Ante la crisis de agua en el país, la senadora Geovanna Bañuelos solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y a sus homólogas en los 32 estados, implementar un plan emergente para solucionar el problema de la contaminación de las cuencas, los ríos, arroyos, lagos, lagunas, presas y zonas costeras.

Mediante un punto de acuerdo presentado al Senado de la República, se ecomienda a la Conagua el diseño y difusión de campañas de concientización sobre la contaminación de las fuentes acuíferas en mención.

Lo anterior, para sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar el agua dulce para garantizar el derecho humano al acceso al agua.

En el documento, que fue inscrito en la Gaceta Parlamentaria, se resalta que de acuerdo con información de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (Renameca), indica que el 59.1% de los ríos, arroyos, lagos, lagunas, presas y zonas costeras de México que se monitorean están contaminados.

Sólo el 40.9% de las fuentes de agua superficial pasan las normas de calidad que garantizan el acceso efectivo al agua potable para la población.

“De los cuatro mil 233 sitios que son considerados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 30% no cumple con la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Toxicidad y/o Enterococos; mientras que 29.1% no cumple con las normas de sanidad relativas a organismos como la Escherichia coli, Coliformes Fecales, Sólidos Suspendidos Totales y/o porcentaje de saturación de oxígeno disuelto”, detalló la senadora Geovanna Bañuelos.

El Centro Regional de Seguridad Hídrica, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), informó que el 60% de los cuerpos de agua presenta algún grado de contaminación, 157 acuíferos están sobreexplotados, además de que el 50% del territorio ha perdido su cobertura vegetal original.

Geovanna Bañuelos enfatiza que es fundamental que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen acciones contundentes, para prevenir y remediar la contaminación del agua dulce superficial y de los acuíferos, para garantizar el derecho humano al agua.

“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que el acceso al agua es un derecho humano. Trabajar por ello es por el bien de la nación, de la población y sobre todo de las personas que se ven afectadas ante la accesibilidad de este recurso natural”, concluyó.

El documento fue turnado a la Comisión de Recursos Hidráulicos Segunda para su análisis y posterior dictaminación.