La diputada Mónica Leticia Flores Mendoza, propuso un punto de acuerdo para que en el estado se implemente la exigencia del Certificado de Vacunación Contra la Covid-19 en lugares públicos, en especial énfasis en aquellos que su giro comercial implique o conlleve aglomeramiento de personas. 

Explicó que los efectos a causa de la pandemia por COVID-19 son clara y notoriamente visibles, y las consecuencias económicas  se hacen presentes, y hay incertidumbre y temor ante una nueva ola de casos y ante las diversas variantes de esta enfermedad.

 Añadió que en los últimos días, «hemos sido testigos de ausentismo en los lugares de vacunación, por parte de las personas en el rango de los más jóvenes, esto es de 30 a 39 y de 18 a 29 años, lo que es una clara muestra de apatía y desinterés por parte de este grupo social, ya que son precisamente las personas situadas en este rango de edad, quienes acuden en mayor medida a lugares como restaurantes, bares y discotecas o antros, que son lugares donde dificilmente se controla la sana distancia, por el aglomeramiento de personas que por su naturaleza conllevan».     

Tomó como parámetro de referencia el gráfico de casos diarios, «es posible advertir un incremento de casos de contagio del pasado 12 de julio a la fecha».

Consideró que es una tendencia alarmante y desfavorable que  invita a la reflexión, pero sobre todo a la acción puntual.

Agregó que existen 832 casos activos en nuestro Estado, y «estamos obligados a proponer rutas de solución, una de ellas, bajo la apreciación de la suscrita, está en generar mecanismos de coordinación entre la esfera pública, representada por el Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales así como de la iniciativa privada, representada por cámaras, organismos e instituciones empresariales, entre otros».

Pero debe hacerse con base en el respeto a los derechos humanos

Basada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular, lo que dispone su artículo 32, consideró que con reconocimiento que nuestros derechos no son absolutos, y que pueden limitarse bajo causas legítimas y justificadas, el Gobierno del Estado debe acudir a la experiencia internacional e implementar en todo el territorio estatal, estos en los 58 municipios la exigencia del Certificado de Vacunación contra la Covid-19 en los lugares públicos, y así retomar modelos como los autorizados en Italia, Irlanda y recientemente en Francia, a través de su Parlamento, que exigen en un certificado sanitario obligatorio para acceder a lugares públicos.