Como parte de las acciones que la administración del Gobernador Miguel Alonso Reyes implementó para asegurar el estricto cumplimiento de la ley durante el proceso electoral de este año, los integrantes del Gabinete se reunieron con la Delegada del Instituto Nacional Electoral (INE), María del Refugio García López, a fin de actualizarse en el marco normativo.

El objetivo es que tanto los funcionarios de primer nivel como sus subordinados conozcan las leyes electorales que deben cumplir, a fin de garantizar una elección en la que los ciudadanos zacatecanos puedan ejercer libremente su derecho al voto.

En particular, se abordaron las leyes para garantizar que la ejecución de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales se apeguen a su objeto y reglas de operación, a fin de cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Instituciones y Procedimientos, así como Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Al respecto, el Secretario General de Gobierno, Jaime Santoyo Castro, destacó la instrucción del Gobernador Miguel Alonso Reyes para que todos sus funcionarios conozcan y se apeguen al marco legal, pues su administración se ha caracterizado por su estricto cumplimiento a las leyes.

Durante su exposición, María del Refugio García López explicó que, si bien los funcionarios estatales también pueden ejercer sus derechos políticos, esto lo deben realizar sin tratar de incidir desde su cargo en el proceso electoral, pues de lo contrario se harán acreedores a las sanciones previstas en la ley.

Destacó la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Durante la reunión se precisó que se deben evitar conductas como condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie; el otorgamiento, la administración o la provisión de servicios o programas públicos y la realización de obras públicas u otras similares.

Además, se aclaró que no se suspende la entrega de apoyos ni prestación de servicios durante el proceso electoral, pero sí deberá suspenderse la propaganda gubernamental, a excepción de campañas de información, servicios educativos, culturales, de salud y las de protección civil en caso de emergencia.