El 31 de enero, la Legislatura realizará su primer periodo ordinario de sesiones, dentro de éste se tiene como puntos dos Minutas para reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una sesión solemne para develar en letras doradas la leyenda «Centenario de la Constitución de 1917».

La Comisión Permanente sesionó este lunes y resolvió convocar a los 30 diputados a las 16:30 horas del 31 de enero a sesión. La aprobación fue por unanimidad.

 

Se aprobó un punto de acuerdo presentado por los diputados Osvaldo Ávila Tizcareño y Jorge Torres Mercado, para que se exhorte al Gobierno de la República a que instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a emitir lineamientos normativos adicionales a las reglas de operación y funcionamiento del programa de Diesel Agropecuario 2017, y amplíe el padrón de beneficiarios.

Se propone que se eliminen los impuestos (IEPS e IVA) del diesel agropecuario, que se defina y amplíe el presupuesto específico para el programa diesel agropecuario 2017, que se precise el monto de apoyo a ser obtenido por cada beneficiario, se anuncie el mecanismo de operación para el otorgamiento de dicho incentivo, y que se amplíe el número de beneficiarios previsto actualmente para el Estado de Zacatecas a todos los productores zacatecanos.

Se contempla además la integración de una comisión especial de Diputadas y Diputados encabezados por el presidente de la Comisión Permanente y Presidente de la Comisión de la Comisión Legislativa de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable, para que dé seguimiento a esta determinación de la Comisión Permanente y acompañe a las organizaciones campesinas del Estado, quienes la próxima semana se trasladarán a las oficinas centrales de la SAGARPA a gestionar la ampliación del padrón de beneficiarios.

Durante la discusión en lo general, participaron a favor del Punto de Acuerdo Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Luis Medina Lizalde y Santiago Domínguez Luna.

El diputado Luis Medina Lizalde presentó un punto de acuerdo para solicitar al secretario de Migración del Gobierno del Estado a que comparezca, para que explique las políticas públicas afrontar la emergencia derivada de las inminentes deportaciones de zacatecanos en la Unión Americana, así como la caída en el envío de remesas de los mismos.

Zacatecas es el Estado de la República Mexicana con mayor número proporcional de connacionales que han emigrado a la unión americana en los últimos años, razón por la cual resulta urgente conocer las políticas públicas que serán desplegadas por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Migración para afrontar la emergencia económica derivada de las inminentes deportaciones y el posible aumento al impuesto al envío de remesas por parte de Estados Unidos de América, para que en coordinación los poderes Legislativo y Ejecutivo se diseñen, en el ámbito de su competencia, un plan emergente para afrontar la presente crisis económica y social.

Las diputadas Guadalupe Celia Flores Escobedo y Norma Angélica Castorena Berrelleza, presentaron un punto de acuerdo para exhortar al gobernadro del estado para que a través de la Secretaría de Finanzas y de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en coordinación con esta Soberanía Popular y en cumplimiento a lo plasmado en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, se desarrolle en conjunto una Campaña de Información y Concientización, sobre la importancia de fortalecer la Hacienda Pública Estatal, con la finalidad de contar con los recursos suficientes para realizar acciones tendientes a la salvaguarda y restauración del medio ambiente y la consecuente mitigación al cambio climático.

Contemplan además que a través del Instituto de la Defensoría Pública y la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, se vigile el respeto y garantía de los derechos laborales de los trabajadores y se evite violentarle sus derechos; por lo que se extiende el exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, vigile que no se transgredan los derechos laborales y, en su caso, se impongan las sanciones correspondientes, y que verifique que el pago de las utilidades a los trabajadores mineros se realice en plena observancia a los citados ordenamientos legales.

Lo anterior, luego de que se ha difundo la información de que los impuestos ecológico tienen como objeto un propósito recaudatorio y no de protección al ambiente, lo cual resulta falso, además que se ha llegado al extremo de intimidar a los trabajadores de las minas, argumentando que serán ellos quienes pagarán dichos impuestos, lo cual resulta también falso, tendencioso y sin sustento alguno.

La diputada María Isaura Cruz de Lira presentó la Iniciativa de Decreto que adiciona los artículos 6, 8, y 26 de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, a fin de incidir efectivamente en la prevención, disminución y la atención oportuna de la violencia escolar, en sus diversas formas de manifestación, entre otras el bloqueo social, el hostigamiento o bullyng, la manipulación, la coacción, la exclusión social, la intimidación y finalmente las agresiones; lo anterior contemplando la participación de la familia, del núcleo familiar, de los parientes, ya sean estos los abuelos, los padres, la madre, el padre, los hermanos o quien ostente el vínculo familiar cercano a los niños, jóvenes estudiantes.

Se busca además que las maestras y los maestros, parte del binomio de la educación familia-escuela, se constituyan como agentes para prevenir, atender y erradicar la violencia escolar en los salones de clases puesto que este fenómeno crea un clima de temor y desconfianza que impacta directamente el aprendizaje de los estudiantes.

Considera la promovente que el objetivo es la implementación de acciones tendentes a evitar, inhibir y erradicar los actos u omisiones que permiten actitudes intencionales con efectos dañinos que se ejercen entre miembros de la comunidad educativa, principalmente alumnos, y que se producen dentro de los espacios físicos que le son propios a las instalaciones escolares, bien en otros espacios directamente relacionados con el ámbito escolar, ejemplo alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extra-escolares.