La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), implementar operativos de verificación y vigilancia para inhibir prácticas abusivas en la venta de estos productos.

Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PT (GPPT),A también pidió a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), fortalecer la vigilancia en laboratorios y distribuidores a fin de evitar el mercado ilegal de medicamentos y pruebas para el Covid-19.

Y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llamar a los empresarios, empleadores y patrones a ser más empáticos con su personal enfermo, y vigilar que se respeten los derechos laborales de las y los trabajadores.                                   

Geovanna Bañuelos destaca que de acuerdo con información publicada en medios de comunicación, el alza de contagios diarios durante el mes de enero, ha tenido como consecuencia el incremento en la demanda de material de salud empleado para la protección del virus.

De acuerdo con información de la plataforma Mercado Libre, durante la primera semana del 2022 se observó un crecimiento de 120% en la demanda de estos productos, respecto a la última semana de diciembre de 2021, mientras que en la segunda semana de enero las ventas de cubrebocas incrementaron 104% respecto a la primera semana del mes.

Esta tendencia de compra se ve también en los locales del centro de la Ciudad de México, pues en este inicio de año se observan de nuevo compras de pánico por parte de los consumidores.

Y destacó que la nueva ola de contagios por coronavirus ha resultado en una oportunidad de negocio para el mercado ilegal de pruebas, medicamentos y certificados falsos y en lugares como Tepito su precio se ha duplicado, pasando de 70 pesos en 2021 a 180 pesos a inicio del año.

También consideró fundamental que las dependencias del gobierno federal encargadas del sector salud, coordinen acciones con las autoridades de seguridad pública con el objetivo de combatir el mercado negro de medicamentos y pruebas para el Covid-19 que se venden de manera ilegal.