PIDEN AL GOBIERNO DE SLP PAGAR DEUDA CON EMPRESA LOCAL

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Desde el 2014 el gobierno de San Luis Potosí adeuda más de 20 millones de pesos a la empresa zacatecana Integradora Agropecuaria Zacatecana S.A. de C.V. y, en apoyo a los productores del estado, la LXIII Legislatura local hizo un llamado a las autoridades de aquella entidad para que liquiden este pago. 

En punto de acuerdo, de urgente y aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria de este martes se explica que el adeudo proviene de la compra de frijol, avena y maíz tanto en 2014 como en 2015. Aunque la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos de San Luis Potosí pagó una parte, el resto todavía no ha sido entregado a los empresarios zacatecanos. 

Los diputados apuntaron que “a la empresa zacatecana no sólo se le ha tratado con mala fe, sino que se han cometido, presuntamente, delitos reiterados como fraude y ejercicio ilícito de funciones públicas por parte de diversos ex funcionarios y funcionarios activos del gobierno de San Luis Potosí”.

Llamaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE), para que a la brevedad ejerza la acción penal contra estos servidores y ex servidores públicos.

En otro punto de acuerdo presentado por la Comisión Jurisdiccional, la Legislatura remitió a la Contraloría municipal del ayuntamiento de Zacatecas la denuncia presentada por la ciudadana Claudia Valdez Díaz contra la síndico Ruth Calderón Babún, para que se inicie y substancie el procedimiento de responsabilidades administrativas que corresponda.

El documento se recibió el 11 de enero un documento en el que se solicita la intervención de la legislatura en este caso para que proceda en contra de la funcionaria municipal, argumentando que la Asamblea es competente para eso.

No obstante, tras el análisis realizado en comisiones se determinó que, desde la aprobación de las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, las legislaturas ya no tienen injerencia en procedimientos de responsabilidades administrativas para garantizar la imparcialidad y objetividad en las resoluciones.

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