Gabriel Contreras Velázquez

El bloqueo más reciente a la mina Peñasquito puede marcar un antes y un después en la historia política de José Narro Céspedes. Acostumbrado al clientelismo de grupos vulnerables -por su amplia rentabilidad pública y financiera- el portador de la casaca de “lucha social” aprendió a dimensionar los conflictos de poder desde la visión de los excluidos.

Los sectores marginados de Zacatecas y estados aledaños se convirtieron en el campo más fértil para la praxis del tamaulipeco. Ahí, el discurso de los desposeídos frente al capital y los partidos hegemónicos dio contextura a su nicho político, que en términos llanos obedecía al ejercicio de poder monopolizado. Lo mismo que un cacique, pero de la “lucha social” que encabezaba.

Su desarrollo lo llevó a construir el Frente de Lucha Popular de Zacatecas (FPLZ) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), arietes con los que vinculó eficazmente sus clientelas en el PRD, el PT, nuevamente el PRD, y ahora en Morena. El fin último: institucionalizar las formas de “rebeldía” como medios de acceso a los espacios de poder y al presupuesto.

Esas formas de rebeldía fueron abracando otros colectivos que abanderaban luchas “anti-sistémicas”, pero domesticadas dentro de las instituciones de gobierno, los partidos y las aulas. Durante la LXII Legislatura, la diputada Mónica Borrego Estrada dio muestra de la amplia gama de grupos hasta donde se extendía la influencia de Narro Céspedes.

En este espacio dimos a conocer el pasado 29 de junio del 2018, cómo la legisladora, entonces (y nuevamente) presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, entregó 4 millones de pesos del presupuesto estatal a asociaciones civiles ligadas a los colectivos de lucha identificados con José Narro y su esposa, otra exdiputada, Eugenia Flores Hernández.

Mediante un albazo a sus compañeros de Comisión, Borrego Estrada encontró la manera de que el presupuesto destinado a distintas asociaciones civiles “con gran sentido social” terminaran en las arcas de la red de “grupos en rebeldía”, acostumbrados al amparo del erario.

Como documento de referencia se tomó la copia del “acta para a distribuir los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2017 asignados a la Secretaría de Finanzas por orden de los 4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.) para “asociaciones civiles”.”

Entre los organismos civiles se encuentra “el Colectivo “Techiyaliztli”, uno de los más favorecidos por la exdiputada Eugenia Flores [desde la misma Comisión de Grupos Vulnerables] en la LXI Legislatura, y que en esta ocasión recibió la jugosa cantidad de un millón 464 mil pesos”, se apuntó en esa ocasión.

Hoy, a los funcionarios del Gobierno del Estado involucrados en el proyecto de infraestructura de la Presa Milpillas probablemente les resulte conocido ese nombre, pues existen indicios de la participación del colectivo Techiyaliztli, mediante asesoría legal, a los ejidatarios que han sido convencidos por la Red Mexicana de Afectados por la Minería para pronunciarse en contra del “proyecto depredador” o “proyecto de muerte”.

Las otras tres asociaciones civiles a las que Mónica Borrego abrió la chequera legislativa fueron el “Grupo Tiempo de Vivir A.C., Albergue y Centro de Vinculación Social” (mismos vínculos políticos), con un millón 347 mil 900 pesos; la Fundación Sonia Felix Cherit, Cassa Engracia A.C. que obtuvo 804 mil pesos; y una tal “Rondalla Femenil Zacatecas” con los últimos 384 mil pesos.

Este modelo de triangulación de recursos a “colectivos” vinculados con las “rebeldías” con las que se identifica Narro Céspedes, retrata nítidamente el proceso de sofisticación de lo que aquí llamamos como esas “luchas” domesticadas o institucionalizadas, que a la vez que sirven de espacios clientelares y fuentes de ingresos públicos.

En un esquema semejante se encuentra el conflicto de los ejidatarios inconformes de Mazapil y los transportistas de CAVA, liderados por Ascensión Carrillo, en contra de la minera Peñasquito. Las “rebeldías” que dicen defender los recursos naturales (selectivamente, pues no se pronuncian en contra de todas las empresas extractivas instauradas en Zacatecas) pero que en los hechos reducen su demanda a compensaciones económicas y laborales para ejidatarios y transportistas.

Sin embargo, en el conflicto con la minera la praxis política de Narro ha demostrado sus limitaciones y su desfase con lo novedoso del fenómeno social que él mismo empujó. Paradójicamente, Newmont-GoldCorp parecía tener todo en contra, al tiempo que Narro jugaba el tablero a su favor.

Un senador de la Cuarta Transformación con las puertas abiertas en el Palacio de Covián por una vieja amistad con Olga Sánchez Cordero, delegado de Morena en Aguascalientes, y una palestra de alcance nacional cada que quiere dar su punto de vista sobre el bloqueo, ¿qué podría salir mal?

La incapacidad de Narro Céspedes para entender que el conflicto ya no se desarrollaba en los mismos espacios y ya no respondía a los mismos incentivos para su conclusión, y que las herramientas de posicionamiento político (marchas, pronunciamientos y conferencias) que convencionalmente funcionaban entre sus clientelas y la clase política local, lo fueron alejando de cualquier posibilidad de consenso.

Como dato curioso: la marcha que promovió en la Ciudad de México hace unos días, ni siquiera tuvo impacto en los medios de comunicación de la capital del país, en sentido contrario a la manifestación de los mineros de Napoleón Gómez Urrutia en Zacatecas que alcanzó un espacio en El Universal.

Narro apostó por mantener la lucha a corto y mediano plazo, a la vez que se acercaba a nuevos actores políticos que desconocían sus formas tradicionales de operar. Él mismo empujó la pugna con Peñasquito a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, donde la prolongación del conflicto era el escenario menos viable/deseable, pero donde el senador se sentía más cómodo.

Así perdió los canales de comunicación con Zoé Robledo Aburto, quien prefirió construir puentes de diálogo con el Gobierno del Estado de Zacatecas, y así le cerraron las puertas ayer en Gobernación cuando intentó, con un grupo de inconformes, entrar a la reunión “Acuerdo por Mazapil” a la que no fue convocado.

Ahí ya se encontraban dialogando y acordando una próxima mesa de trabajo -otra vez sin el senador- el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta Saucedo, el subsecretario de minería Francisco Quiroga Fernández, y el representante de la Comisión de seguridad José Luis Vilchis Maya; así como la Comisión de Minería y desarrollo regional del Senado de la República que preside Geovanna Bañuelos; Jehú Salas Dávila, secretario General de Gobierno; Carlos Fernando Bárcena Pous Secretario de Economía, Ismael Camberos Hernández Secretario de Seguridad Pública.

El recurso más importante en política y el menos valorado por José Narro, se le agota a pasos agigantados: el tiempo.

Twitter: @GabrielConV

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