Por Jaime Arizmendi

 

*González Pérez, Ombudsman Habeus…

*Decisión de Magistrados, “Mediocre y Vaga”; PAN

 

Argonmexico / Todo apunta a que en CNDH no habrá reelección… En votación secreta, los 38 senadores del PAN decidieron ayer la terna que apoyarán para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2015-2019. Son: Mauricio Farah Gebara, Sara Irene Herrerías Guerra y Luis Raúl González Pérez. Éste último, el favorito.

Por ello, se descartó totalmente que pueda reelegirse el actual ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, quien también se había postulado. Pesaron más sus ausencias en momentos difíciles, que su intención de obtener el respaldo de la mayoría senatorial.

Así lo anunció Jorge Luis Preciado, coordinador de la bancada senatorial panista; cuando el también azul, presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth, adelantó que se tomará la decisión final en comisiones y, de inmediato, ya en el Pleno, el jueves se tendrá un nuevo responsable de la CNDH.

Votaremos  -anunció-, la terna el próximo jueves en sesión del pleno del Senado, de tal suerte que pueda tomar, quien resulte electo, protesta inmediatamente después de la votación y no haya un solo día con vacante en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Rechazó que esta decisión de la terna signifique restar méritos a Plascencia Villanueva, pero los tres ya nombrados son los que lograron consenso al interior de la bancada, y se llevarán a consideración y negociación con los otros grupos parlamentarios para sacar adelante un nombre por mayoría que se eleve al pleno el próximo jueves.

Y sin que lo revelaran de forma abierta, los del PRI harían mancuerna con los blanquiazules. Así, el abogado general de la UNAM con licencia, González Pérez, ya casi está convertido en el próximo presidente nacional de la CNDH. Es cuestión de días, de sesiones parlamentarias…

 

Las piedras rodando se encuentran… Diputados de PAN, PRD, MC y PT, descargaron su coraje contra los magistrados de la Corte, al afirmar que sus resoluciones, las de la SCJN sobre las solicitudes de consultas populares, negaron derechos constitucionales a los ciudadanos; mientras que PRI, PVEM y NA no objetaron, aunque sí se pronunciaron por respetar los fallos.

Los legisladores fijaron la posición de sus bancadas este martes en el Pleno, respecto a las posiciones de la SCJN, relativas a las solicitudes de consulta popular en materia de salarios mínimos y sobre energía.

Fue la diputada priísta Martha Gutiérrez Manrique quien sostuvo que los legisladores, como artífices de las legislaciones, deben ser los primeros en respetar las resoluciones de la Suprema. “No se vale” descalificar el trabajo de los ministros de la Corte, ya que actuaron conforme a los instrumentos legales que otorgó el Congreso de la Unión en la reforma que dio origen a la consulta popular.

Apuntó que su fracción está abierta a la posibilidad de perfeccionar, “con seriedad”, este instrumento de democracia participativa para que sea viable; y que los ciudadanos puedan ejercer un derecho construccional.

El panista Fernando Rodríguez Doval aseguró que la Corte se extralimitó en su análisis de la consulta popular sobre aumento al salario mínimo y su resolución fue “mediocre y vaga” en perjuicio de los derechos políticos de los ciudadanos que, a su vez, son derechos humanos.

Al aducir que los ministros sólo tenían que resolver si la solicitud se ajustaba al artículo 35 constitucional, se erogó facultades para afirmar que la petición podría tener efectos negativos en la inflación. Previno que su bancada presentará iniciativas para reformar ese artículo constitucional y la Ley Federal de la Consulta Popular; para que sea un instrumento viable para los ciudadanos.

Además, propondrán ante el Congreso de la Unión la desvinculación del salario mínimo, como unidad de medida para poder incrementarlo.

La perredista Amalia García Medina adujo que el derecho de los ciudadanos a participar en consultas populares, es un mecanismo de democracia directa que “ya está en la Constitución”, el cual debería prevalecer en cualquiera de los poderes públicos; pero “lamentamos decir que ha sido conculcado”.

Con el rechazo de la Suprema Corte de la solicitud de consulta popular en materia energética, se niega a millones y millones que firmaron la solicitud de consulta; se le niega a todo México, el derecho a ser consultado y a decidir sobre su presente y futuro. Por eso discrepamos de la SCJN. “No estamos de acuerdo en que se violente un derecho que ya está en la Constitución”.

El ecologista Antonio Cuéllar Steffan pidió no politizar la resolución de la Corte respecto a las solicitudes de consulta popular presentadas por PRI, PAN, PRD y Morena. En el PVEM –repuso–, hay consciencia de cuál fue la labor que realizó la SCJN, por las preguntas planteadas. Su labor fue apegada a lo que establecen los cauces previstos en la Constitución. Si no hay política, qué hay…

El diputado de MC, Ricardo Mejía Berdeja adujo que en la decisión de la SCJN en torno a las consultas populares, hubo simulación, una visión conservadora y de consigna. Al negar la posibilidad de que el pueblo de México se manifestara a través de vías institucionales, evidenciaron un contexto de exclusión, de negocios al amparo del poder.

En el país existe una crisis nacional a nivel económico, político, social y en el ámbito humanitario que trae consigo afectaciones a los derechos humanos y a la moral pública. La petista Loretta Ortiz Ahlf arguyó que los derechos fundamentales no están sujetos a regateos políticos, la Corte debió garantizar una interpretación conforme y pro omine del derecho a la consulta ciudadana.

Estaba (la SCJN), obligada a promover y ampliar los derechos humanos de la participación política y la decisión mayoritaria de los ministros, con excepción del voto particular del ministro Cosío, es violatoria de derechos humanos.

Al respecto, la neoaliancista María Sanjuana Cerda Franco opina que “la resolución de la Corte brinda la oportunidad de asumir el compromiso de proteger la consulta popular de todo intento de partidización. El mensaje es claro, en el sentido de evitar que la consulta popular se convierta en un mecanismo de propaganda política. Lo que todos queremos, ¡Nadie por encima de la ley!…