dijo que se prepara una denuncia internacional que evidencia que Minera Peñasquito ha generado contaminación con carácter cancerígeno en el caso del agua, pues está comprobado que el selenio se concentra a partir de los 500 metros de profundidad y ellos con sus pozos de Un mil y 700 metros de profundidad han llevado el agua cancerígena a las comunidades, incrementando las enfermedades por lo que la preñez de las mujeres no llega a buen fin, pues se han dado casos generalizados de partos prematuros.

“Vamos a llevar esta lucha hasta las últimas consecuencias contra directivos y contra las  prácticas ecocidas en la región por parte de la minera” finalizó Felipe Pinedo.