En el marco de la creación del Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI) que sustituirá al Seguro Popular, la Senadora Claudia Anaya manifestó que lo preocupante del nuevo sistema de salud propuesto por el Gobierno Federal, es la certeza de los recursos con que contará cada entidad federativa para cubrir la salud de las familias, principal preocupación de la población.

En tribuna, advirtió que con la reforma los estados decidirán si establecen o no acuerdos con el INSABI, para que se hagan cargo de los servicios médicos.

En el caso de firmar el acuerdo con INSABI, los estados deberán pagarles los medicamentos y la cobertura en salud, eso significa que “vamos a entregar lo que hay estatalmente en infraestructura y recursos humanos a la administración federal, es decir, el Gobierno Federal cobrará, administrará y decidirá totalmente” y añadió que este esquema, no da certeza laboral a quienes trabajan hoy bajo el esquema del Seguro Popular.

En el caso de que los estados no firmen el acuerdo con el INSABI, la Senadora explicó que los Estados administrarán el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, administrarán el ramo 12, y dependiendo de la regla de administración 2020 «tal vez nos permita contratación de personal y salvar a los quienes laboran bajo el esquema del Seguro Popular».

Dijo que bajo los supuestos de convenir o no convenir, se tiene acceso al antiguo Fondo de Gastos Catastróficos  (hoy Fondo de Bienestar), pero subrayó que el Fondo de Gastos Catastróficos se reduce en 40 mil millones, es decir, el  63% del disponible, quedando 22 mil solamente.

Detalló: “No sabemos cómo van a usar los 40 mil millones que se llevan y con los 22 mil millones restantes (saldo del nuevo fondo del bienestar) se pretende cubrir todo a 70 millones de personas sin seguridad social, lo que pone en duda que los recursos para la cobertura en salud, sea suficiente.