Por Jaime Arizmendi

 

*Que Pague Quien Contamina; Diputados

*Reducir Pluris y Reforma Energética, a Consulta el 2015

 

Argonmexico / No lo carguen al erario… Los diputados que investigan el ecocidio en los ríos Sonora y Bacanuchi, acusan que Grupo México “definitivamente mintió” en su reporte sobre las causas de la contaminación; que el daño es muy considerable y que se debe suspender a la minera; además, endurecerán la legislación para que “el que contamine que pague”; en tanto, el gobierno federal creó un fideicomiso con dos mil millones de pesos para atender los daños.

La comisión especial que da seguimiento a la contaminación en el Río Sonora (que a partir del 6 de agosto afectó a siete poblaciones de ese estado en sus actividades agrícolas y ganaderas, como en el consumo de agua), entregó el viernes último a la Junta de Coordinación Política su informe, el cual se votará en la plenaria del próximo miércoles.

Y mientras autoridades de Semarnat, Conagua y Profepa se ocuparon en realizar lentos estudios para determinar el grado de responsabilidad de la empresa minera y los daños ocasionados, el 26 de agosto se instaló en San Lázaro una “Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora.

Los diputados que visitaron la zona para elaborar su informe, proponen legislar para que cuando se presente otro caso de esta naturaleza, se detallen los pasos a seguir, y que las sanciones sean incrementadas, porque hasta ahora la ley da una serie de multas “irrisorias y se tienen que endurecer”.

También propondrán se establezca un fondo de desarrollo regional y que éste sea manejado por un comité integrado por autoridades locales y pobladores, para que reimpulse la economía de la zona y se enfrenten los efectos a largo plazo que el derrame tóxico pueda tener en la salud de los habitantes.

El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, dijo que la comisión actúa con responsabilidad y mano firme, ya que “no se puede permitir que una empresa engañe y ponga en riesgo la economía y la salud de los habitantes. Nadie puede estar encima de la ley, trataron de engañar a la opinión pública y descubrimos ese engaño y aquí y en cualquier lugar del mundo, al que miente se le dice mentiroso”.

Ante el anuncio del gobierno federal de crear un fideicomiso de dos mil millones de pesos que Grupo México, responsable del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico a los ríos Sonora y Bacanuchi, tendrá que financiar para reparar y pagar el daño a la población afectada, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo le dio la bienvenida.

“El anuncio no es malo de que hay un fideicomiso de dos mil millones de pesos de entrada para reparar los daños, porque fueron daños, hasta donde se sabe de mayores proporciones. Es un buen comienzo, no sé si será suficiente”. Sí, pero se tiene que obligar a Grupo México a que cubra el gasto y que no vaya a salir del erario. Porque ya sabemos cómo se las gastan…

En tanto, para el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, el priísta Kamel Athie Flores, el caso de la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, provocada por la Mina Cananea, evidencia las “irrisorias multas” que se aplican a quien comete este tipo de delitos contra el medio ambiente.

Para agregar que “aún y cuando no haya las multas establecidas, la compañía minera debe comprometerse a resarcir, además, los daños provocados a todas las familias y los trabajadores que están sufriendo las consecuencias de este desastre ecológico”; por lo que se debe impulsar el incremento de multas y penas para quien contamine los recursos hídricos.

Así, reveló que en la nueva Ley General de Aguas que elabora la Cámara de Diputados, buscarán “dar más dientes” a la Profepa, Conagua y Semarnat para que puedan llevar a cabo acciones más eficaces para la protección del medio ambiente; porque además, la contaminación de las aguas nacionales significa también una reducción en las fuentes de abastecimiento del vital líquido para uso humano. Urge una cultura de no tirar basura, para no tapar canales y coladeras…

 

Se acabó el tiempo para consultas… De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, este lunes vence el plazo para solicitar ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, que se implemente este mecanismo de participación ciudadana, en el próximo proceso electoral del primer domingo de junio de 2015.

En su artículo 13, la Ley dispone que la petición de consulta popular pueda presentarse ante las cámaras del Congreso, según corresponda, a partir del 1 de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo en que se realice la jornada electoral.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI y el Movimiento Regeneración Nacional iniciaron ante la Cámara de Senadores, por separado, los trámites para llevar a cabo una consulta sobre la reducción del número de legisladores plurinominales en el Congreso de la Unión y la reforma constitucional en materia energética.

Como marca la norma, César Camacho Quiroz, presidente nacional del tricolor entregó el pasado 20 de agosto al Senado el Aviso de Intención; y este lunes entrega las firmas de los ciudadanos que respaldan su petición para consultar a los electores si están de acuerdo en que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales.

De su lado, Morena presentó el 10 de abril este requisito, y el 10 de septiembre Andrés Manuel López Obrador acudió al Senado a entregar las firmas que respaldan su propuesta, para que se realice una consulta popular en torno a la reforma energética.

Según el artículo 12 de la Ley, la consulta popular puede ser solicitada por el Presidente de la República; el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso o; los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

El Instituto Nacional Electoral tendrá 30 días naturales, a partir de que reciba el expediente que le remita la Mesa Directiva del Senado, para verificar que los nombres de quienes hayan avalado la consulta popular aparezcan en las listas nominales de electores. Así las cosas, es claro que ambas consultas irán con las boletas electorales del próximo año.