Ante la polémica generada por la imposición del Gobierno del Estado de Zacatecas, encabezado por David Monreal Ávila, de construir un viaducto elevado en la capital zacatecana, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Noemí Luna, llevó a la Cámara de Diputados la inconformidad de la población  que rechaza la obra, y denunció la intentona de cometer un acto de corrupción.

La diputada panista planteó el rechazo de la sociedad zacatecana al “segundo piso” a través de un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión -actualmente en funciones-, y requirió a las autoridades federales y estatales realizar un dictamen de factibilidad del proyecto para determinar su viabilidad y evitar que se convierta en el “robo del siglo”.

El exhorto lo hizo a la federación, mediante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y al estado, a través del Gobernador David Monreal, Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), puesto que, lamentó, el Ejecutivo no escuche e imponga el “negocio familiar” a las necesidades urgentes de la población.

El llamado de es para tener la certeza de que el Gobierno del Estado cuenta con los permisos necesarios.

Esto, ante el inminente inicio de los trabajos con un costo de trew mil 652 millones de pesos que son rechazados por gran parte de los habitantes y por lo que el Alcalde panista del municipio, Miguel Varela, se negó a otorgar las licencias correspondientes y realizó movilizaciones para detener la obra.

En el documento la Diputada señaló que es necesario y urgente que el INAH dé una opinión y un dictamen de factibilidad de la construcción del viaducto elevado, que tendrá la pequeña longitud de 3.4 kilómetros, a razón de un costo mayor a un millón de pesos por cada uno, y que modificará permanentemente la imagen urbana, poniendo en riesgo la declaratoria de Patrimonio Mundial, otorgada por la UNESCO hace tres décadas.