Por Jaime Arizmendi

 

*Urge un Acuerdo Nacional Contra la Impunidad

*Supervisión de Gasolineras Ataja Abusos Contra Trabajadores

 

Argonmexico / Ni un estudiante levantado más… Luego de la reunión de la semana pasada entre familiares de normalistas de Ayotzinapa y el Ejecutivo Federal, y sus consecuentes comentarios de decepción y desencanto, el mismo presidente Enrique Peña Nieto salió este lunes al paso y anuncia que convocará a las fuerzas políticas, económicas y sociales del país a celebrar un acuerdo nacional para la seguridad.

Mientras PRI, PAN y PRD hicieron lo propio el fin de semana, de su lado, las siete fracciones parlamentarias revisan en la plenaria de la Cámara de Diputados un Informe Preliminar sobre el asesinato de seis estudiantes y la desaparición de otros 43, abominable suceso registrado el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, que ha trascendido las fronteras.

Al término de una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve Baños quien protagoniza intensa precampaña de promoción de su imagen en la dolida entidad en busca de la nominación de su partido para competir por la gubernatura, previene que el dictamen de la Comisión Especial de Investigación de Ayotzinapa, será abordado con el posicionamiento de los grupos legislativos.

El acuerdo nacional para la seguridad a que convocan además del Ejecutivo Federal los partidos: PRI, PAN y PRD, debe buscar rediseñar la política contra el crimen organizado, opina el coordinador de la bancada perredista, Miguel Alonso Raya. Se requiere una política pública que sea avalada y respaldada por todo mundo.

En próximos días Peña Nieto convocará a la representación del Estado mexicano, a los partidos políticos y organizaciones civiles para concretar un acuerdo en materia de seguridad, que permita evitar ocurran otros casos como el de la desaparición de los normalistas.

A través de distintos comunicados difundidos el pasado fin de semana, PRI, PAN y PRD emitieron un exhorto a que se realice un esfuerzo conjunto que fortalezca la seguridad y lleve a prevalecer el Estado de derecho en el país.

Para Alonso Raya la política contra inseguridad y delincuencia organizada implementada hasta ahora no ha dado resultados. Por ello, se pronunció a favor de un acuerdo nacional que permita rediseñarla, con ayuda de especialistas en el tema. Debe atacar las causas que originan el problema de descomposición política y social, de inseguridad, y no sólo combatir al crimen.

Además de autoridades de los tres niveles de gobierno y las fuerzas políticas, a dicho acuerdo deben sumarse representantes del sector privado, laboral y social, para lograr una política plenamente consensada contra la inseguridad, que brinde garantías a la ciudadanía. Cierto, con el caso Ayotzinapa, en México habrá un antes y un después…

 

Una docena de miles, no es nada… Con mil 146 visitas de inspección a gasolineras efectuadas en 29 meses (del 1 de abril de 2011 al 31 de agosto de 2014), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) detectó ocho mil 450 violaciones a la legislación laboral, en apoyo de 11 mil 828 empleados; por lo que ha dictado 21 mil 946 medidas técnicas de seguridad e higiene en estaciones de servicio del país.

Esto, a pesar de que la revisión de las condiciones generales de trabajo en las gasolineras debe ser atendida por la autoridad local, “por lo que esta dependencia únicamente ha tenido actuaciones en tales establecimientos para vigilar el cumplimiento de las condiciones de capacitación y adiestramiento, y de seguridad e higiene”.

Los señalamientos de la STPS fueron en respuesta a un punto de acuerdo aprobado en San Lázaro el 23 de septiembre, con el cual los diputados pidieron a la dependencia federal atienda y vigile la relación laboral en las gasolineras. Con el objeto de que al ser contratados, los trabajadores deben gozar de los derechos establecidos en la legislación vigente aplicable.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, la STPS detalla que en las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y Federal del Trabajo, así como en la Constitución Política se prevén las ramas de la industria que le corresponde vigilar para verificar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, y no están consideradas las gasolineras.

Anota que será competencia exclusiva de las autoridades federales la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a capacitación y adiestramiento de los trabajadores y seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local.

Para ese objetivo, la STPS cuenta con un protocolo de inspección en materia de seguridad e higiene y capacitación y adiestramiento para estaciones de servicio; que le permite revisar el cumplimiento de la normativa laboral, basada en la aplicación de las normas oficiales mexicanas (NOM) vinculadas a la seguridad y organización del centro laboral, conforme a la naturaleza de su actividad, escala y factores de riesgo asociados.

De 2011 a la fecha se ha realizado el operativo especial Estaciones de Servicio, que se desahoga de manera extraordinaria, “sin que medie citatorio previo, conforme a las atribuciones de la Secretaría”; se centra exclusivamente en asesorar y promover la inscripción de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Todavía faltan miles de revisiones a otras empresas…