*Investiguen AMLO-Gate; PAN a Marcelo

*¡No a Representación Proporcional!; Acción Nacional

*¡Ya! Releven a “Voceros, sin voz”

 

Argonmexico / Desde la Alta Tribuna del país… La senadora panista Gabriela Cuevas puso el dedo en la llaga. Este jueves presentó un punto de acuerdo para exigir al GDF investigue si los contratos entregados a las empresas SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios, presuntamente ligadas a Andrés Manuel López Obrador, cumplieron con la normatividad correspondiente.

De no ser así, propuso pedir al GDF aplique las sanciones civiles, administrativas y penales a que haya lugar. En el marco de la segunda sesión plenaria del Senado, expuso que medios impresos han difundido recientemente, información relacionada con la contratación hecha por el Gobierno capitalino con firmas vinculadas al movimiento político del excandidato presidencial.

Repuso que según una investigación periodísitca, dichas empresas fueron constituidas por personas que, “además de haber colaborado con López Obrador durante su gestión en la jefatura de Gobierno, forman parte de las asociaciones Austeridad Republicana y Honestidad Valiente”.

La senadora previno que en los últimos cinco años esas compañías recibieron, por parte de la administración capitalina, contratos cuyos importes superan los 110 millones de pesos; por lo que existe una “posible triangulación” vía contratos asignados por adjudicación directa e invitación restringida.

Ello demuestra que “la política en esta materia, en el Distrito Federal, no está orientada a lograr mejores condiciones de contratación ni obtener eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

La joven legisladora urgió a que el gobierno de la ciudad indique si se cumplieron los criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez en dichos contratos, y “no quedarse en el argumento de que se cumplieron todos los formalismos normativos”. El punto de acuerdo se remitió a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal, inexistentes a la fecha.

El contraataque lo protagonizó el perredista Alejandro Encinas al presentar una iniciativa para que sea pública toda la información en posesión de partidos, fideicomisos, fondos y personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos, o realicen actos de autoridad, al igual que cualquier institución de gobierno.

Se trata –antepuso el senador–, de reformar la Constitución, a fin de superar la heterogeneidad de las leyes en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Una, y otro, tienen razón. Las cuentas claras, y el chocolate espeso…

 

Van contra los chiquipartidos… El panista Homero Ricardo Niño de Rivera Vela hizo lo propio en San Lázaro al presentar contra la chiquillada partidista una iniciativa de reformas a la constitución política, para eliminar la figura de la representación proporcional y el fuero constitucional del que gozan los servidores públicos.

Dicha iniciativa, presentada en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, plantea modificar los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 111 y 112, a partir de considerar que el fuero “implica un estatuto de privilegio que ha sido objeto de abusos”.

Cierto, su eliminación redundaría en un nuevo sistema de incentivos para que la representación, jurisdicción y función de gobierno se conduzcan con limpieza, honradez y austeridad republicana, y que sean los primeros en estar obligados por la Ley.

Tipificar como delito apoyar a candidatos con dinero ilícito. El perredista Julio César Moreno Rivera

Propuso tipificar la conducta de quien solicite, proporcione, reciba, obtenga o utilice fondos provenientes de actividades ilícitas o del extranjero en apoyo de un precandidato, candidato, partido político o coalición, y sancionarlo con multa de mil a seis mil días y prisión de cinco a 15 años.

Con la adición del artículo 412 Bis al Código Penal Federal, se establece, además, que cuando se trate de un funcionario partidista, servidor público, precandidato o candidato, se aumentarán las penas en una mitad. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

¡Tiembla, tiembla!… En el Palacio Legislativo de San Lázaro se realizó este jueves un simulacro con hipótesis de sismo, como medida preventiva de seguridad, y a fin de que los diputados integrantes de la LXII Legislatura y personal en general conozcan las rutas de evacuación ante una emergencia.

El priísta Jesús Murillo Karam, quien preside la Mesa Directiva de la Cámara baja, dio a conocer después que se trataba de una medida para prevenir la actuación de quienes pueden estar sujetos o sometidos a un problema que puede darse de emergencia, como un terremoto.

Entrevistado luego del simulacro, el hidalguense antepuso que el objetivo consiste en que los integrantes de la LXII Legislatura conozcan las salidas alternas, en caso de que se registrara alguna emergencia; para añadir que se busca evitar cualquier desgracia y, sobre todo, saber qué hacer en un momento determinado.

Sin embargo, durante la plenaria, comunicó a sus homólogos: “como medida preventiva y de procedimiento, el día de hoy, en cualquier momento –para que funcione– se llevará a cabo un simulacro, para que podamos saber cuáles son las medidas más adecuadas que debemos tomar en el caso de una emergencia o contingencia”. Aunque advertido, !Vaya susto!…

 

¡Que llegue la barredora!… En las dos Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, como en todo espacio legislativo local, hay desesperación entre los comunicadores de ambas fuentes por conocer a quienes serán los nuevos encargados de “coordinar” las labores parlamentarias en su relación con los medios.

¡Ya, urgen los cambios de estafeta en las coordinaciones!, claman airados e inquietos los representantes de los medios de comunicación. Y es que se ha establecido un “Impasse” que deja sin información a los periodistas, pero aísla también a los estrenadores de curules y escaños. Si saben cómo es el león, pa´qué le pisan la cola…