El diputado federal Miguel Ángel Torres advirtió al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que la iniciativa presidencial que promueve para crear la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Ley HCTI), tiene graves deficiencias, que serán solventadas con la inclusión de todas las voces y el análisis de las cinco propuestas presentadas en el Congreso de la Unión.

Lo anterior lo señaló al asistir en representación del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), y por primera vez, a la reunión de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, ante la cual este miércoles compareció la Directora General del CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla Roces, para hablar sobre la iniciativa de la Ley HCTI.

El Representante Popular por Zacatecas explicó que el PRD está a favor de impulsar los avances en el sector científico-tecnológico, para lo cual se debe reformar el marco normativo. Sin embargo, consideró necesario que la nueva legislación sea discutida de manera amplia, profunda y exhaustiva en un parlamento abierto, donde tenga participación el gremio y donde sean escuchadas las opiniones de todos los integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Ante la Directora General recordó que existen cinco propuestas de Ley en CTI (dos en la Cámara de Diputados y tres en el Senado de la República), por lo que lamentó que el CONACYT sólo impulse la del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que además no haya incluido las voces disidentes de unos dos mil investigadores, pues estas podrían enriquecer la iniciativa.

El perredista agregó que la propuesta presidencial, enviada a la Cámara Baja por AMLO en diciembre pasado, tiene serias deficiencias, entre las que refirió las carencias de una viabilidad presupuestaria; de una armonización legislativa y de respaldo a las y los científicos.

Al detallar cada aspecto, agregó que la Ley HCTI está aislada de un marco jurídico nacional, a pesar de que incide en 10 leyes, por lo que pidió precisión en su contenido para “no producir contradicciones, duplicar preceptos o anular leyes por no tener claridad qué precepto aplicar”.

Respecto a la viabilidad presupuestaria, abundó que la nueva ley que sugieren desde el Gobierno de la República no cuenta con recurso específico, anulando el derecho de las y los investigadores a recibir becas y financiamiento, esto pese a que la legislación actual contempla destinar como mínimo el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al sector y tan sólo llega al .4 por ciento.

Torres Rosales también enfatizó la necesidad de que el CONACYT eleve las inversiones privadas en Ciencia, Tecnología e Innovación y encuentre la manera de garantizar a los inversionistas que sus inventos y creaciones “no van a ser estatizados en breve tiempo”.

Al concluir, dijo a la funcionaria federal la disposición de la fracción perredista de impulsar una nueva ley nacional de ciencia, tecnología e innovación, siempre y cuando “se presente una propuesta que respete la libertad académica, el pacto federal, que tenga el compromiso de un presupuesto estable para la investigación y que impulse la modernización de México”.