Por los resultados en el combate al crimen organizado, senadores del PRD anunciaron que presentarán un punto de acuerdo para exhortar a la Conferencia Nacional de Gobernadores a fortalecer el operativo Conago-1 y que el  Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación emitan los lineamientos y protocolos necesarios para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En opinión del senador Tomás Torres, este operativo tuvo como propósito combatir, mediante acciones conjuntas de los gobiernos estatales, la violencia que se ha desatado en el país. “Coloca a las entidades federativas en una nueva perspectiva frente a la grave situación de inseguridad e impunidad que padecemos”.

En la propuesta que será presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente, el legislador por Zacatecas indicó que debe fortalecerse al operativo Conago-1 mediante mecanismos institucionales de cooperación y auxilio entre autoridades locales y federales, que permitan una reacción inmediata y obligatoria en contra de hechos que constituyan o puedan constituir delitos.

Además, impulsar medidas que permitan atacar la corrupción institucional, fortalecer las acciones de inteligencia, desmantelar el poder económico de la delincuencia y respetar los derechos humanos.

“Cualquier estrategia contra la violencia que busque ser exitosa debe superar las graves deficiencias de la estrategia emprendida por el gobierno federal que reduce el problema a un asunto de policías, balas y operativos”, aseguró.

Asimismo, en el punto de acuerdo, que también es suscrito por la senadora Rosalinda López Hernández, se solicita que el Consejo Nacional de Seguridad Pública diseñe una estrategia nacional de seguridad en aeropuertos, autopistas, carreteras y otras vías generales de comunicación, a fin de proteger la vida y el bienestar  de las personas que las utilizan.

También, que la Secretaría de Gobernación expida protocolos de actuación de policías y militares que participen en tareas de seguridad y acciones contra el crimen organizado, para establecer criterios tácticos que permitan un uso racional y legítimo de la fuerza y con ello preservar la vida, la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos.