Por diferentes irregularidades en su cuenta pública, la Auditoría Superior del Estado (ASE), fincÓ responsabilidades resarcitorias a la anterior administración municipal de Guadalupe, hasta por 6.8 millones de pesos del ejercicio 2014.

De acuerdo al Decreto 581 de junio del 2016, se instruye a la ASE para que inicie la promoción de fincamiento de responsabilidades administrativas,

Son seis millones 826 mil 142.87 pesos, todo relativo a la falta de evidencia documental fehaciente que compruebe y justifique la situación que guardan 127 personas que carecen de registro de asistencia  y “su relación laboral con el municipio no es clara, por lo que las erogaciones realizadas se consideran improcedentes.

No se demostró fehacientemente que desempeñaron un servicio personal subordinado a la administración municipal durante el ejercicio 2014.

Se agrega que es con presunta responsabilidad a los ciudadanos Roberto Luévano Ruíz, presidente municipal, como responsable subsidiario; Natali Daniela del Muro Quiñones, síndico municipal, como responsable subsidiaria  y Ana María Ávila Campos, tesorera municipal, en calidad de responsable directa.

De acuerdo al Decreto 581 seis hay omisiones en la comprobación de egresos; falta de comprobación de 127 personas que no justifican su asistencia y su relación laboral con el municipio.

Hay además gastos cargadas al presupuesto, no autorizadas; por malos manejos delas cuentas bancarias, no justificados; por conceptos pagados no ejecutados de obra pública; por materiales pagados no aplicados; además, autorización de precios unitarios con un valor superior al del mercado de la construcción.