Las prácticas de tortura persisten y se realizan de forma generalizada en el país en espacios de detención, en las estaciones migratorias y en los centros penitenciarios, y son utilizadas como método de investigación para fabricar culpables y castigar a presuntos delincuentes

Así coincidieron en señalarlo especialistas de la sociedad civil y del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en el podcast Te Escuchamos, a través de las redes sociales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La representante de la Organización Mundial contra la Tortura, Olga Guzmán, y la titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del IFDP, Sofía de Robina Castro, señalaron que estas violaciones a los derechos humanos son cometidas por autoridades de distintos niveles.

La tortura es considerada una de las principales violaciones a los derechos humanos pues impacta la integridad física, emocional y psicológica de las personas.

Es, dijo, una doble injusticia en perjuicio de la persona a quien se le infringe y para la sociedad, a la que se le priva el derecho a acceder a la verdad sobre un acontecimiento.

Sofia de Robina Castro indicó que debido al daño que provoca en sus víctimas, este flagelo ocupa la atención del IFDP. Recordó que en 2019 se creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, que enfoca sus esfuerzos en la atención a casos relacionados con procesos penales, en donde se práctica con el fin de fabricar pruebas y culpables, violar la presunción de inocencia y castigar a presuntos delincuentes.

Apuntó que es un delito de “realización oculta” lo que significa que casi siempre se comete en espacios en donde es poco visible para otras personas que podrían denunciarlo.

Olga Guzmán reconoció que se han presentado avances para buscar su erradicación, como la promulgación, en 2017, de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la regla de exclusión de prueba, lo que coloca a México a la vanguardia de la región por su marco normativo en la materia.

Ambas reconocieron que aún hay retos enormes para abatir esta práctica, y coincidieron en que las autoridades deben atender y escuchar las denuncias de las víctimas de tortura y de sus familiares, para generar los mecanismos adecuados y evitar que otras personas padezcan violaciones a sus derechos.

Puede escuchar la entrevista completa, a través del podcast Te Escuchamos, en la siguiente liga: