Jaime Arizmendi

 

 

*En CFE, Otra Danza de los Millones

*Seis Preguntas del Senado al Gobierno por Firma de ACTA

 

Argonmexico / Tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata… Ante la extraña desaparición de 638 mil millones de pesos actualizados, producto del ahorro que realizaron 96 mil trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad durante 40 años de vida laboral (de 1950 a 1990), nadie dice esta boca es mía.

Por ello, la Cámara de Diputados exigió este martes a los secretarios de Trabajo y Energía, como al director general de la CFE, expliquen el destino que se dio a dicha multimillonaria cantidad.

Se pidió a Rosalinda Vélez Juárez, Jordy Hernán Herrera Flores y Jaime González Aguadé, respectivos titulares de tales dependencias federales, coadyuven al cumplimiento del pago y devolución del Fondo Mutualista del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

Esto, a partir de que ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ocho mil 600 accionantes ejercitaron su derecho de petición.

Al fundamentar la proposición aprobada en votación económica, Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano, previno que en la cláusula XXVI del convenio celebrado con el contrato colectivo del bienio 1990-1992, CFE y SUTERM pactaron el 25 de abril de 1990 sustituir el fondo mutualista por un seguro colectivo obrero.

En tanto, las cantidades aportadas por los cefeístas durante 40 años se actualizaron a través del histórico de las tasas de interés, emitidas por el Banco de México, tal y como lo dispusieron los tribunales colegiados en materia de trabajo del primer circuito.

La falta de transparencia e información por parte del Gobierno Federal ha generado que los trabajadores de la CFE tengan que acudir a todas las instancias posibles para poder saber qué pasó con sus ahorros.

De su lado, el priísta Marco Antonio Barba Mariscal consideró impensable un Estado de derecho, si no se acata lo resuelto en las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, como “la presunta falta de pago de un adeudo que tendría la CFE con ese grupo de trabajadores.

Por el PAN, Rafael Alejandro Micalco Méndez dijo que el exhorto debe dirigirse al SUTERM, para que rinda cuentas a sus agremiados, siempre y cuando respete su autonomía sindical. “Debemos legislar para solucionar la problemática que aqueja a los trabajadores. Tomemos como referencia esta situación para aprobar los cambios realizados en la Cámara de Senadores a la reforma laboral”.

Mientras que el perredista Mario Alejandro Cuevas Mena se pronunció porque las autoridades cumplan el laudo a favor de los trabajadores, demandantes legítimos del pago que les corresponde. Pero: “nadie sabe dónde quedó el dinero”.

“La transparencia y rendición de cuentas, son temas pendientes por resolver y un gran reto para esta legislatura”, acotó para ceder el micrófono a María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, representante popular por el PVEM al considerar inconcebible que las autoridades involucradas en este fraude no le den solución.

Igualmente, Francisco Alfonso Durazo Montaño, del grupo parlamentario del MC, opinó que al firmar un convenio en el que se eliminó el Fondo Mutualista del SUTERM y se sustituyó por un seguro colectivo obrero, la CFE incurrió abiertamente en responsabilidad.

El petista Ricardo Cantú Garza alertó que ese es un tema preocupante, toda vez que los recursos tienen origen en la aportación individual y voluntaria de cada trabajador. “No son propiedad del sindicato, mucho menos de la empresa”. Además, se debe impedir la creación de un fondo que “pague lo robado”. El asunto es viejo y, no tienes porqué enfermarte, con la calentura de otros…

 

¡Aguas! Restringe libre expresión… La incorporación de México a la Sociedad de la Información y del Conocimiento, podría verse afectada con la firma del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA, Anti Counterfeiting Trade Agreement), alerta la senadora priísta Ana Lilia Herrera Anzaldo.

Al presentar un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), antepuso que a la fecha, el Ejecutivo Federal ha omitido informar al Congreso de la Unión respecto a las negociaciones que llevó a cabo para suscribirlo. Ello, a pesar de que en junio de 2011 el gobierno fue exhortado a no firmar el ACTA.

La mexiquense recordó desde la Tribuna del Senado que entre las facultades de esa Cámara está el aprobar los Tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. Pero en este caso no se cumplió la normatividad.

Además, en el proceso de negociación emprendido por México, se violó la Ley sobre Aprobación de Tratados en Materia Económica. Por ello, la Jucopo planteó remitir al Ejecutivo Federal seis preguntas parlamentarias sobre el ACTA para que Gobernación, Relaciones Exteriores y Economía, den respuesta a las inquietudes de los senadores:

1. ¿Cuál es la postura oficial del Ejecutivo Federal con relación al Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA)?

2. ¿Cuáles son las razones por las cuales el Ejecutivo Federal decidió suscribir el ACTA?

3. ¿En qué términos fue suscrito el ACTA a través del Embajador de México en Japón?

4. ¿Qué reservas tiene planeado introducir el Ejecutivo Federal al ACTA, previo a su envío a la Cámara de Senadores, con el fin de asegurar el pleno respeto de las garantías individuales, específicamente la libertad de expresión y la salvaguarda de la privacidad de los ciudadanos y la organizaciones de nuestro país?

5. ¿Por qué la Cámara de Senadores no ha sido informada oficialmente de la firma del ACTA por parte del Ejecutivo Federal?

6. ¿Cuándo será remitida oficialmente el ACTA a la Cámara de Senadores para su análisis y, en su caso, ratificación?

ACTA, es un tratado multilateral que busca establecer un marco legal efectivo para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, y el combate al crecimiento del comercio de bienes piratas y falsificados.

Herrera Anzaldo repuso que el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación fue suscrito el pasado 11 de julio por el Embajador de México en Japón, lo cual es delicado porque de implementarse en México, el ACTA podría resultar en una limitación a la universalización del acceso al Internet de la sociedad mexicana.

Hay que cerrar las brechas digitales, y herramientas como ésta las ampliarían, y ante la posibilidad de que México se inserte en la Sociedad de la Información y del Conocimiento, esto censuraría los contenidos en Internet, y restringiría la libertad de funcionamiento y neutralidad que debe tener.

Peor aún, pondría en riesgo el desarrollo legítimo del comercio electrónico, la legítima difusión cultural y, sobre todo, la libertad de expresión que ha encontrado en la red su mejor espacio. Bien lo dijo Óscar Chávez: ¡No hay milpa sin huitlacoche, ni fiesta sin un maldito!…